Usuarios del servicio de energía en la región Caribe lanzaron una contundente alerta ante la posible crisis energética que podría afectar a más de 11 millones de personas. A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, voceros de diversas organizaciones de usuarios advierten sobre el riesgo de inviabilidad financiera de la empresa Afinia, encargada de distribuir y comercializar la electricidad en la zona, debido al incumplimiento del Gobierno Nacional con los pagos de la opción tarifaria y los subsidios para los estratos 1, 2 y 3.
En el documento, las organizaciones subrayan que el Gobierno adeuda más de 1.6 billones de pesos a Afinia, lo que pone en peligro la continuidad del servicio. "Al no cumplir con los compromisos adquiridos con las empresas prestadoras, el ambiente de crisis se intensifica", señalan, destacando la necesidad urgente de cubrir estas deudas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de Afinia con sus proveedores y contratistas, especialmente los encargados de generar la energía.
Impacto en la región
Los usuarios de la región Caribe enfrentan tarifas eléctricas entre las más altas del país, un contraste marcado con el bajo poder adquisitivo de muchas familias. La falta de pago de los subsidios a los estratos más vulnerables contribuye a agravar aún más la situación económica en la región. "No es justo que una población de más de once millones de colombianos, cuya factura crece por encima de su capacidad de pago, se vea afectada por la falta de cumplimiento de compromisos del Gobierno", afirman los voceros en la carta.
Afinia, que ha invertido más de 2.5 billones de pesos en mejorar la infraestructura eléctrica, depende de estos pagos para seguir operando y evitar interrupciones en el suministro. Sin embargo, los retrasos en los pagos generan tensiones con proveedores y generadores de energía, lo que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico en la región.
Críticas al Gobierno y solicitud de soluciones
Las organizaciones de usuarios han expresado su descontento con las recientes declaraciones del Ministro de Minas, quien ha atribuido los retrasos en los pagos a la caída de la ley de financiamiento en el Congreso. Para los usuarios, esta justificación es insuficiente, ya que el Gobierno se comprometió en mayo a asumir la deuda, y la falta de previsión en este sentido es inaceptable. En la carta, se dice que "desde cuando en el mes de mayo pasado, el gobierno nacional se comprometió con asumir esta deuda sabía cuál era su dificultad de trámite en el Congreso, razón por la cual no podía subordinar su cumplimiento a condiciones estrictamente de carácter político."
Por esta razón, solicitan al presidente Petro que, a través de mecanismos legales adecuados, se garantice el pago de la opción tarifaria, tal como fue su compromiso hace ocho meses. Además, piden la realización de una audiencia pública para exponer las dificultades que enfrenta la región y buscar soluciones conjuntas con el Gobierno y las empresas públicas.
El gerente general de EPM, casa matriz de Afinia, también ha solicitado una audiencia con el presidente Petro para tratar estos temas de manera directa, sin embargo, aún no se ha recibido respuesta oficial.