EL BALANCE de las reformas del Gobierno al arribar este miércoles a la mitad del mandato se ha quedado corto frente a los objetivos que se fijó desde un comienzo y las expectativas que generó al calificarse como la administración del cambio. Logró la aprobación de la tributaria y la pensional. Sin embargo, en el saldo rojo la laboral se hundió, aunque la volvió a radicar; también el Congreso archivó el polémico proyecto de salud, la estatutaria de educación y la reforma política.

Al inicio de la tercera legislatura el Gobierno anunció un nutrido paquete de proyectos, consciente de que, si no saca adelante este año las reformas y otras iniciativas clave, será muy difícil que pueda en 2025, cuando el Congreso entrará en ‘modo’ elecciones presidenciales y legislativas del 2026.

La Casa de Nariño le apuesta a lograr la aprobación de algunos de los proyectos que no han avanzado y otros que presentará por primera vez, con un cambio de estrategia bajo la conducción ahora en el Ministerio del Interior de Juan Fernando Cristo, quien aseguró que las iniciativas más importantes serán concertadas con las diferentes fuerzas políticas antes de radicarlas.

Esto es un cambio de fondo porque en las primeras dos legislaturas el Gobierno optó por llevar al Congreso las reformas con una limitada socialización y sin ninguna concertación con las fuerzas políticas de oposición e independientes, lo que en buena medida explica por qué se hundieron la reforma política y la de salud, entre otras.

Pensional y tributaria

La tributaria fue la primera reforma que logró aprobar el Gobierno en 2022, pues la necesita para financiar su ambiciosa agenda social. Sin embargo, al día de hoy, sus efectos se han visto disminuidos porque la Casa de Nariño sobreestimó las cuentas en el recaudo de impuestos y, como consecuencia, está desfinanciado el presupuesto.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal informó que el recaudo tributario en 2023 fue de $278,9 billones, lejos de la meta fijada por el Ministerio de Hacienda de $290,1 billones. Como consecuencia, el Gobierno congeló $20 billones en la ejecución del Presupuesto General de la Nación prevista para este año.

En tanto que el panorama para la reforma pensional estará marcado en estos meses por una serie de demandas en la Corte, ya llegó la primera, por al menos siete aspectos que la oposición política y algunos ciudadanos expertos consideran harán que sea declarada inconstitucional.

Uno de los principales reclamos es que se violó el principio democrático en esta reforma porque en el cuarto debate en la plenaria de la Cámara, no hubo discusión porque la mayoría de los congresistas dijo sí a la proposición que presentó el Pacto Histórico, el partido de gobierno, para acoger el texto que aprobó Senado, debido a que se estaba en la última semana de la segunda legislatura y no había tiempo para deliberar y aprobar la respectiva conciliación, pues se hubiera hundido la iniciativa gubernamental.

Entonces, la reforma pensional debe superar un examen a fondo en la Corte en donde se determinará si entra en vigor el 1° de julio de 2025, según la vigencia en la respectiva ley o se hunde en su totalidad o parcialmente.

Otro asunto que ha generado dudas en la pensional es que el Gobierno barajó presentar un proyecto para ajustar algunos vacíos en el texto.

El pasado 18 de junio, el entonces ministro del Interior, Luis Velasco, anunció que recomendaría en el consejo de ministros que “revisemos tres o cuatro puntos que pueden mejorarse para presentar un pequeño proyecto que mejore la reforma antes de la entrada en vigencia”.

Uno de los puntos que se debería corregir es el que corresponde a la discriminación positiva para sectores especiales porque, según dijo Velasco, debe modularse adecuadamente. También revisar la tributación de las pensiones por más de $3,6 millones mensuales, con el propósito de que no se vean afectadas las personas de las clases media y media baja.

Sin embargo, en días pasados, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, dijo que no presentarán un proyecto para ajustar la reforma, que por el contrario fue conformada una comisión coordinada por la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, para hacer los 42 decretos reglamentarios que obliga la ley.

¿Qué no funcionó?

El cambio que prometió el Gobierno en varios campos no se ha cumplido porque sus reformas no han avanzado en el Congreso. Quiso eliminar las EPS, a las que señala de ser un palo en la rueda para que fluyan los recursos a hospitales y clínicas, pero el proyecto de salud fue hundido en el pasado semestre en la Comisión Séptima del Senado porque las mayorías estiman que afectaría el sistema.

De igual forma, la reforma laboral, en la que insistió el Gobierno tras hundirse en la primera legislatura, lleva dos años en el Congreso en donde está a la espera de segundo debate en plenaria de Cámara. Sin embargo, no hay pleno consenso frente a su impacto, pues parlamentarios de la oposición e independientes y sectores económicos señalan que en el afán de ser muy garantistas con los trabajadores, afecta a las empresas y la generación de empleo.

Así mismo, el Gobierno anunció que no insistirá en presentar en esta legislatura la reforma estatutaria a la educación, y que mejor buscará modificar unos pocos artículos de la Ley 30 para la financiación de la universidad pública.

El Gobierno radicó este proyecto para garantizar el acceso a una educación de calidad, pertinente e incluyente; no obstante, ahora lo deja de lado tras hundirse la iniciativa porque no tuvo discusión en la plenaria del Senado, después de que para sofocar un paro de Fecode se echó para atrás en un acuerdo que el Ministerio hizo con la oposición para una enmienda al texto, y que permitió su aprobación en la Comisión Séptima del Senado.

Este balance negativo que le queda al Gobierno en su agenda legislativa se explica desde el punto de vista político porque permitió que se debilitara la coalición al dejar salir al Partido Conservador y La U; por la radicalización de las propuestas, como en la reforma de salud que se negó a incluir en el texto proposiciones de varios partidos.

También porque radicó los proyectos sin discutirlos y consensuarlos antes con todas las fuerzas políticas; y también por los repetidos cambios en el gabinete. En la mitad del mandato, por ejemplo, tuvo tres ministros en la cartera de interior.

Proyectos embolatados

Hay varios proyectos que el Gobierno anunció desde hace rato, pero que no ha llevado al Congreso. Estos son

• Reforma a la justicia
• Reforma a Ley de Servicios Públicos
• Reforma al Código Minero
• Reforma de salud
• Prohibición del ‘fracking’
• Vigencias futuras
• Flexibilización regla fiscal
• Reforma al SGP
• Ley de sometimiento a la justicia
• Humanización carcelaria
• Armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena y Sistema Judicial Nacional