UNA ALERTA lanzó ayer la Contraloría General de la República sobre el incumplimiento de avance para la construcción de las viviendas urbanas, de la segunda fase del proyecto.

El ente de control fiscal hace un “especial seguimiento” a la reconstrucción de Mocoa, luego de la catástrofe presentada el 31 de marzo de 2017, cuando una avalancha producida por intensas lluvias arrasó un sector de la capital del Putumayo, causando más de 300 muertes y cuantiosas pérdidas por destrucción de viviendas, calles, infraestructura y una gran cantidad de edificaciones.

Según la Contraloría, con el objeto de adelantar esta segunda fase se establecieron dos contratos por $53.646 millones y $27.915 millones para el desarrollo de 909 unidades de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) de tipología bifamilia, en dos pisos.

Aunque el proyecto debe entregarse en septiembre de 2019, no alcanza el 20% de ejecución.

De acuerdo a la información brindada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a la Contraloría, esta segunda fase, en la que la firma Ing. Mora Insuasti se comprometió a realizar los estudios, diseños técnicos y construcción de 436 soluciones de vivienda, en el primer contrato, y 473 soluciones de vivienda, para el segundo, muestra un pobre estado.

A la fecha el estado de ejecución es del 14,78% y 17,16% respectivamente, cuando deberían ir en el 68,33%.

“En medio de la primera temporada de lluvias de 2019 que azota el país y que, de acuerdo al Ideam se extenderá hasta la primera semana de junio, preocupa que los dos contratos que se suscribieron el 3 de mayo de 2018, tuvieron acta de inicio el 5 de junio de 2018 y tienen plazo para ser ejecutados el 15 de septiembre de 2019, solo tengan un avance del 14,78% y 17,16% respectivamente, y lo más preocupante es que la ejecución en físico es nula”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez

La avalancha de lodo y piedras generadas por el desbordamiento de las quebradas Taruca, Taruquita, La Misión, Ríos Mulato y Sangoyaco, afectó varios sectores de Mocoa y ocasionó destrucción de las redes eléctricas, volcamiento de vehículos, caída de muros, destrucción total de viviendas, colapso de las redes de acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, afectación en estructuras de puentes vehiculares, cierre de todos los colegios y colapso en la atención del Hospital José María Hernández.

Agilizar obras

Según la Contraloría, la primera fase de construcción de 300 viviendas, que establecía el pago sobre vivienda terminada y entregada con escritura pública al beneficiario, tuvo un avance físico del 100%, y con valor final del contrato de $17.860 millones, entregándose la totalidad de inmuebles, por cuantía de 80 salarios mínimos con escritura pública.

Los otros dos contratos, suscritos con la firma Ing. Mora Insuasti, no presentan avance, explicó el Contralor Delegado. Estos contratos corresponden a las 909 viviendas de la etapa I y la etapa II; que incluyen 436 en la I (por un valor de $25.731 millones) y 473 de la II (por $27.915 millones).

“Ahora cuando en el país hay fuertes lluvias, es lamentable que haya aún miedo e incertidumbre en Mocoa por las nuevas emergencias que podrían presentarse, por lo que se necesita que se entreguen lo más pronto las viviendas prometidas”, agregó.

Por otro lado llama la atención a la Contraloría que el interventor HMV, en el informe a la Ungrd, realice algunas alertas y recomendaciones tales como que el contratista Germán Mora Insuasti no ha entregado el permiso de movimiento de tierras ni las áreas de cesión incluidas dentro del sector asignado para cada etapa, que no se han aprobado los estudios y diseños técnicos, a excepción del diseño arquitectónico y tampoco se ha entregado la licencia urbanística, licencia de construcción y demás permisos y tampoco la programación de actividades.

A su turno, la Ungrd notificó a la Contraloría que el 11 y 15 de abril pasados estableció y notificó la imposición de multas por retraso en la ejecución de $1.072.935.605, que quedarán en firme una vez se resuelvan los recursos interpuestos por las aseguradoras y el contratista.