Sigue la controversia por los comparendos a los vendedores ambulantes y a quienes les compran, esta vez, en un debate de control político que se realizó en la Comisión Primera de la Cámara, en donde se debatió el tema y en el que uno de los citantes, el representante por Caquetá, Harry González, del Partido Liberal, criticó el Código de Policía, mientras que el ministro de defensa, Guillermo Botero, lo defendió.

Para González hay “una mala interpretación” del Artículo 140 del parágrafo sexto en particular, debido a que según él “no es para eso, es para luchar contra las bandas criminales de ocupación del espacio público y no para sancionar a alguien porque va a comprarse una empanada en la calle, para eso no se hizo esa norma del Código Nacional de Policía”.

Reprochó además que el Gobierno no haya creado la cátedra de cultura ciudadana y preguntó, “¿cuándo van a seguir la capacitación de nuestros policías?”, considerando que “tiene que ser permanente, con rigurosidad la formación a nuestros policías sobre el Código, porque todos los días están saliendo sentencias de la Corte Constitucional que hay que buscar que los policías las apliquen de la manera más adecuada”.

González enfatizó que como preveían que este tipo de situaciones se presentarían con la implementación del nuevo Código de Policía, se creó una comisión de seguimiento “para defender a los vendedores informales y a cualquier ciudadano que crea que se le están afectando sus derechos”.

Al cierre del debate, el congresista señaló que espera tener respuestas por parte del Ministerio de Defensa. “Yo quiero saber quién está dando estas órdenes”, porque “ellos no tienen por qué ponerlos a cumplir unas ordenes que no son”.

El ministro Borrero respondió a las inquietudes presentadas por González y reconoció que aunque “puede pasar que al expedir una orden de comparendo se haga una indebida interpretación del Código, siempre habrá un control de legalidad por parte de los inspectores de policía y del contencioso administrativo”.

Señaló también que se aumentaron las competencias del Ministerio de Defensa para controlar la actividad policial, razón por la que, según Botero, “no se puede hablar de actuaciones arbitrarias”.

Explicó que a pesar de que la Policía es la autoridad central en materia policial, la imposición de un comparendo no implica una multa sino un llamado a comparecer ante la instancia de Inspección de Policía que decide si la actuación da o no para sanción. “Los inspectores de policía son quienes revisan en apelación las decisiones del personal uniformado”, concluyó.