UNA DISCUSIÓN reposada sobre la transición energética solicitó al gobierno del presidente Gustavo Petro el vicecontralor en funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga. También pidió que tal proceso sea ejecutado de manera justa y responsable.

Al respecto dijo que “Cualquier decisión que tome el país con la transición energética tiene una implicación directa en las finanzas de la Nación”.

El funcionario aseguró que en mesas de trabajo −en las que también ha participado la Procuraduría General−, solicitaron información al Ejecutivo sobre los mecanismos, planes y recursos para llevar a cabo el proceso de transición. Igualmente, se pidió conocer cuál será el modelo de financiación para reemplazar los recursos que el sector minero energético le aporta al país, que ascienden a los 80 billones de pesos al año.

“Un sector de la economía que está produciendo estos ingresos al presupuesto de la Nación y que financia gran parte de la inversión social del país, tiene que tener una discusión reposada sobre su futuro”, enfatizó el contralor en funciones al hablar en el evento de lanzamiento de la edición 370 de la revista Economía Colombiana, dedicada a analizar el tema de la transición energética.

“Queremos saber cuáles son los mecanismos de compensación que existirán para que el sector que hoy está en operación y funcionamiento en términos de empleo y productividad, no tenga un impacto tan desagradable que permita mantener esos desarrollos sociales en La Guajira o Cesar, donde hay muchas empresas que, gracias al desarrollo de actividades minero energéticas, sostienen gran parte de la economía local”, manifestó Zuluaga.

Pero, además, aseguró que han discutido el tema durante todo el año, ya que es vital un proceso de transición ordenada, a fin de que el país no pierda capacidad de ingresos y recursos.

A lo que Zuluaga indicó que diversificar la economía no es tan fácil. “Poner a otros sectores a producir la cantidad de billones que genera el sector minero energético es complejo a juicio de la Contraloría, por lo que hemos hecho un llamado para que esta transición se haga de manera responsable y justa”.

El vicecontralor en funciones de contralor general, del mismo modo, sostuvo que las consecuencias de no ofrecer más licencias de exploración y explotación podrían verse en siete años. “Es en siete años cuando veremos los impactos reales en la economía, ya sea en ingresos y generación de ingresos”, destacó.

Insistió, asimismo, en mirar con cuidado el impacto que en la economía produce una decisión del Gobierno de no tener más licencias de exploración y explotación y la preocupación que le asiste al órgano de control al advertir la necesidad de interpretar de qué manera no se van a desequilibrar las finanzas y las inversiones que el estado necesita realizar.

Intervenciones

Durante las mesas de trabajo, intervinieron otras personalidades connotadas del sector minero energético, como Amylcar Acosta, exministro de Minas y Energía, quien habló de la forma como se proyecta la transición energética. Dijo que: “Estamos esperando la hoja de ruta de la transición energética, que el Gobierno prometió dar a conocer al mundo en mayo pasado. Estamos a tientas, por instrumentos”.

Consideró que no existe una receta de cómo debe hacerse la transición. También recordó que Colombia depende de la exportación de gas y petróleo, que representa el 38 % de los recursos del país.

Para Germán Arce, también exministro de Minas y Energía, la transición energética es particular para cada país. Depende de la disponibilidad de recursos naturales con los que cuenta Colombia, y las condiciones ambientales, económicas y sociales. Por lo que manifestó que: “No podemos hacer una transición costosa para los colombianos. No corresponde a un solo actor, hay que ver cómo ayudamos todos”.

Por su parte, la contralora Delegada de Economía y Finanzas Públicas, Ana Monsalvo Herrera, se refirió a los recursos que demanda la transición energética y comentó: “No sabemos de dónde saldrán los recursos para costear, por ejemplo, la infraestructura y la transición en general. No tenemos el dinero. De los $ 422 billones del Presupuesto General de la Nación aprobado, solo $ 83 billones se dedican a inversión”.