Luego que el mandatario de Colombia Gustavo Petro anunciara en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas su intención de proponer un ‘fast track’ para extender por 7 años la implementación del Acuerdo de Paz, el expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero señaló que la medida es improvisada y que se requiere de una reforma.
“Pensaría que se trata de una propuesta bastante improvisada. Para darle vía a un procedimiento de esa naturaleza se requeriría una reforma constitucional”, indicó Guerrero.
En dialogo con Blu Radio, el expresidente de la Corte señaló que para que se lleve a cabo dicha propuesta, se debe indicar la naturaleza de la misma y para ser aprobada se necesitarían dos procesos legislativos. Así mismo, manifestó que “las circunstancias de hoy no son las mismas que justificaron en el año 2016 al optar una medida como esta”.
Cabe señalar que en 2016, avanzó el ‘fast track’ debido a la apremiante necesidad de implementar el acuerdo de paz con los firmantes de las Farc. Este procedimiento fue analizado por la Corte Constitucional y aprobada en 2017.
Según Guerrero, actualmente no se justifica llevar a cabo este proceso especial y correría el riesgo de ser rechazada por la Corte. “No se puede eludir la deliberación política o tratar de forzar la aprobación de medidas hoy, cuando este Gobierno lleva dos años en el ejercicio del poder en el cual ha podido impulsar las reformas que considera necesarias para acelerar el cumplimiento del acuerdo”, puntualizó.
El anuncio del jefe de Estado generó varias opiniones. Por su parte. Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, indicó que esta medida contribuiría en el avance de la implementación del acuerdo de paz.
“Esta es una vía que permite de manera expedita al Congreso un procedimiento más acotado para sacar adelante normas que podrían demorar por otros mecanismos largo tiempo y que nos pueden ayudar a implementar el Acuerdo de Paz”, aseguró el parlamentario.
De igual forma, expresó que: “Lo que el presidente ha propuesto es un Acuerdo Nacional. Qué forma jurídico-legal tendría ese acuerdo lo podemos discutir con las fuerzas políticas y sociales. Con los gremios económicos y con los grupos que están en este momento en proceso de paz”