El sector arrocero en Colombia enfrenta una crisis que generó un paro indefinido en varios departamentos del país, incluyendo Tolima, Huila, Meta, Sucre, Casanare, César y Norte de Santander. Los productores arroceros exigen un ajuste en el precio del arroz en cáscara, que ha caído significativamente en los últimos meses, dejándolos al borde de la quiebra.

A pesar de las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, las propuestas presentadas no fueron suficientes para satisfacer las necesidades del sector, lo que mantiene los bloqueos en varias regiones.

El paro arrocero comenzó como una respuesta a la disminución del precio del arroz en cáscara, que actualmente ronda los $185.000 por carga de 125 kg, un monto que no cubre los costos de producción. Los agricultores piden un ajuste a $220.000 por carga para evitar pérdidas económicas que alcanzan los $2.000.000 por hectárea cultivada. Además, solicitan alivios financieros, renegociación de deudas y medidas para protegerse de las importaciones de arroz desde Estados Unidos, Ecuador y Perú, que han afectado la competitividad del sector.

El Ministerio de Agricultura presentó un paquete de recursos destinado a fortalecer la competitividad del sector arrocero. Esto incluye una asignación de cerca de $50 mil millones y mesas técnicas para abordar los problemas estructurales del sector, mejorar la infraestructura de almacenamiento y secado, y ofrecer créditos con subsidios a la tasa de interés para pequeños y medianos productores. Sin embargo, estas propuestas no fueron aceptadas por los productores, quienes buscan soluciones inmediatas que impacten directamente en el precio del arroz

El paro ha generado bloqueos en varias vías importantes, afectando la distribución de arroz en todo el país y causando pérdidas significativas para otros sectores, como el transporte. Colfecar reportó pérdidas diarias de $1.600 millones debido a las manifestaciones.

Además, el paro puso en riesgo más de 68.000 empleos directos en 211 municipios de 23 departamentos, lo que podría tener un impacto negativo en la economía rural y el abastecimiento del mercado interno. 

Aunque se logró un principio de acuerdo entre los productores y el Gobierno, este aún no ha sido aprobado por el gremio arrocero y se encuentra sujeto a votación.