La Sala Segunda de Revisión amparó los derechos de seis niños a la alimentación, la educación, el desarrollo integral en la primera infancia, el debido proceso administrativo y la participación, vulnerados tras el cierre del Hogar Comunitario del Bienestar Familiar al cual asistían. Ello en aplicación del principio de interés superior del niño y considerando su condición como sujetos de especial protección constitucional.
La Corte recordó que el programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pretende apoyar a los padres de familia de los sectores más vulnerables para garantizar que los niños satisfagan sus necesidades básicas de nutrición, desarrollo individual y protección.
En el caso concreto, se comprobó que dentro del procedimiento establecido para el cierre del Hogar Comunitario que cubría a los niños y niñas, no se contemplaron lineamientos claros y estructurados para informar sobre dicho cierre a los padres o representantes legales de los niños, quienes se ven directamente afectados con la decisión de la administración.
Para la Sala, la falta de un protocolo claro en cuanto a la notificación del acto administrativo que dispone el cierre de un hogar comunitario limita la capacidad de los padres para planificar adecuadamente cómo actuar frente a esta situación y participar como parte interesada en las decisiones que impactan en el bienestar de sus hijos, lo que puede comprometer los derechos de los menores, así como afectar su desarrollo integral.
En materia del derecho al debido proceso administrativo, la Corte observó que el principio de participación adquiere una especial relevancia, pues la notificación efectiva a los padres de los niños es crucial para asegurar el principio del interés superior del menor, que es el fundamento de los derechos a la alimentación, a la educación, a la protección integral y a la toma de decisiones informadas respecto de su bienestar.
De otro lado, la Sala también encontró que con la decisión adoptada por la Regional del ICBF se dejó en un estado de vulnerabilidad a los niños y niñas, a quienes se les privó de un entorno seguro que les proporcionara alimentación, educación y cuidado. Esta falta de acceso a servicios básicos se traduce en una afectación directa de sus derechos.
Aunado a lo anterior, la Sala concluyó que ante cualquier actuación administrativa siempre debe prevalecer el interés superior de los niños y niñas. Si bien las autoridades deben seguir procedimientos internos, estos deben alinearse a las garantías constitucionales para la protección de los sujetos de especial protección. No puede excusarse la autoridad en la observancia de las formas para pasar por alto los derechos de los menores, pues como se mencionó, es imperativa la prevalencia del interés superior de la niñez sobre cualquier trámite administrativo.
En consecuencia, la Corte le ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reabrir la Unidad de Servicios del Hogar Comunitario y crear nuevos Hogares Comunitarios donde deberá otorgar un cupo a los 22 niños y niñas que residen en la zona. Para ello, coordinará con las entidades administradoras de servicios (EAS) la prestación del servicio, asegurando que este se brinde:
- Por una madre o padre comunitario capacitado.
- En un espacio físico que cumpla con las condiciones de calidad establecidas en el “Manual Operativo - Modalidad comunitaria para la atención a la primera infancia”.
- Garantizando una atención de calidad en la educación inicial.
- Suministrando las raciones diarias alimentarias de acuerdo con los requerimientos calóricos para niños y niñas en el rango de edad de 0 a 5 años.
Por otro lado, le ordenó a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en 60 días implemente un protocolo claro de notificación cuando opere el cierre de los hogares comunitarios, asegurando que los representantes legales de niños y niñas sean debidamente informados, y que se concreten rutas de reubicación que garanticen la protección de los derechos de la primera infancia, en igual o mayor medida, con respecto a la asistencia y protección que venían recibiendo.
Este protocolo debe garantizar la comunicación clara sobre los motivos para el cierre del Hogar Comunitario de Bienestar, las rutas de reubicación de los niños y niñas, así como las alternativas disponibles para garantizar la continuidad en la protección de sus derechos.