Para Juan Carlos Garzón, de la FIP, la marcha de este viernes  demuestra que hay cierto acuerdo en que es inaceptable el asesinato de esos voceros comunitarios. Anotó que el reto es que desde mañana ese rechazo se mantenga

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Aunque ha bajado 16% los asesinatos de líderes sociales, ha aumentado 160% las amenazas, informó Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

En el marco de la marcha de este viernes, Garzón aseguró que la situación de los líderes sociales ha movilizado a la sociedad pero debe servir como instrumento para hacer acuerdos en medio de la polarización.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son los datos que tiene la Fundación sobre el asesinato de líderes sociales?

JUAN CARLOS GARZÓN: Nuestra investigación revela que en el primer semestre del 2019, comparado con el mismo periodo del año pasado, las amenazas contra los líderes sociales aumentaron un 160% pero los homicidios disminuyeron el 16%.

Según nuestra información, se presentaron 51 homicidios a líderes sociales, 49% de ellos fueron perpetrados contra líderes comunitarios, la mayoría miembros de juntas de acción comunal. Así mismo, sabemos que el 52% de estos asesinatos ocurrieron en cuatro departamentos: Cauca, Antioquia y Nariño con siete casos cada uno y cinco en Norte de Santander. Se destacan además 27 casos de tentativa de homicidio comparados con 13 sucedidos en el primer semestre de 2018.

ENS: ¿Cuáles son las dinámicas detrás del homicidio y las agresiones a líderes sociales?

JCG: No hay una única causa. Este tema tiene motivaciones ligadas al territorio pero hay cuatro fenómenos que generan esta violencia: la agenda de restitución de tierras; el tema medio ambiental y la oposición a proyectos extractivos; el tema de sustitución de cultivos, especialmente contra quienes están detrás en el Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS), los que lideran ese esfuerzo son amenazados; y hay otras agendas ligadas, unos temas diversos como el tema de género.

ENS: ¿A quiénes podemos categorizar como líderes sociales?

JCG: Lo que muestran los datos es que son personas que ejercen influencia en lo local, que pertenecen, muchos de ellos, a Juntas de Acción Comunal que son clave para el control del territorio.

Hay que decir que las agendas de los líderes son muy variadas y en ocasiones se cruzan. Un líder puede ejercer influencia sobre una Junta, pero al mismo tiempo luchar por el proceso medioambiental y al mismo tiempo estar en el PNIS. Estos liderazgos puros son difíciles de establecer, lo cual hace difícil la discusión de quién es un líder y quién no lo es.

ENS: ¿Hasta qué punto es tan amplia la definición de lo que es un líder social para que ello impida al Estado tener una estrategia puntual para protegerlos?

JCG: No creo que eso sea un problema de definición, sino cómo entendemos la seguridad de los liderazgos y el problema de segmentar la seguridad por grupos poblacionales.

Tenemos la seguridad de los excombatientes, la de los líderes sociales, la de los candidatos. Finalmente el asunto de fondo es cómo esas poblaciones confluyen en un mismo territorio y cómo se piensan las condiciones en las regiones para que los distintos grupos tengan una garantía básica de sus derechos, debemos pensar en capacidades locales y cómo en el territorio se resuelven.

Ausencia estatal

ENS: ¿Dónde se concentran los homicidios?

JCG: Lo que sabemos por los datos de los primeros meses de 2019 es que se concentran en Nariño, Norte de Santander, Arauca y Antioquia, especialmente en el Bajo Cauca. Ahí volvemos a cruzar esto con las dinámicas de la confrontación armada, contextos de disputa y zonas donde el Estado no tiene una presencia establecida y el control de estos liderazgos es clave para la gobernanza ilegal o criminal.

ENS: Este es un año de elecciones ¿eso implica el aumento de la violencia?

JCG: Están prendidas las alarmas. Las agresiones sí tienen que ver con política, pero no son la única razón. Hay que recordar que luego de la firma del acuerdo tuvimos unas de las elecciones nacionales más tranquilas, pero también hay que decir que en este momento estamos hablando de elecciones locales donde los actores legales e ilegales buscan interferir con esos liderazgos, cooptarlos o desplazarlos. Claro que la dinámica electoral plantea una alerta y hace bien el Gobierno en tomarla en serio.

ENS: ¿Se está politizando un asunto tan grave?

JCG: Sí, hay una politización de este tema. Hay que tener en cuenta que venimos de un conflicto de larga data y que eso deja sus legados, como la estigmatización que ha recaído sobre los liderazgos sociales que generalmente son percibidos como una amenaza. Esto puede ser politizado de lado y lado. Para unos como una instrumentalización de los líderes por parte de la izquierda; para otros como el ataque por parte del Estado a distintas manifestaciones que reclaman la apertura democrática. De lado y lado hay interpretaciones que pueden ser usadas para respaldar posiciones ideológicas.

ENS: La marcha convocada para hoy demuestra que hay respaldo de la sociedad, ¿esta presión ciudadana contribuirá para reducir el fenómeno?

JCG: Esto sin duda demuestra que hay cierto acuerdo en que esta situación es inaceptable. Esto da un mensaje que permite la apertura de diálogos y consensos entre contrarios.

No hay que perder de vista el ambiente polarizado del país que estas marchas van a ayudar, pero la pregunta es: al siguiente día, cómo vamos a mantener esta postura común de rechazo y enfocar las energías no a relativizar los liderazgos sino más bien a ponernos de acuerdo en cómo el Estado, las autoridades locales y las comunidades jalan para el mismo lado en el marco de la seguridad de las personas, y finalmente el acuerdo sobre que es inaceptable el uso de la fuerza por razones políticas.