El exalcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, rechazó las imputaciones por presuntas irregularidades en la construcción y ejecución de la avenida Los Colibríes durante la audiencia realizada el lunes 24 de junio.

Junto a Maya, el exsecretario de Infraestructura Milton Hurtado y el contratista Alberto Rojas Prieto también rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, que incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, entre otros.

Las capturas de Maya, Hurtado y Rojas, efectuadas el 21 de junio, marcan un punto crítico en la investigación de la Fiscalía sobre la primera fase del proyecto de la avenida Los Colibríes, que enfrenta sobrecostos superiores a los 20.000 millones de pesos. Maya fue detenido en una universidad de Bogotá, mientras que Hurtado y Rojas fueron capturados en Pereira.

Durante la audiencia, el fiscal presentó pruebas de los presuntos sobrecostos, incumplimientos y falta de documentación adecuada. Destacó un anticipo de 12.745 millones de pesos, equivalente al 40% del valor total del contrato, que no está debidamente registrado en los documentos del proyecto. Además, se señalaron múltiples retrasos en la obra, originalmente programada para completarse en noviembre de 2023, pero aún inconclusa y con una nueva fecha tentativa para marzo de 2024.

Maya, al ser interrogado por la jueza de control de garantías, manifestó no entender claramente los cargos ni la rebaja de penas planteada por el fiscal. "No me ha quedado claro por parte de la Fiscalía los delitos que se me imputan y los medios probatorios o planteamientos que se hacen", declaró el exalcalde, agregando que "el señor fiscal parece confundido para plantear una rebaja de penas en cada uno de los delitos que nos imputan". La defensa de Maya apoyó sus declaraciones, mientras la jueza advirtió que cualquier error en la formulación de los cargos será analizado en la audiencia de medida de aseguramiento.

El proyecto de la avenida Los Colibríes, que busca mejorar la conectividad vial entre Pereira y el corregimiento de Cerritos, ha sido objeto de controversia debido a los significativos sobrecostos y retrasos. Inicialmente presupuestado en 40.000 millones de pesos, el costo total se elevó a más de 52.000 millones, incluyendo una adición de 12.000 millones.

Las investigaciones se intensificaron tras denuncias del representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, quien solicitó la intervención de la Contraloría General de la República. En respuesta, el contralor Carlos Hernán Rodríguez decretó una "intervención funcional excepcional" para asegurar el correcto uso de los fondos públicos.

El actual alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, ha reafirmado su compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos destinados al proyecto, anticipando una pronta finalización de la primera fase de la obra y la continuación de los trabajos en una segunda fase.

La audiencia de medida de aseguramiento se llevará a cabo el martes 25 de junio, donde se decidirá el futuro judicial de los implicados en este complejo caso de corrupción.