El exvicefiscal y exdelegado por Colombia a la Comisión de Estupefacientes de la ONU, Francisco José Sintura, habló sobre las implicaciones que tiene la propuesta del Gobierno de decomisar la dosis mínima
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EL NUEVO SIGLO: ¿Qué evidencia que la mayoría de la opinión pública, que no sabe de debates jurídicos ni constitucionales, esté a favor de que no se consuma drogas en las calles, parques ni sitios públicos?
FRANCISCO JOSÉ SINTURA: La consideración que se hace es del respeto por los derechos de los demás.
Es decir, de un lado está el libre desarrollo de la personalidad individual y de otra está el derecho colectivo de los demás a tener un ambiente seguro, tranquilo, sano y sin la presencia de adictos que puedan poner o perturbar ese ambiente.
Entonces se trata de una atención de derecho entre uno individual del adicto a consumir y uno colectivo de la comunidad a tener un ambiente tranquilo.
ENS: ¿Qué medidas propone el Gobierno?
FJS: Las medidas que están propuestas por el Gobierno imponen sanciones administrativas consistentes en el decomiso de la sustancia que constituye una dosis mínima y una multa. Ese instrumento de control social es mucho menos agresivo que la cárcel, que queda reservada exclusivamente para cultivadores y para comercializadores que desarrollan conductas que sí son delitos con penas muchísimo más graves.
ENS: ¿Cómo observa el tratamiento propuesto?
FJS: Nos parece que es un tratamiento apropiado considerando la disímil cantidad de los daños que se causan con una u otra conducta, y eso debe complementarse necesariamente con la persecución de la ganancia ilícita, que es lo único que sirve a los propósitos de perseguir el narcotráfico.
Pero finalmente la discusión global debe apuntar a la conveniencia de la legalización, como ya ocurre precisamente con esa permisión de los cultivos con propósitos medicinales.
ENS: El Código de Policía autorizó al decomiso de las drogas y conducir al drogadicto. ¿Bajo esa tesis, entonces el decreto que piensa dictar el Gobierno sería constitucional?
FJS: Lo que pasa es que el decreto no autorizó conducir. El decreto, lo que yo he revisado, es que autoriza en primer lugar el decomiso de las sustancia y en segundo lugar la probable imposición de multas, pero previo a un procedimiento que ese sí, es un procedimiento que es irregular, que es inconstitucional, porque deja en manos de un funcionario, de un policía, decidir si le cree o no le cree al padre, o a la madre del adicto, o a unos certificados médicos, si les cree, o no les crees sobre su contenido. Ese es abiertamente inconstitucional.
Aplicación
ENS: Un tema difícil: las licencias que se entregan a particulares para sembrar marihuana…
FJS: Son controladas las licencias que están entregando las autoridades a algunos particulares para sembrar marihuana con fines medicinales, en la medida que no son cultivos extensivos sino que son cultivos limitados y con un propósito específico. Y es que no se puede comercializar sino para fines medicinales, lo cual exige que exista control sobre los médicos que recetan este tipo de instrumentos que incluyen sustancias sicotrópicas.
ENS: Hay quienes apoyan el objetivo del decreto, pero le ven problemas de aplicación práctica. ¿Qué opina?
FJS: Eso es cierto. La verdad es que es una medida de carácter administrativo. No es una medida de carácter penal, aunque sí es un instrumento sancionatorio.
Entonces yo veo una enorme dificultad para su aplicación, porque dejar en manos de la policía la discrecionalidad, es decir al capricho del funcionario de Policía Nacional, del patrullero o de la cadete, decidir si una persona ha infringido una norma de Policía es abiertamente un procedimiento inconstitucional, entonces la aplicación práctica del sistema es mínimo.
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ENS: En 1994, cuando se despenalizó el porte de la dosis mínima personal, el consumo interno de drogas era bajo y sobre todo en adultos… Hoy, es alto y afecta a los niños y jóvenes. ¿Esa realidad puede cambiar la jurisprudencia de la Corte al respecto?
FJS: Lo que la Corte dijo es que no se puede penalizar al adicto. Es decir, que el consumo de sustancias psicotrópicas o narcóticas es una conducta que tiene que ver con un problema de salud que debe tener una serie de controles e instrumentos de prevención y no de represión. A eso es a lo que apunta realmente el fallo de la Corte: no a la despenalización del consumo, sí a la prevención como problema de la salud pública.
ENS: ¿Qué pesa más: el derecho prevalente de un niño a un entorno sano y libre de vicios o el derecho de un drogadicto en desarrollo de su libre personalidad para consumir drogas en donde quiera?
FJS: Como hay esa tensión de derechos, entre el individual del adicto por consumir y el colectivo de tener un ambiente sano, lo que debe privilegiar es el derecho colectivo, o el derecho general de toda la comunidad a tener ese ambiente sano, no solamente para niños, sino para adultos, para mayores y para jóvenes.
