En su primer mandato, Donald Trump tuvo una política dura contra el régimen de Nicolás Maduro. Mes tras mes, sancionó personas y organizaciones, bloqueó sus cuentas, apoyó al gobierno interino de Juan Guaidó, y se especula que su asesor de Seguridad, John Bolton, alcanzó a pensar en una posible invasión.

Esta vez, a un mes de que vuelva a la Casa Blanca, Trump no ha dejado claro qué camino va a tomar frente a la dictadura chavista. El presidente electo se supone que va a seguir con una posición dura frente a Maduro con el fin de que entregue el poder y empiece la transición a la democracia. Así lo reiteró, varias veces, durante la campaña presidencial.

Un grupo de empresarios norteamericanos, sin embargo, está buscando que Trump adopte un enfoque aún más flexible frente a Caracas que el que ha tenido Joe Biden, quien ordenó, entre otras, la liberación del testaferro y hoy ministro del régimen, Alex Saab.

Petroleros y donantes

El grupo que ha buscado a Trump para que flexibilice su postura frente a Nicolás Maduro está compuesto por petroleros y tenedores de bonos de deuda impagada venezolana que buscan convencer al presidente de levantar sanciones para comerciar más petróleo, logrando que Venezuela reciba más ingresos que pueden –dicen– ayudar a que baje el número de migrantes que abandonan ese país rumbo a los Estados Unidos.

Según The Wall Street Journal (TWJ), empresarios como Harry Sargeant III, un multimillonario donante del Partido Republicano conocido por jugar al golf en el club Mar-a-Lago de Trump, lidera el grupo que aboga por la flexibilización de las sanciones. Sargeant cree que es mejor para los intereses norteamericanos negociar con Maduro en lugar de presionarlo para que entregue el poder.

Sargeant, la semana pasada, a través de su empresa Global Oil Terminals, transportó un cargamento de asfalto que salió de Venezuela y desembarcó en Palm Beach, Florida. Fue la primera entrega de asfalto desde 2019, cuando Trump impuso las sanciones petroleras.

En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedió permisos a algunas compañías petroleras -y otras- para reanudar operaciones en Venezuela. Con el levantamiento de las sanciones, varios empresarios norteamericanos ya están operando en Venezuela, en su mayoría en los sectores del petróleo y asfalto.

A comienzos de este año, un grupo de inversores en petróleo y tenedores de bonos de deuda impagada venezolana viajaron a Caracas para evaluar las perspectivas de negocio. El régimen de Maduro los atendió con “whisky y bistec en el exclusivo club de campo de la capital venezolana y dijeron estar impresionados por una ciudad libre de delincuencia y carreteras bien pavimentadas”, de acuerdo con el TWS.

Levantar las sanciones contra el régimen de Maduro no solo puede ayudar a que disminuya el número de migrantes, sino que también traería otras ventajas, como la reducción de los precios de la energía en Estados Unidos y frenaría el avance –o control total– de Rusia y China sobre Venezuela, dicen los defensores de la flexibilización.

Donald Trump logró ganar la presidencia el pasado 5 de noviembre en parte por su discurso en contra de la inflación. Parte importante del alza de los precios en Estados Unidos se debe al aumento de la energía. Una mayor oferta de energía gracias al petróleo proveniente de Venezuela podría traer una desescalada inflacionaria, según algunos expertos.

Este argumento empieza a calar en los círculos que rodean a Trump. Menos convincente parece el tema de ejercer una especie de control sobre la influencia de China y Rusia en Venezuela por medio de la relajación de las sanciones. Desde hace década y media, Caracas ha estado totalmente alineada con Moscú y Pekín política y económicamente. Los rusos tienen mayor incidencia en temas políticos y de seguridad, mientras que los chinos tienen más fuerza comercial e importan grandes cantidades de petróleo. Además, estos últimos poseen la mayor cantidad de deuda venezolana.

Fin de la dictadura

La posición a favor del levantamiento de sanciones sigue siendo minoritaria. La mayor parte del gabinete de Donald Trump, así como numerosos empresarios, están a favor de que Washington imponga más sanciones para acorralar al régimen e impulsar una salida de Nicolás Maduro y el grupo de civiles y militares que lo acompañan.

La administración de Joe Biden acaba de imponer nuevas sanciones contra 21 funcionarios venezolanos que hacen parte de ministerios y grupos de seguridad. Este grupo ha sido incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro por “instigar el fraude electoral” el pasado 28 julio, durante las elecciones presidenciales en las que ganó Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en Madrid, España. En total, 108 funcionaros al servicio del régimen han sido sancionados por Estados Unidos.

En un mes y medio, Donald Trump se habrá posesionado como presidente. Desde el exilio, Edmundo González Urrutia ha dicho que también hará lo mismo en Caracas, y ha insistido en que va a volver a su país para jurar como el presidente que comienza la transición.

Los nombramientos hechos por Trump en las últimas semanas indican que su posición sigue siendo presionar a Maduro con todo tipo de sanciones para que entregue el poder.

El recién elegido secretario de Estado, M

denunciándolo por la violación de los derechos humanos ante diferentes instancias, y presionando para que Washington –como lo ha hecho– imponga sanciones individuales y bloqueos financieros contra el régimen. De familia cubana, y con un particular interés en América Latina, Rubio conoce muy de cerca la crítica situación en Venezuela.

Así como Rubio, Trump también ha nombrado al empresario Elon Musk en el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, siglas en inglés). Además de haberse convertido en un hombre muy cercano a Trump, Musk ha sido uno de los mayores contradictores de Maduro, con cruces permanentes entre los dos en redes sociales.

Igualmente, el empresario y dueño de un ejército privado, Erik Prince, quien ha pedido que se suba la recompensar por la captura de Nicolás Maduro a USD100 millones, está ejerciendo una fuerte presión en la Casa Blanca.

Una encuesta publicada por la encuestadora venezolana Delphos mostró que un cuarto de los venezolanos estaba dispuesto a migrar en caso de que no hubiera un cambio político en las elecciones presidenciales de julio, mientras que Clear Path Strategie publicó que este porcentaje alcanzaría el 48 %.

Los datos muestran que los venezolanos están migrando por el régimen autoritario que gobierna su país, independientemente de las leves mejoras que podría traer la relajación de las sanciones. Sin embargo, algunos empresarios norteamericanos están comprando la tesis cubana: todo es culpa del bloqueo.

*Analista y consultor. MPhil en Universidad de Oxford.