Alrededor de 1.800 nuevas denuncias ha recibido la Contraloría General de la República por el manejo de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), afirmó ayer el contralor general Carlos Felipe Córdoba.

El funcionario calificó “el problema de los recursos del PAE” como “gigantesco”. Ante esto dijo que se debe seguir fortaleciendo la vigilancia, que permita verificar la labor que realizan las contralorías territoriales.

“Nosotros hemos encontrado en varios municipios una nueva oleada de inconsistencias y por eso le hemos pedido a nuestro contralor delegado para el sector social Julio César Cárdenas que esté encima de esos procesos, con la ciudadanía”, dijo.

Manifestó que el ente de control ha puesto en marcha un proyecto denominado Contralores Estudiantiles para que los alumnos utilicen sus teléfonos inteligentes y le cuenten a la Contraloría, en el día a día, qué les están sirviendo, cómo los están alimentando y si eso es compatible con las especificaciones del programa de alimentación.

“Estamos verificando qué le están sirviendo a los estudiantes, según las denuncias, y proceder a generar los procesos respectivos”, indicó.

El Contralor hizo estas afirmaciones al conceder declaraciones a los periodistas luego de intervenir en el Foro “Hacia un Nuevo Modelo de Control Fiscal”.

Como informó en su momento EL NUEVO SIGLO durante este año el PAE tiene recursos para su operación por $1,07 billones, con un incremento de más del 40% en comparación con el presupuesto de 2018.

El Gobierno indicó que las dificultades actuales del programa van desde la ineficiencia del uso de recursos, hasta los problemas de transparencia, fallas del servicio y la falta de seguimiento del impacto del programa.

El presidente Duque indicó que “el PAE ha sido usado para que haya una colusión de contratistas que se apodera de los recursos, a través de niños fantasma, otros se aprovechan de los convenios interadministrativos, eso ha sido denunciado por los organismos de control”.

En marzo pasado, la Procuraduría anunció la apertura de investigaciones por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución del PAE durante las vigencias 2016 y 2017 a siete mandatarios seccionales y locales, aparte de los 10 gobernadores que ya estaban siendo indagados.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que las pesquisas que buscan determinar si los funcionarios a cargo del PAE, empezando por los alcaldes y gobernadores, incurrieron en faltas disciplinarias, se estaban adelantando en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta y Valle del Cauca; en el municipio de Quibdó; y en los distritos de Buenaventura y Cartagena. Los afectados serían más de 600.000 estudiantes.

El órgano de control investiga a los actuales gobernadores de Valle del Cauca (Dilian Francisca Toro) y Arauca (Ricardo Alvarado), y al alcalde de Quibdó (Isaías Chalá).

Reforma

En relación con el proyecto de acto legislativo que busca reformar el control fiscal, el cual ha surtido tres de los ochos debates necesarios para su aprobación en el Congreso de la República, afirmó que este “ayuda a tener un control preventivo y no previo. Porque hay algunos que no quieren que haya un nuevo modelo que de verdad controle la plata de todos los colombianos, de la salud, la educación y toda la infraestructura”.

“No sé por qué les genera tanta molestia un control preventivo. Quieren esperar a que sigamos llegando a recoger las cenizas que nos dejan los corruptos. Y vamos a seguir dando la batalla, porque el compromiso es con el país y con todos esos colombianos de a pie, de bien, que necesitan la ayuda del Estado colombiano”, añadió.

Afirmó que “lo que haríamos, y eso necesitaría reglamentación, es un control preventivo, que no sería vinculante sino acompañante de un proceso. Y la idea sería no coadministrar, para que no entremos en lo que sucedió antes de 1991 y esos excesos que de una u otra manera hicieron que luego se cambiase a un control posterior y selectivo”.

Concluyó señalando que el país “necesita un nuevo modelo de control fiscal, un modelo que ayude a que los recursos lleguen a las regiones y no se paralicen. No se puede seguir dejando que estos recursos se queden en las cuentas maestras del sistema financiero colombiano y que no se ejecuten realmente”.