LUEGO DE que el Ministerio de Ambiente, en cabeza de la saliente ministra Susana Muhamad, anunciara la consulta pública del proyecto de resolución para establecer los lineamientos de ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá; se desató una nueva polémica entre la Alcaldía Mayor de la capital y el Gobierno nacional.
El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que esta iniciativa es una violación a la ley y a la Constitución, razón por la que insistió en su llamado al Gobierno para que retire esta consulta. De hecho, acompañado de su gabinete, Galán explicó las presuntas implicaciones que este proyecto traería para Bogotá.
“Pedimos que sea retirado y que se inicie nuevamente el proceso de construcción, estamos de acuerdo con avanzar en decisiones que nos permitan reducir el riesgo de afectación al medio ambiente, que el desarrollo sea adecuado, que respete la estructura ecológica principal. Estamos totalmente de acuerdo con eso y es la apuesta de Bogotá, pero eso se hace construyéndolo colectivamente y no con una visión unilateral como lo plantea el Gobierno nacional”, puntualizó.
Insistió en que el proyecto de resolución tiene implicaciones negativas para el desarrollo de planes estratégicos para la vivienda, la protección del medio ambiente, el acceso a la energía y la garantía del agua de la ciudad; es ilegal porque incumple el Acuerdo de Escazú, que establece las reglas para definir procesos ambientales, y adicionalmente no se construyó en coordinación con las autoridades locales.
Afectaciones
El alcalde Mayor de Bogotá explicó que con la expedición de este proyecto de resolución también se impactarán actuaciones judiciales en los casos del Río Bogotá y los Cerros Orientales, que han sido resueltas por el Consejo de Estado y ahora supervisadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y tienen que ver con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas y la inversión, recuperación y conservación de los cerros.
Además, explicó que 172.000 familias, incluidas las de seis barrios de origen informal que actualmente están en proceso de legalización, y que hoy en día viven en el área señalada en el proyecto de resolución, se verán afectadas porque sus predios quedarían señalados bajo una condición de “humedales”. Situación similar a la de 30.000 viviendas nuevas, recientemente entregadas en 17 Planes Parciales, y de otras 120.000 viviendas que avanzan en su construcción, muchas de ellas han recibido subsidios de diferentes gobiernos distritales.
En ese sentido, Camacol Bogotá y Cundinamarca concordaron en que el proyecto de resolución sobre lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá pone en vilo la oferta de vivienda nueva de la región. Usando la cartografía publicada con el proyecto de resolución, se identificó que con las nuevas áreas de humedales y de bosques que se establecen como lineamientos ambientales de ordenamiento territorial se afecta la construcción de 360.000 unidades de vivienda nueva, correspondiente con 60 planes parciales en 2.983 hectáreas de suelo urbanizable. De esas viviendas, el 65% serían de interés social. “Esta resolución impacta de manera muy negativa la construcción de vivienda en Bogotá y la Sabana, poniendo en riesgo la oferta de vivienda formal para más de 360.000 hogares bogotanos y de la región”, advirtieron.
Asimismo, desde Camacol Nacional respaldaron a Galán y solicitaron la intervención urgente de la Procuraduría. “Camacol expresa su profunda preocupación por la Resolución del Ministerio de Ambiente que impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, afectando gravemente el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de ciudadanos”, expresaron.
También quedan en un manto de incertidumbre más de 115.000 niños y niñas, más de 26.000 adultos mayores y más de 20.000 comercios, que viven y se ubican en estos sectores.
En cuanto a proyectos estratégicos Galán advirtió que las grandes apuestas de infraestructura de la ciudad, que se están desarrollando o desarrollarán en el futuro cercano, y mejorarán la movilidad y la calidad de vida de millones de personas, quedarían en el limbo, porque sus predios se ubican en las zonas que se reglamentarían, caso del Patio Taller y trazados de las líneas 1 y 2 del Metro, trazado de la línea 3 del Metro, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), la prolongación de la calle 63, el proyecto Ciudad – Aeropuerto, la Avenida Suba– Cota, el cable a la Calera, el Regiotram de Occidente, la troncal de la calle 13, el puente vehicular y el ciclopuente de Tibanica, el corredor de la carrera Séptima y la autopista norte, entre otros.
Las afectaciones también serán en temas relacionados con la prestación de servicios públicos porque no se podrán intervenir predios en los que se ubican las PTAR Canoas y Salitre, y los embalses de Chuza, La Regadera y San Rafael; también queda en el limbo el desarrollo de infraestructura energética, que garantizará el servicio para la ciudad en el mediano y largo plazo.
Extralimitación de Muhamad
A su turno, el senador Miguel Uribe y la concejala de Bogotá, Sandra Forero, denunciaron lo que consideran una extralimitación de funciones por parte de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la reciente propuesta de resolución sobre ordenamiento territorial y protección ambiental en la Sabana de Bogotá. Según los dirigentes, la iniciativa afectaría proyectos clave de infraestructura, energía y vivienda, generando incertidumbre y obstaculizando la inversión en la región. Al respecto, anunciaron acciones legales ante la Procuraduría y el Consejo de Estado.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Emilio Rey Ángel, advirtió que el mecanismo planteado genera incertidumbre y enfatizó en la necesidad de precisiones. “Tras reconocer que el ritmo y la forma en que se ha dado el desarrollo urbanístico y de inversión en la Sabana no han atendido principios de adecuada planeación regional para garantizar del todo la preservación ambiental”, afirmó.
¿Qué dicen las bancadas de Congreso y Concejo?
Los representantes a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez, Irma Luz Herrera, Julia Miranda, Catherine Juvinao, Jaime Uscátegui, Katherine Miranda y Andrés Forero, junto a los concejales Daniel Briceño, Sandra Forero, Julián Uscátegui, Jesús David Araque y Rolando González, Juan David Quintero hicieron un llamado urgente a la ciudadanía, a los sectores productivos, gremiales y empresariales, y a los líderes locales para que se sumen al rechazo de lo que consideran un atropello al desarrollo de la ciudad y el departamento.
“Alzamos nuestra voz de rechazo frente al proyecto de resolución emitida por el Ministerio de Ambiente, la cual pretende imponer, sin concertación previa, una serie de restricciones ambientales que afectan gravemente el desarrollo presente y futuro de Bogotá, Cundinamarca y parte del Meta. Dicho proyecto no fue consultado con las autoridades locales ni con quienes representamos a los ciudadanos de la región, vulnerando de manera directa la autonomía territorial tanto de los municipios, corporaciones públicas, como de las autoridades ambientales territoriales, lo que evidencia una total falta de articulación y diálogo por parte del Gobierno nacional frente a decisiones que impactan directamente a millones de colombianos”, insistieron.
Asimismo, advirtieron que en caso que el ministerio continúe con el trámite del proyecto de resolución sin una debida socialización y articulación con los sectores posiblemente afectados, promoverán las acciones judiciales correspondientes, como Acciones Populares en defensa de los derechos colectivos.