En la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá se adelantó ayer un debate de control político sobre el papel y el estado del Sector Cultura, Recreación y Deporte, en el que quedó evidenciada una fuerte controversia por el contrato con Fundalectura para administrar la Red Distrital de Bibliotecas Públicas.

Al tiempo que el concejal de Cambio Radical, José David Castellanos, denunció supuestas irregularidades en el Contrato Fundalectura, la Secretaría Distrital de Cultura y Deporte aclaró que la contratación no solo cumplió con todos los requisitos de ley, sino que ha sido beneficiosa para la ciudad.

Para el Concejal de Cambio Radical, “la Secretaría de Cultura realizó contratos que superan los límites establecidos por la ley bajo la modalidad equivocada y que no dan resultados a la ciudad. Casos como Fundalectura, que tiene la responsabilidad de la operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Capital de Bibliotecas Públicas y Paraderos para Parques para Libros con quien hicieron tres contratos (fraccionamiento) de manera directa en los cuales se encontró objetos contractuales idénticos y realizados en los mismos períodos de tiempo, con el posible ánimo de evadir una licitación, y de igual manera un contrato con Fundalectura por menor cuantía por más de 13 mil millones, el cual fue adicionado en más de 7 mil millones, monto que no está permitido por la Ley 80”.

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Licitación

La Secretaría de Cultura explicó que la licitación se realizó y se cumplió con lo especificado por la Ley. El 19 de febrero de 2016 se abrió el proceso de licitación pública N°SCRD-005-001-2016 con el fin de otorgar la concesión de operación, explotación, administración y prestación de servicios de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, proceso al que se presentaron dos proponentes: la Unión Temporal Bibliotecas Públicas (conformada por la Universidad Popular del Cesar y una empresa dedicada a la prestación de servicios de tecnología y telecomunicaciones llamada Ciatel) y Fundalectura.

La Secretaría de Cultura explicó que este proceso fue declarado desierto, mediante la Resolución 166 del 7 de abril de 2016, debido a que ninguno de los proponentes cumplió con los requisitos mínimos durante la etapa de habilitación.

Resulta que esta reglamentación permitía que la Secretaría de Cultura adelantara un proceso de selección abreviada de menor cuantía, que se abrió el 20 de abril de 2016 y al cual se presentó un solo proponente, Fundalectura, entidad a la que finalmente se le adjudicó un contrato, al cual posteriormente se le hizo una adición inferior al 50%, de acuerdo con lo que dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

De acuerdo con lo expresado por la entidad distrital, el contrato con Fundalectura no solo cumplió con todas las condiciones legales sino que su desarrollo ha dado buenos resultados para la ciudadanía. Desde 2016 a la fecha se han incorporado dos nuevas bibliotecas a la red, ubicadas en las localidades de Sumapaz y Ciudad Bolívar, además de completarse 71 PPP y 10 Bibloestaciones, con lo cual se consolidó una amplia red de servicios y acceso al libro y a la lectura en todas las localidades de la ciudad.

Para el concejal Castellanos, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural incurrió en prácticas similares al fraccionar, presuntamente, en dos convenios de asociación celebrados con Fundación Amigos del Museo Mayor, los cuales fueron ejecutados en los mismos tiempos y objetos, por un total de 650 millones. Así mismo se encontró que cuatro contratos fueron ejecutados como los anteriores y tenían el mismo objetivo: alquiler de computadores e instalación de software.

Pero estas presuntas irregularidades no se detienen ahí, en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la lupa de la investigación del concejal Castellanos, se detectó que al igual que las entidades anteriores, hubo posibles fraccionamientos a través de dos contratos con el mismo objeto que se relaciona con los procesos de formación en las localidades y tres convenios celebrados con la Fundación Batuta para la formación de la orquesta, todos con obligaciones similares. Según Castellanos, “son cinco contratos durante 2016 celebrados de manera directa: cuyo tiempo de ejecución, objeto y contratista son el mismo”.