EN EL plan de choque que presentó ayer el presidente Petro en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, sobresale su intención de extender por 7 años el mismo por los atrasos que se presentan, hoy fijado en 15 años. En consecuencia, iría hasta finales del 2031, dando más vida a instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y más tiempo para materializar puntos clave como la reforma rural integral.

Extender el tiempo de implementación del Acuerdo requiere una reforma constitucional, así como otras medidas que Petro considera necesarias en este propósito. Por ello anunció que propondrá al Congreso un fast track, o trámite abreviado de los proyectos.

En esto el jefe de Estado sigue el ejemplo de lo que hizo el entonces presidente Juan Manuel Santos, quien logró que el Congreso aprobará en 2017 por medio del fast track que le propuso la mayoría de normas que requería para comenzar la implementación del Acuerdo que firmó con las Farc en noviembre del 2016, que condujo a la desmovilización de esa guerrilla

“Un procedimiento de fast track nos llevaría a reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado. Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, dijo el jefe de Estado ante el Consejo de Seguridad de ONU.

El mandatario hizo el anuncio al presentar ante la ONU el plan de choque del Gobierno para acelerar el Acuerdo de Paz.

El presidente Petro se refirió también a la necesidad de lograr un acuerdo Nacional, que incluya a la oposición a su Gobierno, para realizar las grandes reformas que necesita el país.

Entre los puntos del plan de choque se destacan la modificación de normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios. Además, el cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para dirigir recursos a las zonas PDET y financiar sus proyectos de infraestructura e inversión.

También el plan de choque contempla la excarcelación de 35.000 campesinos productores de hoja de coca. Así mismo, optimización y nuevas inversiones forzosas de cara a la sustitución de cultivos ilícitos.

En este marco otra de las propuestas del presidente es la creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas de la Ley Segunda. Afirmó que el 90% de los territorios donde actualmente se desarrolla el conflicto armado hay influencia de economías ilícitas y son las zonas con mayor biodiversidad no solo del país, sino del mundo.

Anunció que también propondrá modificación de las normas para la compra administrativa exprés de tierras, en aras de avanzar en la reforma agraria, el primer punto del Acuerdo.

Al respecto, dijo que las normas vigentes demoran “por décadas” los procesos en los juzgados para la entrega de tierras fértiles y productivas al campesinado.

“Ese mecanismo hace que 3 millones de hectáreas −que contempla el Acuerdo de Paz para ser entregadas a los campesinos− se vuelvan 13.000 en el pasado gobierno o 180.000 en el presente. Y, en perspectiva, duraríamos 50 años en cumplir el Acuerdo de Paz que las Farc y el Estado determinaron para 10 años. Los campesinos de hoy morirían de viejos antes de tener tierra”, recalcó.

Finalmente, el plan de choque de Petro para acelerar la implementación del Acuerdo prevé cambios en el sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto.

Rechazan fast track

Varios parlamentarios manifestaron su oposición a la idea de Petro de acudir a un fast track para aprobar una serie de normas en beneficio de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz.

La senadora María Cabal, del Centro Democrático, dijo que “no Petro, no sueñe que aprobaremos en el Congreso un ‘fast track’ con el que sustituyeron la Constitución para tramitar proyectos de ley y proyectos de acto legislativo con menos debates en beneficio de las Farc que nunca cumplieron con el Acuerdo de La Habana. Ya no más abusos al Estado de derecho y la Constitución”.

El senador Carlos Motoa, de Cambio Radical, dijo que “las fallas en la implementación no son de carácter normativo presidente Petro, son de índole política (de capacidad técnica, humana y presupuestal) y no obligan al Estado a cambiar la Carta Política para darle cumplimiento”.

En tanto que el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, opinó que “desde el instante que asumió Cristo (Juan, ministro del Interior) alertamos que fue el responsable de la trampa llamada fast track y vendría con intenciones parecidas. Hoy aparece Petro con esa novedad, que en esencia es partir la columna a la Constitución”.