Al mejor estilo del denominado ‘Cartel de la Hemofilia’, la Contraloría General evidenció irregularidades en pagos relacionados con las enfermedades de hemofilia y de Von Willebrand, pero que se originaron en los departamentos de Caquetá y Bolívar, dando origen a Procesos de Responsabilidad Fiscal por más de $27 mil millones.

Es así como la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Caquetá, auditó los contratos suscritos por la Gobernación, con las empresas Suiphar de Colombia S.A., y con Distrimedical’s S.A.S., para el suministro del medicamento Factor VIII de alta pureza enriquecido con Factor de Von Willebrand.

Los contratos se suscribieron por la suma total de $7 mil 433 millones, pero con destino a la atención de 5 usuarios diagnosticados de hemofilia severa, dejando en evidencia que la Secretaría de Salud de Departamental no verificó ni corroboró la veracidad de las historias clínicas aportadas por cada uno de los usuarios, permitiendo el pago con base en documentos que no fueron emitidos por las IPS, tal y como lo pudieron certificar el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, la Unidad Oncológica Sur Colombiana, el Hospital María Inmaculada, así como los supuestos médicos tratantes.

Además, el equipo de la CGR en Caquetá, pudo establecer que los contratistas de la Gobernación hicieron entrega de medicamentos que no cumplían las especificaciones técnicas de aquellos contratados. Es decir, se hizo entrega de otros medicamentos distintos a los pagados.

La Secretaría de Salud Departamental recibió un producto que no cumplía con las características técnicas descritas en los contratos, y que de conformidad con las especificaciones relacionadas en el registro sanitario del producto, se trataba de medicamentos incluidos dentro del POS, por lo que se terminó pagando y suministrando directamente por la Gobernación, medicamentos que se encontraban en el POS, y por lo tanto se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado. 

Todo lo anterior ocasionó detrimento al patrimonio en cuantía de más de $7 mil 433 millones, que afectó los recursos destinados a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.

La Gerencia de la Contraloría en el Caquetá llamó a responder por los recursos perdidos, además del entonces Gobernador, Víctor Isidro Ramírez Loaiza, y quien en consecuencia era el operador del gasto en calidad de representante legal del ente territorial, al Secretario de Salud de la época, Luis Eduardo Campo Castillo, así como a las empresas contratistas y sus representantes legales.

A pesar del volumen y la cuantía de la contratación, las IPS sólo pudieron certificar la supuesta atención de un sólo paciente, por parte del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, al que le habrían formulado durante el año 2014, 270 ampollas del medicamento, por un valor total de $371.250.000.

En Bolívar

En el  caso de la Gobernación de Bolívar, la Contraloría, desde su Unidad Anticorrupción, abrió igualmente un proceso de responsabilidad fiscal al evidenciarse que la Secretaría de Salud Departamental realizó una serie de pagos en cuantía superior a los $20 mil millones, por la supuesta atención integral de pacientes hemofílicos, que deberían haber sido asumidos por las EPS donde los mismos se encontraran afiliados, teniendo en cuenta que los servicios médicos para el tratamiento integral de dicha enfermedad, se encontraban cobijados dentro del POS.

Sin embargo, obviando la reglamentación vigente sobre la materia, la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, realizó pagos a la Fundación Ciénaga de la Virgen,  por la atención integral de pacientes hemofílicos, así como también a la IPS Asistencia Integral de Servicios en Salud IPS S.A.S. –-Asistegral,  por la atención integral de pacientes hemofílicos.

De todos los pagos efectuados, a la Gobernación de Bolívar sólo le correspondía asumir lo relativo al pago de las Unidades por Capitación – UPC, como producto de la afiliación de los pacientes al sistema de seguridad social, dentro del régimen subsidiado.

La Contraloría llamó a responder en calidad de Presuntos Responsables al ex Gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini, quien en su calidad de representante legal del ente territorial es quien fungía como ordenador del gasto, así como a las mencionadas IPS beneficiarias de los pagos y sus representantes legales.

La entonces Secretaria de Salud Departamental Ana María del Carmen Álvarez Castillo también se encuentra vinculada al Proceso de Responsabilidad Fiscal, junto con Bertha María Pérez Jiménez, quien ocupó la misma posición en calidad de encargada. También ha sido llamada a responder la Directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud, Nacha Newball Jiménez.

El auditor médico del departamento para la época, Luis Eduardo Ortiz Herrera, ha sido igualmente vinculado al proceso.