El Consejo de Estado emitió una sentencia que anula la elección del senador Polivio Leandro Rosales, congresista que había obtenido su curul en la circunscripción especial indígena para el período legislativo 2022-2026. La decisión se basa en la constatación de una inhabilidad relacionada con un contrato suscrito entre la entidad sin ánimo de lucro "AICO por la Pacha Mama," de la cual Rosales fue representante legal.
La decisión del Consejo constituye un revés significativo para el senador y su fuerza política, el Movimiento de Autoridades Indígenas (AICO). Rosales había asumido su cargo apenas el año pasado y, hasta el momento, su elección había generado expectativas significativas en la representación de la circunscripción especial indígena.
El fallo se sustenta en la identificación de una inhabilidad, conforme al artículo 179, ordinal 3, de la Constitución Política de 1991, que prohíbe que quienes han intervenido en contratos con entidades públicas se desempeñen como congresistas. En este caso, se encontró que Rosales, en su calidad de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro "AICO por la Pacha Mama," firmó dos contratos en septiembre de 2021 con el Instituto Departamental de Nariño, cuyo plazo de ejecución se extendía hasta el 31 de diciembre de 2021.
La demanda que llevó a esta decisión fue presentada por Richard Humberto Fuelantala, quien argumentó que Rosales, en su papel de representante legal, había vulnerado el régimen de inhabilidades de los congresistas al suscribir los mencionados contratos y gestionar proyectos ante la Agencia de Desarrollo Rural en los seis meses previos a su elección.
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de investiduras, encargada de revisar el caso, consideró que la elección de Rosales en la circunscripción indígena para el periodo 2022-2026 estaba viciada por la mencionada inhabilidad. Esta decisión tuvo un fuerte impacto en el ámbito político, ya que Rosales había anunciado previamente su apoyo a un candidato político en las elecciones regionales de octubre, lo que generó cuestionamientos sobre la legitimidad de su representación.
El Consejo de Estado, al avalar la argumentación de la demanda, destacó que la suscripción de contratos con entidades públicas por parte de congresistas puede comprometer la independencia y la imparcialidad necesarias para el ejercicio de su función legislativa.