Análisis EL NUEVO SIGLO

En medio de la angustia por el futuro de Ucrania en Europa, Pedro Sánchez, quien asiste a una cumbre de urgencia sobre la guerra en ese país, ha logrado que su equipo de gobierno firme un acuerdo con los independentistas catalanes para que gestionen el manejo de las fronteras de Cataluña, una apuesta que hace parte de sus compromisos políticos con los nacionalistas de esta región de España a cambio de que ellos sigan respaldando al jefe de Estado español en el Congreso de Diputados.

Sánchez apuesta por mantener la estabilidad de su gobierno a cualquier costo. Aunque asegura los endebles apoyos parlamentarios de los independentistas, luego de que estos amenazaran con irse de la coalición de gobierno apoyando incluso una moción de confianza en contra del presidente, el presidente de gobierno ha dejado claro que su supervivencia está en manos de los independentistas, que han sido capaces, pese a tener solo 7 diputados en el Parlamento español, de modificar las competencias territoriales en su camino de lograr mayor autonomía de España.

Vuelta atrás

La trama de Cataluña no es fácil de rastrear. Menos para un lector inadvertido que lleva casi diez años viendo que esta región de España, conocida por ser el motor económico del país, le ha apostado a la independencia ejecutando un plan maestro que comenzó con el referéndum de independencia de 2016 y que luego prosiguió con la captura de varios líderes independentistas y la fuga de Puigdemont a Bélgica.

Llegado al poder en 2019, Pedro Sánchez ha buscado recomponer las relaciones con Cataluña. En sus primeros cuatros años poco pudo hacer, salvo abrir las negociaciones en el exterior con Carles Puigdemont. Hasta que, en 2023, luego de las elecciones generales de agosto, el partido de Sánchez perdió, quedando de segundo detrás del PP, lo que lo obligó a recomponer la coalición de gobierno abriéndole espacio a los independentistas para lograr una mayoría simple que le permitiera mantenerse en el poder.

Con esa decisión, Sánchez ha quedado preso de los independentistas. Si no asegura sus peticiones, rompe la coalición de gobierno; si cede ante ellas, pavimenta el camino de la autonomía de una región clave para la unidad española, y abre un boquete de razones para que otras regiones en un futuro exijan un trago igual. Ha decidido lo primero.

Acuerdo y modelo Bávaro

Registrado la mañana del martes, el partido de Sánchez ha firmado un preacuerdo con Junts con el objetivo de presentar “una propuesta de ley orgánica para delegar las competencias en materia de inmigración a la Generalitat”. El acuerdo se basa en el artículo 150.2 de la Constitución de España, que prevé las vías constitucionales para delegar competencias estatales, como el cuidado de las fronteras y el manejo migratorio, a las administraciones autonómicas.

“Además, la Generalitat podrá expedir los documentos de identidad para los extranjeros y gestionará la devolución de estos”, dice el acuerdo, y añade que: “también habilitará que la administración catalana gestione íntegramente los Centros para Extranjeros (CIE)”.

El modelo propuesto por el Gobierno español se ha inspirado en uno que Alemania diseñó para Baviera, una región del sur de este país que en 2018 logró que Berlín le delegara una serie de competencias territoriales y migratorias en reconocimiento de su particular formación política y cultural. En sus viajes por una Europa que caía en los nacionalismos, Stefan Zweig alguna vez reconoció que los bávaros eran algo distinto a los alemanes, pero tampoco tanto como los austriacos −él era de ese país− sí tenían una historia divisible de los germanos.

Los catalanes llevan una década pidiendo que, con base en esas diferencias culturales y políticas, se les reconozca la posibilidad de gestionar sus fronteras y recursos. Un poco antes, en 2006, cuando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba España, una serie de políticos catalanes, que por ese entonces no se habían radicalizado, presentaron ante el Congreso el Estatuto Autonómico con el que buscaron cierta autonomía, pero no tanta como la que intentan ahora. A partir de ese momento, muchos analistas calculan que se rompió el sentido de unidad entre España y Cataluña.

Ahora, ha llegado el momento en que Cataluña ve las ganancias de su apuesta con el modelo autonómico inspirado en Baviera. Conocido como “ley Söder”, el modelo de Baviera fue promocionado por el líder de la Unión Socialcristiana bávara, Markus Söder', quien sistemáticamente se opuso las políticas migratorias de Angela Merkel, que llevaron a que Alemania recibiera más de un millón de sirios en su territorio. En 2018, luego de oponerse a tales medidas, el gobierno central le otorgó a Baviera la “custodia compartida en materia migratoria” y fronteras.

No todo han sido alegrías para los bávaros, una advertencia para lo que podría venir el caso Cataluña. Solo dos años después de que se oficializara, la “ley Söder” fue desautorizada por el Tribunal Constitucional de Alemania, que recibió una demanda del Partido Verde que argumentaban, entre muchas razones, que esta ley era discriminatoria y atentaban contra el principio de igualdad de todos los alemanes.

Opositores

El mismo día en que el Psoe y Junts anunciaron el acuerdo, la oposición española, integrada por el conservador Partido Popular (PP) y Vox, calificaron lo firmado como “criminal” e “inconstitucional”.

La oposición a Sánchez sabe que el presidente está al servicio de los independentistas para sobrevivir políticamente hasta 2027, cuando están citadas las próximas elecciones generales, y por eso buscan la manera de activar todas las alarmas políticas y jurídicas para que la futura ley que otorga autonomía a los catalanes finalmente se caiga en los tribunales.

Una de las voces más consistentes de la oposición a los independentistas en Cataluña, Ignacio Garrigas, quien también es secretario de Vox, ha dicho que se trata de “el último paso quizá antes de una independencia de facto”. “Si no lo remediamos, cuando Sánchez acabe la legislatura no quedará absolutamente nada de España”, ha advertido.

La unidad de España queda en riesgo con el traslado de competencias a Cataluña, según el PP, el partido más representativo de la oposición, que también consideró que el acuerdo “vulnera nuestro marco constitucional, no se puede transferir una competencia que tiene que ser exclusiva del Estado”.

A cambio de gobernar más, Sánchez ha iniciado un camino peligroso. Así lo ve el editorial de El Debate, un medio opositor, que traduce de manera adecuada el momento político en España. “El líder socialista no acuerda nada, en fin, se limita a intercambiar su supervivencia por la estabilidad de España, asumiendo la extorsión de minorías irrelevantes que le ven, más que como un interlocutor, como una víctima de sus andanzas y pretensiones”.

*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.