Hay una serie de aspectos desde el punto de vista legal y técnico que sería necesario revisar: Asdeccol

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Se requiere una urgente reforma del control fiscal en el país porque algunas de sus normas ya no calzan a la Colombia de hoy y la tarea de luchar contra la corrupción. Así lo señaló Blanca Ramírez de Salazar, presidenta de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol). También indicó que los recientes cambios que aprobó el Congreso para la elección del Contralor General de la República no libra este proceso de los intereses políticos.

“El control fiscal está gritando hace rato que necesita una reforma, no solamente para su fortalecimiento en todos los sentidos sino porque no ha avanzado. Fue concebido este modelo en la Constitución del 91, y todos vemos en el país con enorme asombro cómo ha crecido la corrupción. Estas entidades no pueden medírseles por la cantidad de dinero que recauden porque entonces querría decir que entre más dinero se recupere estamos en un país muchísimo más corrupto que cualquier otro”, señaló Ramírez a EL NUEVO SIGLO.

Añadió que se requieren diferentes formas de evaluar la gestión de las contralorías, “pues también puede ser medir en términos de lo que han evitado que ocurra, de lo que ha logrado como beneficio. En términos de normas el control fiscal se ha quedado un poco atrás. Para acabar de completar como concepto de la Corte hace tres años se le suprimió hacer uso de una herramienta muy valiosa que era la función de advertencia, con la cual cuando se veía que un contrato que estaba en ejecución iba en bancarrota la Contraloría podía advertir. La Corte dijo que estaba coadministrando y que esa no era la función, que su función era hacer el control posterior y se suspendió”, dijo.

Agregó que hay una serie de herramientas con las que no se cuenta, por ejemplo, el hecho de que quienes salgan condenados en un juicio de responsabilidad fiscal puedan acudir al contencioso administrativo, que no es un órgano especializado en control fiscal, “donde muchos de los fallos, no todos, allí se van para atrás. Hay una serie de aspectos desde el punto de vista legal que habría que revisar y hay una serie de aspectos desde el punto de vista técnico que también habría que mirar para poner el control fiscal a tono con las necesidades del país. Y desde el punto de vista político también por supuesto, por ejemplo, en esto  de la independencia”

Elección del Contralor 

Ramírez de Salazar también se refirió a la Ley que se acaba de aprobar para incorporar la convocatoria pública en la elección por parte del Parlamento del Contralor General.

“Habíamos solicitado a la mesa de negociaciones en el punto político que se reglamentara la elección del Contralor General y de los contralores territoriales por meritocracia, como dice la Constitución que deben ser ocupados los cargos públicos. Eso indicaba haber convocado un concurso de méritos, no una convocatoria que fue como finalmente quedó en la Ley de Equilibrio de Poderes. Se produjo un Conpes, fuimos llamados al Ministerio del Interior, nos presentaron el Conpes para fortalecimiento del control fiscal, pero lo que incluyeron finalmente en el texto de Equilibrio de Poderes fue que el nombramiento del Contralor y los contralores se haría por convocatoria”, indicó.

Agregó la presidenta de Asdeccol que “la diferencia entre convocatoria y concurso es que por convocatoria hacen un examen pero el resultado no obliga a quienes van a elegirlo respetar el orden, no se tiene en cuenta la puntuación. Cuando es por concurso es diferente porque se trata de meritocracia, entonces ahí sí el que ocupe el primer lugar es obviamente quien tiene el mayor puntaje y de ahí para abajo”.

Ramírez señaló que “nos parece que de todas formas eso  no es sano, no es bueno porque todavía da lugar a que haya intromisión en la escogencia de la parte política. Entonces, pues obviamente allí se puede al intervenir que se haga fuerza por ‘X’ o por ‘Y’, como no importa el orden entonces pueden escoger al último de la lista. Entonces sigue habiendo esa posibilidad de manipulación política e intereses de grupos políticos sobre todo. Y eso no arrojará obviamente el mejor resultado para un órgano como la Contraloría General de la República, que es un órgano que debe ser eminentemente técnico e independiente de todos los poderes”.