UNA NUEVA alerta sobre la situación fiscal del país hizo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), al señalar que si el Gobierno no hace un recorte de $40 billones al Presupuesto General de este año, no podrá cumplir con la meta del déficit de -5,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El comité sostuvo que se requieren de medidas adicionales que representan cerca de 2,4% del PIB.

Teniendo en cuenta que las cuentas de recaudo de la DIAN, no se cumplieron, y pese a que el Gobierno hizo esfuerzos en recortar el gasto público a través de decretos de aplazamiento y recortes, que contribuyeron a un ajuste fiscal de $20,6 billones en el Presupuesto, la CARF sostiene que esa tarea se debe multiplicar para cumplir con la meta del gasto fiscal.

Según las cuentas del Comité, para este año el recaudo tributario se ubicará en $15 billones por debajo de la meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y $72 billones menos a los ingresos tributarios que se estimaron en el PGN.

Niveles de caja

En cuanto a la ejecución presupuestal a corte de noviembre, el CARF dice que hay un rezago frente a 2023, la relación entre obligaciones y apropiaciones en el acumulado del año llegó a 71,1%, 8,3% menor a 2023.

La organización señala que los niveles de caja en pesos tienen riesgos de liquidez. Con fecha de corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en $6,4 billones, es decir, cerca del mínimo histórico entre 2012 y 2023 para ese mes.

Para el CARF, la débil posición en este rubro se convierte en un “espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales”, lo cual incrementa los riesgos de caja para 2025 por dificultades de liquidez.

Por otra parte, la entidad dijo que para 2025, se requieren ajustes por $52 billones, es decir, 2,9 puntos porcentuales del PIB con la finalidad de cumplir con la regla fiscal del Presupuesto en 2025. La entidad detalló que la diferencia entre el recaudo previsto y los ingresos tributarios, los cuales se utilizaron para la programación del Presupuesto de 2025, ocasionará que haya una baja en los ingresos proyectados.

Indicó que los ingresos fiscales de 2025 se reducirán en $17 billones y que los ingresos por gestión de la DIAN serán menores en $22,6 billones frente a las proyecciones del Presupuesto en 2025.

Gasto fiscal

Con la información a la fecha, el CARF estima que cumplir con el gasto fiscal consistente con el cumplimiento de la Regla Fiscal ($289 billones) requiere medidas adicionales.

Señala la entidad que el decreto de aplazamiento de junio se hizo por $20 billones, de los cuales tienen impacto fiscal $12,2 billones, con los que se llegaría a $283,6 billones.

Sostiene el organismo, que “eso implica que en diciembre el gasto primario deberá situarse en $5,4 billones para cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, históricamente, el gasto fiscal primario en diciembre ha sido 32% superior al observado, en promedio, entre enero y noviembre, y el gasto primario promedio mensual en 2024 ha sido cercano a $26 billones”.

Otro dato preocupante de la CARF, es el que advierte que los niveles actuales de caja en pesos suponen riesgos de liquidez. “Con corte al 6 de diciembre, la caja se ubicó en $6,4 billones, cerca del mínimo histórico (entre 2012 y 2023) para ese mes. La débil posición de caja es un espejo de la inconsistencia entre la programación de gasto y la capacidad de generación de ingresos estructurales. Esta situación genera preocupaciones sobre la posición de caja para 2025 y, posiblemente, señala dificultades estructurales de liquidez”.

Indicadores

Consideran los investigadores del CARF, que “los indicadores fiscales finales de este año impactarán la situación de 2025. La brecha entre el recaudo previsto y la meta de ingresos tributarios de 2024, que fue utilizada para programar el PGN 2025, se traduce en una menor base de ingresos con respecto de lo que había sido proyectado”.

En su informe, la CARF estima que la menor base de recaudo de 2024 reducirá los ingresos de 2025 en $17 billones. A eso se le suma que estima que los ingresos por gestión de la DIAN serán inferiores en $22,6 billones a los incluidos en el PGN 20256, mientras que la no aprobación de la Ley de Financiamiento reduce la expectativa de recaudo en $12 billones frente al presupuesto que será decretado.

Manifiesta la CARF, que “se espera que el gobierno realice el ajuste fiscal correspondiente a inicios de 2025. Una vez el Gobierno actualice el Plan Financiero de 2025, momento en el que se prevé que también se publique el cierre fiscal de 2024, el CARF se pronunciará nuevamente sobre la situación fiscal y su implicación para la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Responsabilidad

El marco normativo de la responsabilidad fiscal en Colombia se ha fortalecido en las últimas dos décadas con la inclusión del criterio de sostenibilidad fiscal en la Constitución, para que la dirección de la economía y la hacienda pública se haga en un marco de sostenibilidad fiscal. Este criterio aplica al Plan Nacional de Desarrollo y al Presupuesto General de la Nación, que deben orientar a las Ramas y Órganos del Poder Público.

Con la Ley 1473 de 2011, se introdujo una Regla Fiscal de balance estructural para el Gobierno Nacional Central. Esta regla se fortaleció con la Ley 2155 de 2021, que, además de modificar las metas cuantitativas y vincularlas a la deuda neta, creó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) como un organismo técnico, permanente e independiente para realizar seguimiento a la Regla Fiscal, buscando garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Baja liquidez

Los saldos de depósitos del Tesoro Nacional en el Banco de la República llegaron a mínimos históricos. En diciembre de 2024, de acuerdo con un informe del equipo de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, estos depósitos se situaron en $6,4 billones, lo que genera preocupación en torno a la gestión de la liquidez del Gobierno.

Estos depósitos forman parte de la estrategia para manejar excedentes de liquidez del Gobierno nacional, responsabilidad de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (Dgcptn). Este organismo decide efectuar dichos depósitos cuando detecta un exceso de liquidez frente a los gastos públicos.

El informe destacó que el saldo de estos depósitos es el más bajo de los últimos años, aunque el análisis no especifica la ventana de tiempo utilizada para definir este “mínimo histórico”. Aunque no precisa qué ventana de tiempo se utilizó para determinar dicho mínimo, la comparación entre 2023 y el 2024 señala que los saldos han sido generalmente inferiores este último año.

Saldos a la baja

El análisis presentado por el Banco de Bogotá también indica que, a lo largo de casi todas las semanas de 2024, los saldos de los depósitos son menores en comparación con el año anterior. La tendencia negativa resalta la necesidad de ajustes en las estrategias de gestión de liquidez del Gobierno. Es preciso recordar que un manejo eficiente de estos depósitos es crucial para garantizar la estabilidad fiscal y económica del país.

La reducción del saldo en estos depósitos no debe ser interpretada enseguida como una indicación de crisis, sino más bien como una llamada de atención sobre la necesidad de monitorear la liquidez gubernamental de manera más cercana, según el Banco de Bogotá.

El informe también resalta la importancia de este mecanismo como parte integral de la política fiscal del Gobierno, que busca minimizar el costo económico de mantener el efectivo ocioso. Sin embargo, este decremento suele implicar una menor capacidad para enfrentar gastos imprevistos o situaciones de emergencia.