EL jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ve cómo desde hombres de confianza de su entorno gubernamental hasta su círculo familiar están bajo la lupa judicial, en distintos casos de presunta corrupción bajo la modalidad de soborno por contratos, tráfico de influencias, malversación de fondos y fraude fiscal, entre otros.

Su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos... Desde hace algunos meses, varios miembros del entorno de Sánchez están siendo investigados en diferentes causas que complican el presente y el inmediato futuro del gobernante español.

Como era de esperarse todos niegan las acusaciones contra ellos, pero las evidencias que han aparecido poco a poco, así como testimonios demoledores como el del empresario y contratista Víctor de Aldama, uno de los presuntos nexos del entramado corrupto del caso ‘Koldo’ han dado solidez a los procesos que se adelantan contra los denunciados.

Estos son los casos judiciales que, de seguro, “quitan el sueño” al socialista Sánchez quién, como se sabe, ha salido a defender vehementemente a su esposa asegurando que es una campaña plagada de “falsedades” y el proceso se basa en “informaciones espurias”. Así mismo calificó a Manos Limpias (la que presentó las denuncias) como una organización ultraderechista y dijo que el objetivo es hacerlo “desfallecer en lo político y en lo personal”, pero que no “lo lograran”.

Estos son los casos judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez:

Caso Begoña Gómez

La justicia investiga si Begoña Gómez, de 49 años, se aprovechó de ser la esposa de Sánchez para conseguir dirigir en la Universidad Complutense de Madrid un máster y obtener financiación privada para el mismo. Se examina también si, a cambio de esta financiación para su curso, ayudó a un empresario a conseguir acceso privilegiado a ofertas públicas.

Asimismo, la justicia examina si, en el marco de esas actividades universitarias, cometió un delito al registrar a su nombre un programa informático creado por otros, así como la denominación del curso, Transformación Social Competitiva.

Las denuncias fueron presentadas por dos asociaciones próximas de la extrema derecha, Manos Limpias y Hazte Oír.

Ayer, Gómez compareció de nuevo ante el juez por estos casos, y se defendió por primera vez de las acusaciones al responder a las preguntas de su abogado, pero no a las del magistrado.

Se desvinculó de los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, aunque reconoce que firmó cartas de recomendación, al tiempo que negó que el Instituto de Empresa (IE) le contratase por su condición de esposa del jefe de gobierno.

Su letrado, el exministro socialista Antonio Camacho, le preguntó sobre las licitaciones a Barrabés a pesar de que no había sido citada a declarar por ello. Gómez sostuvo que nunca tuvo conocimiento de las mismas, y que solo supo de ellas cuando fue imputada.

Admitió que firmó unas cartas de recomendación que son habituales para procesos de contratación pública. Fueron dos misivas, que no apoyaban a la empresa de Barrabés, sino supuestamente a la importancia del proyecto que se licitaba.

Aseguró que nunca se le informó del resultado final de la licitación, sino que se enteró de ello por los medios de comunicación. Gómez ha puesto el foco en el hecho de que esas cartas también fueron firmadas por grandes tecnológicas como Microsoft, IBM u Orange.

Por último, Gómez indicó que otras instituciones y administraciones públicas, como el Ayuntamiento de Madrid, también firmaron la misma carta modelo y terminaron adjudicando contratos a las empresas de Barrabés.

En lo relativo a su contratación por el IE, Gómez ha explicado que conocía al directivo del ente y exconsejero madrileño Juan José Güemes de hace tiempo, y que fue en 2017 cuando hablaron para colaborar profesionalmente en materia formativa. Sin embargo, ese primer contacto no fraguó, puesto que no tendría tiempo para desempeñar labores adicionales a las que ya realizaba en la universidad y en Inmark.

Explicó que cuando pidió una excedencia en Inmark, Güemes le llamó para ser directora en el África Center. Su nombramiento se produjo a mediados de 2018, permaneciendo en el mismo hasta junio de 2022 tras retirarse voluntariamente.

Agregó que fue en 2017, un año antes de la moción de censura que llevaría a su marido a la Moncloa, fue cuando se abrieron las posibilidades de colaborar con el IE.

Respecto a su colaboración con la Complutense, Gómez indicó que empezó en 2012, primero con un diploma técnico y desde 2014 como codirectora del Máster Propio de la UCM en Fundraising Público y Privado. En marzo de 2020 empezó a codirigir el Máster en Transformación Social Competitiva: los ODS como estrategia.

Afirmó que por su labor docente y por codirigir los másteres de título propio su retribución tenía un techo que ascendía a 15.000 euros.

Siguiendo el orden cronológico, Gómez recordó que a finales de octubre de ese año fue nombrada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, un puesto que según dijo no conlleva ninguna retribución y que, dijo, se financió con recursos privados.

Caso Koldo

Considerado durante mucho tiempo como el brazo derecho de Pedro Sánchez, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción y desvío de fondos, junto a un antiguo asesor suyo, Koldo García.

La justicia trata de determinar si Ábalos participó en la presunta contratación irregular de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de covid, recibiendo comisiones ilegales del empresario Víctor de Aldama, junto a Koldo García.

Citado el lunes por el juez, De Aldama reiteró su acusación contra Ábalos, que niega todo, y Koldo García, que también dijo que ni él ni el exministro recibieron comisiones del empresario.

Según un documento judicial al que tuvo acceso AFP en noviembre, la justicia investiga si, como "compensación económica" a sus servicios, Ábalos disfrutó de una vivienda adquirida en Cádiz, Andalucía, por parte de la empresa que recibió los contratos para proveer el material sanitario.

El entonces titular de Transportes fue cesado de su cargo en la renovación del Gobierno que Sánchez realizó en julio de 2021, con la que según él solo buscaba darle un "impulso" a su gabinete.

Ábalos fue expulsado del Partido Socialista cuando explotó el caso en febrero, aunque sigue manteniendo su acta como diputado, ahora como independiente.

Este miércoles, el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del caso dictó un auto en el que pide al Congreso de Diputados suspender la inmunidad del exministro y hoy diputado, al haber encontrado contra él, "indicios bastantes" de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Caso David Sánchez

La justicia abrió una investigación a David Sánchez, hermano menor de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal, tras otra denuncia formulada por Manos Limpias.

Según la prensa española, este colectivo cercano a la extrema derecha denunció a David Sánchez, responsable de Artes Escénicas de la Diputación provincial de Badajoz (suroeste), por presuntamente percibir un sueldo público sin acudir debidamente a su trabajo.

Manos Limpias también cuestiona las condiciones en las que fue contratado en 2017 por la administración de esta provincia, dirigida por los socialistas.

El hermano del presidente del Gobierno tendrá que acudir a declarar ante el juez el 9 de enero.

Filtraciones

El entorno del presidente del Gobierno también está siendo investigado por la presunta filtración a los medios de comunicación de informaciones relativas al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura influyente del Partido Popular (derecha), el primero de la oposición.

Durante una investigación por fraude fiscal en su contra, el empresario habría enviado un correo a la Fiscalía proponiéndole alcanzar un acuerdo que implicaría declararse culpable. Esta comunicación llegó rápidamente a la prensa.

La polémica filtración derivó a mediados de octubre en un hecho sin precedentes en la historia judicial española, cuando el Tribunal Supremo abrió una investigación al fiscal general del Estado, como sospechoso de haberla promovido.

También agravó la dimisión del responsable del partido socialista en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, quien se vio internamente forzado a renunciar tras haber implicado en la presunta filtración a una asesora de Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno./Redacción internacional con AFP