El Tribunal Superior de Bogotá rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que buscaba aplazar la audiencia preparatoria en su contra por presunta manipulación de testigos. La decisión se emitió el 2 de octubre de 2024, cuando el abogado del exmandatario argumentó que necesitaba más tiempo para revisar nueva evidencia.

En su solicitud de aplazamiento, el abogado Jaime Granados argumentó que la defensa requería siete días adicionales para examinar información relevante obtenida de dispositivos electrónicos pertenecientes a Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar considerado un testigo clave en el caso.

El Tribunal, en su comunicado, declaró que “la decisión de la ‘a quo’ de proseguir con la sesión de la audiencia preparatoria del 2 de octubre de 2024 no era susceptible de recurso de apelación, ya que se trataba de una orden; por consiguiente, actuó correctamente al negar el recurso de apelación, puesto que era de cumplimiento inmediato”.

Granados insistió en que el acceso tardío a este material comprometía el derecho a una defensa efectiva, lo que, según él, constituía una violación de los derechos fundamentales de su cliente. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la representación de víctimas se opusieron a la solicitud de prórroga, argumentando que el proceso no debía ser retrasado.

Finalmente, el Tribunal concluyó que “el recurso de queja interpuesto por la defensa del señor Álvaro Uribe Vélez fue correctamente negado” y que no procedía ningún recurso adicional ante la decisión tomada. No obstante, la tutela presentada por Granados, en la que se argumenta la violación del derecho al debido proceso y a la defensa, continúa en estudio en el Tribunal Superior de Bogotá.

Este desenlace destaca las tensiones existentes dentro del sistema judicial colombiano y el desafío que enfrenta Uribe en su lucha legal, en un contexto donde cada decisión judicial podría tener un impacto significativo en su legado político y en la percepción pública del exmandatario.