Acalorado resultó el debate de control político sobre Hidroituango que se hizo en la plenaria de la Cámara por citación de los representantes María José Pizarro y David Racero, de la coalición Lista de la Decencia, y León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde.

Muñoz, tras aclarar que no está “en contra de las EPM, sino de algunos empresarios que se han dedicado a destruir el patrimonio público”, consideró que habría quedado claro que “las afectaciones al Proyecto Hidroeléctrico de Ituango no se deben a fallas geológicas sino a malas decisiones que deben asumir los responsables”.

Aunque juzgó que faltó claridad por parte del gerente de EPM, Jorge Londoño, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “quienes no respondieron al cuestionario que se les envió”, para Muñoz el directivo de la empresa de servicios públicos “en un informe escrito, reconoce que se equivocaron al tratar de recuperar 20 meses que tenían de atraso, comprometiendo la vida de las comunidades, los trabajadores y los recursos públicos”.

Muñoz pidió, entre otros puntos, que se desarrolle un plan social de gran envergadura para atender todos los municipios afectado por el proyecto Hidroituango, y que la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría investiguen y sancionen a los responsables del desastre ocurrido, entre funcionados públicos y particulares involucrados.

Londoño, en su intervención ante la plenaria, sostuvo que “el proyecto Ituango fue concebido como un proyecto de desarrollo sostenible, que tuvo en cuenta desde un inicio el cuidado del ambiente y el desarrollo económico de los municipios de su área de influencia”, precisando que “tiene tres grandes elementos de riesgo: estabilidad y solidez de la presa, taponamiento de túneles, estabilidad de casa de máquinas”.

“Actualmente estamos investigando cuál fue la causa raíz de la contingencia en el proyecto Ituango y entregando toda la información a los entes de control. En este momento es prematuro señalar responsabilidades”, manifestó.