“Con solo erradicación forzosa no se van a cumplir metas” | El Nuevo Siglo
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Sábado, 2 de Marzo de 2019
Redacción Nacional

El exministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe no solo es Economista egresado de la Universidad de Los Andes, donde también fue Decano de esa Facultad.

 

Ahora regresó a su alma máter, pero esta vez como nuevo director del Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe (CODS), un colectivo de universidades y centros de investigación que promueve soluciones a los retos de crecimiento y conservación de la región.

Él será uno de los expositores que acompañarán a su exjefe, el expresidente Juan Manuel Santos, a la audiencia pública del próximo 7 de marzo en la Corte Constitucional, donde se evaluará la posibilidad de revivir la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.

 

EL NUEVO SIGLO: ¿El incremento en los cultivos ilícitos se debe a la suspensión del uso del glifosato en las aspersiones aéreas?

ALEJANDRO GAVIRIA URIBE: No hay ningún estudio serio que avale esa conexión. Los estudios muestran, en general, que la devaluación y la expectativa de una retribución por hectárea, en el contexto de las negociaciones de paz, fueron las principales causas. Las aspersiones áreas eran, en el momento de la suspensión, muy ineficientes.

 

ENS: Para el Gobierno actual esa fue una de las “herencias” que recibió de la administración anterior. ¿Usted qué opina?

AGU: Sin duda, es un problema serio. No voy a negarlo. Pero cabe advertir también que los datos más recientes muestran las promesas de la sustitución voluntaria puesta en marcha por el gobierno anterior. Ojalá esos esfuerzos tengan continuidad.

 

ENS: ¿Hoy, fuera del Gobierno, no cree que fue un error prohibir el glifosato?

AGU: Por supuesto que no. Para dar un solo argumento, la Ley Estatuaria en salud prohíbe que el Estado afecte la salud de la población con conocimiento de los riesgos. Primero están los derechos humanos y primero está la salud.

 

ENS: El Gobierno del presidente Iván Duque se trazó la meta de erradicar 100 mil hectáreas este año de un total de 180 mil. Pero la resiembra se estima en 30 mil hectáreas al año. ¿Es viable cumplir esa meta con sustitución voluntaria?

AGU: La resiembra de la sustitución voluntaria es mucho menor, muy pequeña, casi inexistente. La sustitución es clave. De una cosa estoy seguro: con solo erradicación forzosa no se van a cumplir las metas. Se arrancan las matas y vuelven a ser sembradas, es un juego eterno del gato y del ratón.

 

ENS: En la Sentencia T-236 de 2017 la Corte Constitucional fijó seis requerimientos para autorizar nuevamente el uso del glifosato. ¿Cree que ya están dadas esas condiciones?

AGU: Yo creo que no. No hay consultas con la población, no hay evidencia nueva que descarte daños sobre la salud y no hay una institucionalidad consolidada de monitoreo.

 

ENS: Hay muchos estudios que hablan de los efectos del glifosato en la salud humana y en el medio ambiente, hay otros que desmienten esas versiones. ¿Cómo experto, cuál es su verdad?

AGU: Lo que importa, en estos casos, es la totalidad de la evidencia, esto es, el análisis sistemático de todos los estudios, no lo que dice un estudio en particular. Un grupo de expertos de la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) analizó la evidencia en conjunto y concluyó que existe, con una alta probabilidad, una conexión entre glifosato y algunos tipos de cáncer. Para decirlo claramente, la agencia global más importante sobre el tema ya se pronunció. Yo le creo.

 

ENS: ¿De qué manera se podría reducir el área sembrada de cultivos ilícitos para ponerle fin a esta polémica por el uso del glifosato?

AGU: Con sustitución voluntaria, con trabajo con la comunidad, con interdicción, con control de precursores, en fin, no creo que el glifosato sea la única alternativa. No la es.

 

ENS: En varios países el uso del glifosato está prohibido, ¿entonces por qué la polémica en Colombia y las críticas al expresidente Santos?

AGU: Porque este es un tema político importante, un asunto que tiene que ver con la paz, el medio ambiente y la soberanía. Este por supuesto no es solo un debate técnico.

 

ENS: ¿Qué intereses económicos, o políticos, cree que hay detrás del empeño en volver a asperjar con glifosato?

AGU: Puede haber algunos intereses económicos, pero no creo que sean los más importantes. Hay un debate político intenso sobre la política antidroga. Yo insisto en un punto: las aspersiones eran ineficientes, afectaban la legitimidad del Estado en las zonas de conflicto y probablemente la salud de la población. Colombia era el único país del mundo que usaba glifosato como política antidroga. Ojalá pudiéramos doblar esa página y concentrarnos en el desarrollo sostenible.

 

ENS: Dr. Gaviria. Aquí entre nos… ¿Prohibir el uso del glifosato fue una exigencia de las Farc en La Habana, como se ha dicho?

AGU: Para nada. Que yo sepa, las Farc no tienen mucha influencia sobre la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer.

 

Las exigencias de la Corte

En la Sentencia T-236 de 29017, la Corte fijó seis requerimientos para autorizar nuevamente el uso del glifosato:

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades.

2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado.

3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos.

4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad.

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.

6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente