Atendiendo una solicitud de la Federación Nacional de Municipios, la Contraloría General de la República aplicó la figura de la intervención funcional para realizar una Actuación Fiscal sobre los recursos públicos recaudados por el Distrito Capital, por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, en las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Con esta actuación, la CGR asume directamente la vigilancia y control fiscal. El objetivo es emitir concepto sobre la gestión fiscal adelantada por la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital o cualquier entidad distrital, relacionada con el recaudo y distribución de los recursos públicos por concepto de multas y sanciones por infracciones de tránsito.

Asimismo se trata de certificar que la distribución y ejecución de los recursos públicos producto de multas y sanciones por infracciones de tránsito, realizada por las entidades distritales, cumpla con la ley y los reglamentos, así como evaluar los riesgos, y los controles implementados, por las entidades distritales vinculadas, respecto al objeto evaluado. 

Esta actuación se realizará con corte al 31 de diciembre de 2019 y los resultados se darán a conocer a mediados del próximo mes de junio. 

La intervención funcional de la CGR fue decretada por el Contralor General de la República, Felipe Córdoba, mediante la Resolución Ordinaria 1036 del 17 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta el origen de los recursos, el impacto social y económico en el ámbito local, así como la relevancia que tiene en la sociedad el correcto uso de los recursos públicos de que trata el artículo 10 de la Ley 769 de 2002. 

El Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras instaló la Intervención Funcional de Oficio el viernes pasado, ante la alcaldesa mayor, Claudia López, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Movilidad y sus inmediatos colaboradores. 

Esta actuación se debe a que con oficio del 15 de octubre de 2020, el apoderado de la Federación Colombiana de Municipios, solicitó a la Contraloría, “disponer que adelanten la investigación, para evaluar la gestión fiscal de la Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Hacienda del Distrito Capital, con ocasión del incumplimiento de la Ley 769 de 2002, ante la reiterada negligencia de las autoridades distritales, por la presunta apropiación indebida del 10% del valor de las multas y sanciones por infracciones de tránsito”.