CONTINÚAN LOS ires y venires entre las Altas Cortes y el presidente de la República Gustavo Petro, y es que cada vez que se emite un fallo judicial relacionado con el presidente, su partido político o su corriente de pensamiento, de inmediato lanza una serie de trinos en los cuales hace blanco de sus críticas a los máximos tribunales del país.

EL NUEVO SIGLO consultó con varios exmagistrados de las Altas Cortes a fin de entender el origen de la tensión que se siente entre la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia.

Al respecto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla explicó que “la Constitución Nacional es muy clara en ese aspecto y cada uno de los poderes públicos en los que las Altas Cortes y el Ejecutivo tienen por separado unas funciones y competencias, deben marchar a lograr los fines del Estado en una forma coordinada y el llamado a hacer esa coordinación es el jefe del Alto Gobierno cómo presidente del República, eso es lo que se conoce como efecto de pesos y contrapesos. Pero cada cual es autónomo e independiente en sus competencias”.

Del mismo modo, dijo que “el presidente Petro, muy a su estilo y que todos lo conocemos, ha sido bastante contestatario cuando se han producido sentencias que le son adversas al gobierno o al partido e incluso a los grupos políticos que lo llevaron al poder. Aquí ha habido sentencias de la Corte Constitucional que declararon fracasada la emergencia económica en La Guajira y Gustavo Petro salió bastante aireado en ese momento y después ha habido acciones electorales en las que el Consejo de Estado, como lo reciente con el alcalde de Duitama, que fue destituido por doble militancia y que Gustavo Petro salió a protestar”.

Entre tanto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Gómez Aranguren señaló que “lo que está ocurriendo ha sido muy desafortunado y los señores magistrados de las Altas Cortes están hablando más de la cuenta al responder las provocaciones hechas por el presidente de la República a través de las redes sociales. Recordemos que los magistrados no pueden hablar más que por sus providencias. Porque eso de salir a hacer declaraciones públicas vestidos de monaguillos es lamentable. Es decir, que la principal característica de los jueces es hablar a través de las sentencias porque en el Palacio de Justicia no es digno ni correcto que los jueces participen de esos escándalos con el presidente de la República indistintamente de quién se trate. No estamos hablando de un choque de trenes institucional, pero sí hay una fuerte politización al interior de las Cortes, y lo que pasó con la Procuraduría con el caso del Partido Cambio Radical con el excongresista Germán Barón por la Corte Suprema, y otro por el Consejo de Estado como Luis Felipe Henao, demuestra que ellos están politizados lo cual es lamentable”.

El exfiscal general y exmagistrado de la Corte Constitucional, también explicó que “se ha venido hablando en los últimos meses de una categoría política y jurídica en el país que es el ‘golpe blando’, y eso no es otra cosa que utilizar formalmente la justicia para debilitar o tumbar un gobierno elegido popularmente. Ya hemos visto cómo esa figura se utilizó para desestabilizar gobiernos en otros países como Ecuador, Brasil, entre otros. En Colombia no podemos perder de vista que hay fuerzas oscuras que pretenden trastornar al Ejecutivo con decisiones judiciales”.

Declaraciones de un lado y otro que generaría un choque de trenes

Hace varios meses se volvió una costumbre por parte del presidente Gustavo Petro, cuestionar continuamente los fallos emitidos por alguna de las cortes. Ante eso, el expresidente de la Corte Constitucional y exmagistrado Nilson Pinilla dijo que “desafortunadamente el presidente quiere que su voluntad reine, le molesta mucho que haya desacuerdo con sus ideas políticas y le molesta aún más a que con ese desacuerdo conlleve a que no se pueda salir con la suya. Entonces, esa es la razón de su mortificación con las Altas Cortes desde que se prohibió a través fallos judiciales la reelección y que, desde antes de la salida de esas providencias, Gustavo Petro ya aspiraba al poder en Colombia y a poder quedarse ahí. Además eso le ahonda aún más la herida de su deseo por ser emperador, frente a la actual situación esto es un choque de trenes a nivel institucional y la respuesta que le dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente Gustavo Petro cuando solicitó unas medidas preliminares por el tal golpe blando, esa respuesta del tribunal internacional es contundente cuando afirma que no hay ningún riesgo y que se adelanta una investigación sobre la actuación de toda la administración de justicia actúa sobre la financiación de su campaña, lo cual es válido y hay que dejar que proceda. Llama la atención la fuerte respuesta del presidente tras ese pronunciamiento y lo que suceda en ese proceso, pero no por el fallo que se pueda generar sobre el particular, sino por los contradictores que le han venido apareciendo y que no le permiten consumar su voluntad”.

Finalmente, el exmagistrado de la Corte Suprema, Jorge Iván Palacio, le dijo a este Diario que pese a que hace varios meses se encuentra fuera del país y que es ajeno a la realidad que se realiza entre las Altas Cortes y el presidente de la República Gustavo Petro, explicó que “he seguido muy poco la situación de lo que está ocurriendo en el país pese a que me encuentro por fuera de Colombia durante las últimas semanas. Sin embargo, y aunque no estoy muy enterado de esos asuntos ni de las decisiones del Consejo de Estado ni de la actitud que tomó un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema con relación a posesionarse ante la misma corporación y no en presencia del presidente de la República”. Sin embargo, hay que precisar con exactitud que las Cortes han dicho al respecto lo que han expresado bajo la competencia de sus funciones, por lo cual, tanto el presidente de la República está en la obligación constitucional de obedecer los pronunciamientos de los máximos tribunales. Así como también, le asiste a las Altas Cortes el deber que les da la Carta Magna de no responder a los pronunciamientos del presidente ni a explicar el fondo las determinaciones de lo contencioso administrativo”.