El alto comisionado para el Posconflicto en Colombia, Emilio Archila, indicó que es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que debe tomar una decisión respecto al caso del exlíder guerrillero de las FARC, Seuxis Paucias Hernández, conocido como 'Jesús Santrich', solicitado en extradición por los Estados Unidos.

Esto luego de la supuesta pérdida de la carta enviada por las autoridades colombianas al Departamento de Justicia estadounidense, en la que se solicitaban pruebas para sustentar el pedido de extradición en contra de Santrich por supuestos delitos de narcotráfico.

“La JEP hace parte de la justicia del país, lo que le corresponde al Gobierno al respecto es garantizar su independencia. En esa medida, es a la JEP la que le corresponde tomar esas decisiones”, dijo Archila en entrevista para la Agencia Anadolu. 

Este jueves, después de que la ministra de Justicia Gloría María Borrero indicara que el documento fue enviado por correo certificado a través de la empresa de mensajería 4-72 y que se extravió en Panamá, el Consejo Político Nacional del ahora partido político FARC calificó como "inaceptable desde todo punto de vista" que la mencionada carta "nunca llegó a su destinatario" y señaló que teme que esto pueda ser una acción de desprestigio desde la Casa de Nariño a la JEP y de obstrucción de la justicia especial.

Sin embargo, el alto funcionario desestimó esta posibilidad y reiteró el respeto del Ejecutivo a esta jurisdicción. “No conozco ningún pronunciamiento del Gobierno en el que se haya hecho un calificativo negativo respecto de la JEP”, aseveró. 

El pasado 28 de enero se venció el término de 40 días dado por la JEP para el traslado de las evidencias con las que se lograría definir si el excomandante del desaparecido Bloque Caribe de la otrora guerrilla no debe ser extraditado y ser juzgado por la justicia transicional o si su extradición le corresponde a la Corte Suprema de Justicia.

Según lo pactado en el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC en noviembre de 2016, si algún excombatiente comete un delito con posterioridad al 1 de diciembre de 2016 perdería los beneficios jurídicos del proceso de paz y sería juzgado por la justicia ordinaria.