LA GOBERNACIÓN de Antioquia en cabeza de Andrés Julián Rendón, respaldado por un grueso de representantes y senadores procedentes de este departamento, siguen haciendo frente al Gobierno nacional tras la promulgación del decreto 000377 de 2024 expedido por el Ministerio de Agricultura en la que define a 23 municipios del suroeste antioqueño como parte de las Áreas de Protección para Producción Agrícola integradas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo a lo estimado por el gobernador y los principales opositores de la medida, la norma sería una “violatoria de los principios y normas constitucionales, legales y convencionales”, aseverando además de representar “una usurpación del Gobierno nacional a las autoridades locales, en su lucha ideológica por oponerse al desarrollo de la minería (...). Con el espejismo de regular el subsuelo, que es competencia de la nación, se están metiendo en cosas que no son de su resorte”.
Y es que, de acuerdo al decreto, autoridades económicas diferentes a la producción de alimentos tendrían ciertas limitaciones, entre ellas la minería, el principal motor de la región donde incluso en varios municipios aún no ha sido regulada en su totalidad por el Gobierno nacional. De hecho, el representante Andrés Cadavid aseveró que en el decreto del Ministerio de Agricultura “no hacen un tratamiento parcial del Suroeste o de municipios del Suroeste y tomando a algunos del Occidente. No, es una delimitación precisa del Suroeste antioqueño, de los 23 municipios, y podemos intuir que el primer objetivo de ellos se llama la minería”.
A raíz del polémico decreto, Rendón demandó ante el Consejo de Estado la medida, proceso que quedó radicado el pasado 3 de febrero. Asimismo, en medio de la socialización de la norma en el municipio de Támesis, el gobernador expresó a los pobladores que “desde Bogotá quieren imponer sus concepciones ideológicas” además de puntualizar en una falta de conocimiento de la región delimitada, pues aseguró que el “70% del suroeste antioqueño no es apto para la producción de alimentos, mientras que el 80% definido en las Zapas solamente sería apto para la protección forestal”.
Rendón también dijo en medio de su discurso, presenciado por las ministras de Agricultura, Martha Carvajalino, y Ambiente, Susana Muhamad, que “la delimitación no fue consultada como lo obliga el artículo 32 de la ley del PND y se pasa “por la galleta” la Constitución del 91 y la autonomía territorial”.
Cadavid respaldó a Rendón, cuestionando el por qué no hubo una socialización previa a la expedición de la resolución por parte del Gobierno y de hecho puntualizó en la no existencia de un decreto previo que sea el que ampare la resolución emitida, pues en efecto “es claro y contundente que están invadiendo la competencia de los alcaldes, de los concejos, de la Gobernación y de las Corporaciones Autónomas Regionales”. Finalmente, Cadavid agregó que si se busca la producción alimenticia “¿por qué no han hablado de la Mojana o por qué no han hablado de la Altillanura?”.
Orden a la minería
En medio de su discurso en Támesis, las ministras Muhamad y Carvajalino respaldaron la medida, argumentando que precisamente es necesario para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno Petro, puntualizado especialmente en la seguridad alimentaria, uno de los principales objetivos de este PND.
“Es una orden que se le da al sector Minas y Energía y Ambiente, de ordenar el desorden minero que se generó por años de entregar títulos con grandes conflcitos económicos”, afirmó Muhamad, quien fue secundada por Carvajalino que dijo “el Estado no le quita el trabajo a nadie. Vamos a respetar las actividades y derechos adquiridos”.
La ministra de Agricultura agregó que la resolución busca una vida digna y sostenible para los habitantes del suroeste antioqueño. Finalmente, destacó que es clave la implementación de las APPA en este departamento para el avance de la reforma agraria en el país, la cual ha sido definida como una política de Estado, y que si bien, puede haber ciertos conflictos, seguirán las socializaciones para explicar, en detalle, los principales puntos de la política y con ello poder hacer la transición propuesta por el Gobierno.