A juicio fue llamado el exrepresentante a la Cámara por el departamento de San Andrés, Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien fue involucrado en el escándalo de sobornos para torcer procesos que se habría presentado en la Corte Suprema entre 2013 y 2015.
Ayer quedó en firme la acusación en contra del exparlamentario por el delito de cohecho.
El político es uno de los ocho exparlamentarios que fueron salpicados por las declaraciones que dio el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, quien ya fue condenado por estos hechos.
En enero de 2018 la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar al exparlamentario, quien hace parte del clan Gallardo, muy influyente en la política sanadresana en los últimos años.
Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cuatro años de prisión por conspiración para lavar dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario, aceptó que sirvió de emisario de algunos magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema, que según él conformaron el ‘Cartel de la Toga’, para contactar políticos investigados y ofrecerles torcer a su favor los procesos a cambio de millonarias sumas de dinero.
De esta forma el exfiscal anticorrupción, en el marco de un acuerdo de principio de oportunidad que firmó con la Fiscalía, declaró contra 26 personas que habrían participado en este ilícito, ya sea como integrantes del ‘Cartel de la Toga’ o beneficiándose con fallos amañados.
Luis Gustavo Moreno dijo en el caso del exparlamentario Julio Gallardo que habría pagado $300 millones a cambio de la promesa que le hizo este Cartel de que la Corte Suprema le precluiría una investigación en su contra. No obstante esto no sucedió, por lo que el político le exigió a Moreno que le regresara su dinero.
Acerca de este episodio la Fiscalía dijo en abril del año pasado que “el señor Gallardo les exigió la devolución del dinero y ante la negativa de Leonidas Bustos, usted (en referencia a Luis Gustavo Moreno), por su cuenta, lo restituyó para no afectar la campaña a la Personería de Bogotá que usted adelantaba en ese momento”.
Según dijo Moreno el exmagistrado Bustos se quedó con $200 millones de la suma de dinero que entregó Julio Gallardo. Bustos fue investigado por estos hechos por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y ya existe un escrito de acusación que presentó el parlamentario Carlos Edward Rodríguez.
En 2017 la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a dos entonces senadores y tres entonces representantes a la Cámara, por presuntas irregularidades relacionadas con el supuesto pago de millonarias sumas de dinero para beneficiarse de actuaciones judiciales en la Corte Suprema de Justicia.
La decisión cobijó a los entonces senadores Óscar Mauricio Lizcano Arango y Martín Emilio Morales Diz, y a los entonces representantes a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma, Julio Eugenio Gallardo Archbold, y Argenis Velásquez Ramírez.
El órgano de control adelanta este proceso con el objeto de determinar la ocurrencia de los hechos, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria e individualizar plenamente a los servidores públicos presuntamente comprometidos.
La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios decretó la práctica de pruebas y determinó escuchar a los congresistas en versión libre y espontánea sobre los hechos materia de indagación, si así lo solicitan.
Otros parlamentarios
Las revelaciones de Luis Gustavo Moreno inicialmente salpicaron al hoy senador suspendido Musa Besaile, quien aceptó ante la Corte Suprema que pagó a Moreno y su organización $2 mil millones para frenar una supuesta orden de captura en su contra.
La excongresista Argenis Velásquez también fue imputada en el marco del escándalo del Cartel de la Toga. A Velásquez se le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer (pago de sobornos) por presuntamente pagarle $200 millones al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para retrasar investigaciones en su contra que se adelantaban en el despacho de Gustavo Malo. Velásquez era investigada por presunta malversación de recursos cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo y dio esta millonaria suma a Moreno, para que este, a su vez, lo entregara a Camilo Andrés Ruiz, magistrado auxiliar de Malo.