Investigación
ENS: Desde el punto de vista estrictamente penal, ¿cómo separar al adicto del jíbaro que se aprovecha del tema de la dosis mínima para trasladar pequeñas cantidades de droga?
FJS: Es un tema obviamente de actividades de investigación de la Policía y de la Fiscalía, porque claramente hay que perseguir el microtrafico, hay que perseguir al jibaro con todos los instrumentos que la ley penal le permite. Cosa distinta es el caso del adicto que tiene un problema de salud y que requiere un tratamiento diferenciado, no penal, sino un tratamiento clínico.
ENS: ¿La sentencia de la Corte Suprema sobre la “dosis de aprovisionamiento” de un adicto no disparó, indirectamente, el microtráfico en Colombia?
FJS: Es muy posible que el efecto de la determinación de la Corte sobre la ampliación del concepto de dosis mínima, para permitir un concepto de aprovisionamiento, haya permitido que el microtrafico utilice indebidamente una decisión de la Corte para la comisión de delitos; pero no es que el concepto de la Corte conduzca inequívocamente a ese microtrafico, sino que se ha utilizado por la delincuencia ese criterio de aprovisionamiento, que es un criterio equivocado para poder transitar con la sustancia.
ENS: Más allá del debate entre partidarios de despenalizar o legalizar las drogas y aquellos que piden más mano fuerte ¿cómo salvar a los niños y jóvenes de este flagelo de la drogadicción?
FJS: El Estado requiere una política pública en materia de prevención del consumo. Lamentablemente en Colombia no existe una política pública de prevención del consumo. No existen las campañas educativas suficientes y a gran escala en todas las instancias de escolaridad, hasta la instancia universitaria, y menos aún existe una política de prevención en materia de salud para que se acometa un conjunto de medidas que permita reducir los efectos de la adicción y prevenir los efectos de la propaganda alrededor de las sustancias.
ENS: ¿El hecho de que en cuatro años se quintuplicara la extensión de narcocultivos en Colombia, llegando hoy a 209.000 hectáreas, influyó sobre ese aumento de la drogadicción interna?
FJS: Claro que sí, porque el narcotráfico y el microtrafico siguen siendo gran negocio. Allí donde 1 kilo de coca puesto en el Guaviare vale una cifra y ese mismo kilo de coca puesto en Estados Unidos y en Europa vale mil veces más, y naturalmente atrae a quienes están deseosos de un dinero rápido, entonces el aumento de los cultivos son la consecuencia de un negocio que el Estado está llamado a suprimir, por los instrumentos que en estos momentos existen, que es el combate por medio de los delitos para el cultivo y la comercialización.
Debate
ENS: Salvo el tema de la marihuana, en algunos países que flexibilizaron el tema de las drogas se está echando reversa porque resultó peor el remedio que la enfermedad… ¿Qué implica ello para el actual debate en Colombia sobre restringir la dosis mínima?
FJS: En Colombia tenemos que plantearnos el debate acerca de la legalización de la droga. El país recordará que en las épocas del presidente Gaviria incluso hubo una profunda persecución del narcotráfico y del consumo. 20 años después el mismo expresidente Gaviria ha echado marcha atrás en su concepto y aboga por la legalización. Ese es un debate que hay que dar de manera cierta, de manera concreta, sobre políticas públicas, porque evidentemente no ha sido la lucha contra el narcotráfico efectiva para reducir el consumo ni para reducir el comercio, y menos para reducir el cultivo.
ENS: ¿Será que, al final, este tema de la lucha contra el porte de la dosis mínima de drogas, terminará siendo definido por los colombianos en las urnas, como lo piden algunos sectores?
FJS: Las consultas populares no pueden ser utilizadas para cualquier propósito y menos para un tema que debe ser una política diseñada desde el Estado con base en los estudios que permitan arrojar conclusiones ciertas.
Someter al voto popular una consulta sobre la aprobación o no de las dosis personal, abre una puerta para que a futuro sean sometida a votación popular muchos otros criterios de discusión.
ENS ¿Qué experiencias se tienen a nivel internacional?
FJS: A nivel mundial, los países se mueven entre las dos tendencias: la legalización de las drogas, para romper la cadena de comercio, de ganancia, que existe alrededor de ella; o la represión, no solamente del comercio, del microtrafico, del cultivo, sino adicionalmente de la persecución de la ganancia ilícita.
En Colombia tenemos un modelo de represión y de persecución de la ganancia ilícita. En otros países hay un modelo de libre comercio, libre oferta y demanda de las sustancias narcóticas. El estudio que hay que ver es cuáles han sido los resultados en esos países para adoptar una política pública en esa materia.
ENS: ¿Y la regulación de la dosis mínima que plantea la Fiscalía?
FJS: La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la dosis mínima. Y en Colombia está penalizado el tráfico de droga, por lo que las autoridades son las que deben mejorar sus investigaciones para acreditar ante los jueces que las personas detenidas sí son expendedores.