Nuevamente el presidente Gustavo Petro se despachó contra José Antonio Salazar, exsecretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la adjudicación del contrato de los pasaportes a la empresa Thomas Greg & Sons.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el jefe de Estado señaló que Salazar rompió la ley y aseguró que será la justicia penal quien investigue el caso. 

"No se puede declarar adjudicado un contrato cuando el superior jerárquico lo declaró desierto. El señor Salazar ha roto la ley y es a la justicia penal a la que le corresponde investigar los motivos", trinó el mandatario. 

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Su pronunciación se dio, luego de que el canciller encargado Luis Gilberto Murillo afirmara que "el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por Álvaro Leyva”

Salazar, quien fue declarado insubsistente por el presidente Petro y tildado de "traidor" el pasado lunes, rompió el silencio y habló sobre lo que está pasando en su entorno a raíz de esta situación. 

El exfuncionario aseguró que siente mucho "temor" por lo que está pasando, pero que se mantiene en su decisión. 

“Me ratifico en todo lo que he hecho, me ratifico en mi posición, en el sentido en que he actuado solo con las competencias que tengo, con el cumplimiento del deber”, dijo Salazar. 

En ese sentido, también agregó que "me quieren echar el agua sucia y no quieren cumplir. Están metiendo al Estado en un problema gravísimo. Si ya hay unos derechos del contratista, eso no se puede revocar”.

El exsecretario Salazar señaló que no consultó con el canciller Murillo la decisión de adjudicar la licitación de los pasaportes por considerar que no necesitaba autorización para ello, debido a la resolución firmada por el ministro en funciones, este 22 de febrero, donde le delegaba la representación legal del Fondo Rotatorio y los procesos de contratación para la expedición y entrega de dichos documentos.

Según Salazar, su decisión de adjudicar el contrato era salva a la nación de una demanda de más de $ 117.000 millones que interpuso Thomas Greg  cuando el canciller declaró desierta la licitación.