LA RELACIÓN del Gobierno con el Congreso que en un principio dio para pensar que sería armónica y favorable a la gobernabilidad del presidente porque logró conformar una coalición fuerte, incluso con el Partido Conservador que es contrario a la izquierda, hoy que se llega a la mitad del mandato es agria y llena de cuestionamientos de lado y lado. En ese escenario han perdido los dos poderes porque el primero ha tenido dificultades para pasar sus reformas; mientras que el segundo se ha enfrascado en una larga discusión de las mismas porque la Casa de Nariño no las concertó antes con los partidos, lo que ha hecho que la producción legislativa sea modesta hasta el momento.

Congresistas que no son afectos a la administración de Gustavo Petro, así como analistas responsabilizan por esta situación principalmente al Gobierno nacional pues, por un lado, le habría faltado tacto político para preservar su coalición y, por el otro, no tendió puentes de diálogo con las bancadas de oposición e independientes para concertar en lo más posible las reformas clave y otros proyectos, sino como han señalado varios parlamentarios, ha intentado imponer grandes ajustes en temas tan sensibles como la salud y las pensiones sin tener en cuenta la opinión de los distintos sectores.

El Ejecutivo llegó causando sorpresa porque muchos pensaron que por ser la primera vez que la izquierda saboreaba la miel del poder gobernaría con su gente. Sin embargo, de entrada, el presidente Petro sacó a relucir la experiencia que le dejó su paso por el Congreso durante más de dos décadas e hizo acuerdo con los partidos tradicionales Conservador, La U y Liberal para una coalición y su participación en el Gobierno, consciente que sin mayorías parlamentarias la gobernabilidad sería muy limitada.

De igual forma, llamó a las filas del Gobierno a políticos tradicionales como Armando Benedetti y Roy Barreras, este último a quien nombró ministro del Interior para aprovechar su experiencia política en el relacionamiento con el Congreso, en función de lograr la aprobación de los proyectos. Ello provocó malestar que expresaron congresistas del Pacto Histórico, el partido de gobierno, como el entonces senador Gustavo Bolívar, quien dijo que este tipo de alianzas desdibujan la promesa de cambio con la que se hicieron elegir.

Con dicha coalición el Gobierno logró la aprobación a finales de 2022 de la reforma tributaria y de la reforma política, esta última en su primera vuelta. Sin embargo, los problemas de la Administración Petro con algunos de sus entonces aliados políticos comenzaron a raíz de la reforma de salud por los cambios profundos que provocaba en el sistema, como la eliminación de las EPS y que el Estado asumiera el manejo en cabeza de la Adres de los recursos del sector.

Esto prendió las alarmas en el Partido Conservador, los liberales y la U, que le manifestaron al Gobierno su inconformidad con el proyecto porque afectaría severamente el sistema y le pidieron, como parte de la coalición, ajustar el texto con varias proposiciones que presentaron.

Empero, el Ejecutivo se radicalizó en mantener la reforma a la salud como la concibió y el presidente Petro decidió, a finales de abril del año pasado, dar por terminada la coalición con los conservadores y la U porque no la votaron a favor en el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara.

Petro tomó esa determinación a pesar de que la coalición quedaba solo con el Pacto Histórico y la Alianza Verde, y en esas condiciones perdió las mayorías en el Senado; mientras que en Cámara debe hacer maromas para lograr una exigua mayoría.

Presión al Congreso

El Gobierno con una coalición debilitada y con la creciente polémica en el Congreso por la reforma a la salud y la laboral, que también ya había sido radicada en el primer semestre del 2023, generó otro escenario en favor de estos y otros proyectos: llamar al pueblo a las calles a defender las reformas.

“No podemos retroceder, dejar perder el impulso de los millones de colombianos que fueron a las urnas a cambiar a Colombia. No podemos dejar solas las grandes reformas del cambio”, manifestó Petro.

Este llamado fue interpretado por las fuerzas políticas de oposición e independientes como una presión al Congreso por parte del Ejecutivo y, por ende, una afrenta a la separación de poderes.

El senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, manifestó que rechazamos “la presión indebida sobre el Congreso de la República y la imposición de una agenda política por la que no votamos millones de colombianos”.

Sin embargo, el llamado del presidente al pueblo en favor de las reformas no le salió bien porque la asistencia a varias marchas que convocó no fue tan numerosa como esperaba, y muy inferior a la cantidad de gente que se vio en las que organizó la oposición en respuesta por la supuesta presión del Gobierno al Congreso, por fallas achacadas a la administración en su gestión, por los escándalos como en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y la inseguridad, entre otras.

Por el contrario, la baja receptividad que han tenido las marchas del Gobierno ha sido interpretada por la oposición como una muestra de que el presidente ha perdido apoyo popular.

Disciplina de partidos

El manejo del Gobierno en su relación con el Congreso también se ha complicado porque, según las fuerzas de oposición e independientes, a falta de un diálogo con los partidos que no son afectos a la administración, acudió a la estrategia de conversar directamente con los parlamentarios, especialmente el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, buscando votos para las reformas.

Esto fue rechazado por partidos como el Conservador, la U y Liberal porque rompe la disciplina interna.

Sin embargo, esta estrategia que sirvió en Senado para lograr algunos votos para la reforma pensional y que en Cámara la laboral avanzara en primer debate, no fue suficiente para salvar la reforma de salud y la ley estatutaria de educación.

Escándalo de la Ungrd

Ese estilo de relacionamiento del Gobierno directamente con los congresistas lo terminó metiendo en el peor escándalo de corrupción por lo ocurrido en la Ungrd en la contratación para llevar agua a La Guajira.

El exdirector y exsubdirector de esta entidad, Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, señalados como los principales responsables por sobrecostos en esta contratación, aseguraron que por instrucciones de ministros y altos funcionarios se entregaron millonarios recursos y contratos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y el entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle; así como a seis congresistas más para aprobar las reformas.

Por estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; al exministro Velasco y al exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos González, y otros funcionarios.

También la Corte Suprema abrió investigación además de Iván Name y Andrés Calle, a los senadores Julio Chagüi, Liliana Bitar y Juan Gallo: y los representantes Karen Manrique, Julián Peinado, Wadith Manzur. Así mismo Juan Muñoz Cabrera, quien renunció a la curul en Cámara en febrero pasado.

Este caso de corrupción ha dejado un costo político muy grande al Gobierno en el trámite de los proyectos, así como en materia de imagen al propio presidente Petro, quien ha sido enfático en que su administración no compra congresistas.

Incluso, para el trámite de otra reforma tributaria que anunció el Gobierno, hay congresistas como la representante Jennifer Pedraza que advierten que el ministro Bonilla está impedido para presentarla teniendo en cuenta que es investigado por los hechos de corrupción en la Ungrd.

Productividad del Congreso

El trámite de las reformas del Gobierno ha dejado poco tiempo para la discusión de los proyectos de origen parlamentario, debido a que, por la falta de concertación de la Casa de Nariño en sus iniciativas, los debates, proposiciones e impedimentos se han multiplicado. Entonces la productividad legislativa ha sido poca.

En la pasada legislatura se radicaron 47 proyectos, de los cuales se aprobaron 2, 10 pasaron para su discusión en la tercera legislatura y 35 fueron archivados, según la Misión de Observación Electoral (MOE).