ES POCO el margen de maniobra que tiene el Gobierno, luego de caerse la ley de financiamiento.

Ahora vía decreto, el Ejecutivo deberá fijar el presupuesto general para 2025, pero con seguridad el monto de $523 billones será un espejismo ante las cuentas reales que se deberán ajustar.

Y el recorte será al menos de $39,1 billones en el presupuesto. Por lo menos esas eran las cuentas que hacía el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), cuando advertía las inconveniencias de la tributaria II impulsada por el Gobierno y que se hundió en el Legislativo.

Señala la CARF, que “con la información disponible a hoy, estima un riesgo de menor recaudo, frente al escenario de ley de financiamiento, de por lo menos $33,3 billones, compuesto por $22,6 billones por menor gestión de la DIAN; $4,2 billones por menor base de recaudo del 2024 y $12 billones si no se aprueba la ley de financiamiento”.

Uno de los puntos críticos que destacó el director de Fedesarrollo es la ejecución del presupuesto, que a octubre de este año solo había alcanzado un 44%, un nivel alarmantemente bajo comparado con los promedios de años anteriores. En ese sentido, dijo que esta desaceleración en la ejecución puede llevar a una “subejecución sistémica, dificultando aún más la situación fiscal del país”.

Consejo

Mientras tanto, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas se preguntó a qué sectores se les va a recortar. Y en un mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, le recomendó: “debe actuar con serenidad porque no puede recortar los grandes proyectos de infraestructura del país”, dando como ejemplo el Metro de Bogotá, pues, además de que retrasaría el avance del país, le costaría mucho a los colombianos.

Cárdenas mencionó que, “aún con la mala ejecución de este año, el déficit fiscal será muy alto”, algo que le resulta paradójico porque el Gobierno “no ha gastado, pero eso está alto porque el recaudo cayó muchísimo y la economía crece muy poco”. “Es paradójico que, por un lado, no hay ejecución, y de otro lado, el déficit fiscal es muy alto”, dijo.

Es por esto que afirmó que el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, tiene un gran reto en dos puntos vitales: frenar el gasto y evitar que los ministerios “hagan una maroma” para cumplir las metas de este año.

“El gasto en Colombia es más alto, entonces tiene de dónde recortar, pero esas conversaciones son muy difíciles”, indicó.

El exministro de Hacienda destacó el trabajo hecho por los congresistas, pues afirmó que la ley de financiamiento no era buena porque no resolvía de fondo el problema fiscal del país.

“El Congreso fue inteligente y no se dejó poner contra las cuerdas, fueron inteligentes. Era una ley de financiamiento mala porque agrandaba el hueco y cambiaba las reglas en materia fiscal, era una salida fácil y en el fondo no resolvía nada”.

Cárdenas no se mostró optimista, pues explicó que en materia de crecimiento el país no va bien, “es bajo con otros países latinoamericanos y globales”.

“Colombia tiene una situación fiscal muy mala, es de las peores en América Latina, estamos con un déficit excesivamente alto”, expresó.

Inconveniencia

Por su parte César Pabón, director ejecutivo senior de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que “lo cierto es que esta reforma tributaria o ley de financiamiento, como lo presentó el Gobierno, era inconveniente en la medida en que, en un momento estancamiento, en donde se requiere la reactivación, más impuestos no era algo conveniente y además innecesario”.

Además, expresó: “yo sí creo que esto puede ser una invitación al Ministerio de Hacienda para reducir el presupuesto que está proyectado para el próximo año”.

Para José Linares, cofundador de Dapper, la principal implicación del rechazo de la ley de financiamiento radica en la necesidad del gobierno de realizar un recorte de al menos $12 billones, un 0,7% del PIB para el Presupuesto General de la Nación del 2025.

Esto implica que, aunque el gobierno apruebe por decreto el Presupuesto General de la Nación para 2025 por $523 billones, el 29,4% del PIB, en enero deberá por decreto reducir el monto del presupuesto, señaló el analista.

Como se ha indicado el monto objetivo del Gobierno central está desfinanciado por al menos $45 billones.

De no realizarse un recorte al presupuesto del 2025, se pone en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal. El déficit acumulado de enero a agosto del gobierno nacional central fue de 4,3% del PIB, y con datos a octubre el recaudo tributario acumulado cayó a una tasa nominal de 7,14%.

Panorama 2025

Por el lado del gasto, las obligaciones del Presupuesto General de la Nación alcanzaron $358,2 billones (21,3% del PIB) y crecieron 6,6% comparado con noviembre del 2023. Ambos resultados (bajo recaudo y obligaciones crecientes) implican que para cerrar el 2024 las posibilidades de cumplir con la regla fiscal son bajas. Por otra parte, el 2025 arranca con un panorama fiscal difícil. Por un lado, se encuentra la posibilidad de que el crecimiento repunte por debajo de lo esperado. Esto implicaría un menor nivel de recaudo tributario asociado a las actividades económicas durante el 2025, y el menor crecimiento durante el 2024 reduciría los ingresos por concepto del impuesto de renta del año gravable 2024 pagadero en el 2025.

El incumplimiento de la regla fiscal junto con las mayores presiones fiscales llevaría a que el costo del servicio de la deuda crezca comparado con lo esperado.