En una sesión extraordinaria de la mesa de negociación, los delegados del Gobierno Nacional y el grupo Comuneros del Sur alcanzaron un acuerdo sobre el protocolo para la destrucción del material de guerra en poder de esta organización armada.
El protocolo establece que la eliminación de explosivos y otros artefactos se llevará a cabo bajo estrictas condiciones de seguridad, con el fin de mitigar riesgos para las comunidades y el medio ambiente. “Con la aprobación de este instrumento, se materializa el Acuerdo Número 4 de la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial y se da inicio al proceso progresivo de desarme de Comuneros del Sur. Este es un paso clave que contribuye a la construcción de paz y la consolidación de condiciones favorables para la transformación territorial”, señaló la Oficina del Consejero Comisionado de Paz en un comunicado oficial.
La sesión contó con la presencia de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), el Reino de los Países Bajos, la Conferencia Episcopal de Colombia y el Ministerio de Defensa. También participaron observadores militares, de la Policía y equipos técnicos de ambas delegaciones.
El acuerdo se produce poco más de un mes después de que Carlos Erazo, jefe de la delegación del Gobierno, y Royer Edgardo Garzón, alias ‘Jairo’, firmaran el compromiso para la entrega del material bélico. Además, este protocolo está vinculado con el cese del fuego bilateral en Nariño, el cual tendrá una duración de 180 días una vez se expida el decreto presidencial.
El Frente Comuneros del Sur y su proceso de paz
Originalmente, el Frente Comuneros del Sur formaba parte del ELN desde 1992 y ha mantenido presencia en el departamento de Nariño. Sin embargo, el pasado 7 de mayo anunció su ruptura definitiva con esta guerrilla, argumentando diferencias en la conducción del grupo y su interés en participar en los diálogos de paz regionales.
El proceso de negociación con el Gobierno inició formalmente el 19 de julio de 2024 en Pasto y, un mes después, ambas partes firmaron la hoja de ruta del proceso, que contempla el desescalamiento de la violencia, la transformación regional y la transición del grupo armado. Este proceso es considerado uno de los más pequeños dentro de la política de ‘paz total’ del Ejecutivo, pero representa una apuesta clave para la reincorporación de sus integrantes a la vida civil.
Además de la destrucción del arsenal, el Gobierno y Comuneros del Sur han avanzado en temas como el desminado humanitario y la búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, el proceso no ha estado exento de controversias, ya que habitantes de la región han denunciado presuntos vínculos entre miembros del grupo y las Autodefensas Unidas de Nariño, un bloque paramilitar conformado por exintegrantes de disidencias del ELN. Ante estas denuncias, ambas delegaciones han acordado discutir el tema y pronunciarse de manera unilateral al respecto.