Presidente calificó como una “intromisión a la soberanía del país” la propuesta hecha en el documento para que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior

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Duras críticas formuló el presidente Iván Duque al informe que presentó esta semana la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Mandatario calificó como una “intromisión a la soberanía del país” la propuesta hecha en el documento para que la Policía Nacional pase al Ministerio del Interior "para fortalecer la capacidad institucional". Esto ante denuncias de supuesto abuso de la fuerza por parte del Esmad durante las protestas y manifestaciones que se han realizado en los últimos meses.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno está analizando el texto con “mucha serenidad”. Sin embargo, manifestó preocupación por las que llamó “imprecisiones”. Señaló que el organismo carece de competencia para dar un debate sobre el Ejército y el Esmad porque “eso le corresponde a las autoridades de Colombia”.

Sobre las críticas que hizo la Oficina en relación con la implementación del Acuerdo de Paz, se mostró preocupado al asegurar que se omitió información. “Me preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial. Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay 16”, dijo.

“Estamos acercándonos a más de 680 obras PDET, vamos a llegar a 700 muy pronto. Hemos activado los esquemas de Obras por Impuestos, hemos activado la participación de las comunidades, se ha hecho una formalización de tierras que puede superar las 300 mil hectáreas, y, adicionalmente, se han incluido más de 600 mil hectáreas al Banco de Tierras”, explicó. “Nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los PDET”, agregó.

Adicionalmente, calificó como “preocupante” que “poco se diga en ese reporte sobre las violaciones constantes a los derechos humanos por parte de grupos armados organizados, como el Eln, como los residuales, como el ‘Clan del Golfo’, como ‘Los Pelusos’. Eso también ha debido quedar consignado ahí”.

Según el Presidente, el informe ha debido destacar también los esfuerzos del Gobierno Nacional para enfrentar las amenazas y los ataques contra líderes sociales, a través de iniciativas como el Plan de Acción Oportuna (PAO), la política pública en esta materia y mecanismos como el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (Cerren) y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas (Ciprat).

Finalmente, afirmó que no puede haber sesgos. “Creo que todo eso nos lleva a nosotros a decir que no puede haber sesgos; nosotros estaremos en el escenario que nos corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos, elevando la voz del Gobierno colombiano, como lo hemos hecho siempre, con evidencia y con contundencia”, indicó.

EL NUEVO SIGLO muestra aspectos clave del informe y otras respuestas que han dado hasta el momento los voceros del Ejecutivo.

RECUADRO

Estos son puntos de controversia

1. Asesinatos a defensores de DDHH y excombatientes

En el informe se señala que los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50% en 2019 comparado con 2018. Así mismo, se alerta sobre los crímenes contra excombatientes. Al respecto, Alberto Brunori, representante de la Oficina en Colombia, manifestó que la reintegración de los excombatientes “ha sido uno de los grandes éxitos. La alta comisionada en su informe alaba aquellos excombatientes que se han reintegrado y le han apostado a la paz. Pero es indudable que hay un número de asesinatos que es de extrema preocupación. La Misión de Naciones Unidas, que es la que lleva el seguimiento, estaba hablando hace unos días de más de 186 asesinatos. Un proceso de paz donde se asesinan a excombatientes enfrenta riesgos”.

En respuesta, el alto consejero para la Estabilización y el Posconflicto, Emilio Achila, dijo que el informe “omite las más de 34 medidas de seguridad adicionales que hemos tenido para los excombatientes y omite de una manera sorprendente los resultados que ha tenido la Fiscalía y la justicia colombiana para condenar a los cabecillas y a los autores materiales de esos homicidios”.

2. Uso excesivo de la fuerza

El informe denuncia que, durante las protestas sociales en el 2019, algunos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza. En el documento se menciona una presunta privación arbitraria de la vida de un estudiante de 18 años en Bogotá. También que algunos manifestantes en Bogotá, Cali y Medellín sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o por impactos de proyectiles disparados por las fuerzas policiales.

En respuesta a este punto, el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, afirmó que el reporte contiene “afirmaciones que atacan la legitimidad de las instituciones” y que son “imprecisas”.

Señaló además que la Oficina de DDHH de ONU “podría exceder el mandato al hacer valoraciones subjetivas sin elementos de juicio sobre operaciones militares y procedimientos de Policía desconociendo el contexto operacional y la información de inteligencia que se surte para estos efectos. Las valoraciones sobre el planteamiento y desarrollo de las operaciones de la fuerza pública corresponden a las autoridades judiciales y disciplinarias competentes de acuerdo con pruebas técnico-científica”.

“Desconcierta la referencia en el informe a un presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional en el control de actos vandálicos y delincuenciales. El informe contiene apreciaciones subjetivas respecto de la doctrina y los protocolos que rigen el uso de la fuerza en estas situaciones desconociendo que los mismos han sido construidos con fundamento en el marco de referencia de las Naciones Unidas”, subrayó.

3. PDET

En reporte señala que en 2018, fueron formulados 16 PDET que “contaron con altos niveles de participación comunitaria, incluyendo pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Si bien esto generó una esperanza significativa para la implementación efectiva de los PDET, durante el período cubierto por este informe, el ACNUDH observó pocos avances y una mínima coordinación con otros programas relevantes, como el Plan de Reparación Colectiva, establecido en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y el Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)”.

En respuesta, el consejero Archila se mostró extrañado de estas críticas debido a que considera que lo reportado por Carlos Ruiz Massieu, delegado de la ONU para la verificación de los acuerdos, es distinto.

“Dice el reporte que durante la administración anterior se avanzó en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, pero que durante este gobierno no se ha visto ese avance. Esa manifestación contrasta de una manera abrupta con el reporte que el enviado especial para el seguimiento de la implementación de los acuerdos le ha venido dando al Consejo de Seguridad de la ONU. El representante Ruiz Massieu ha resaltado de una manera significativa lo que se ha hecho en ese campo”, expresó.

4. Ejército en seguridad ciudadana

En el informe de ONU se insta al Estado a “restringir, en la mayor medida posible, y de acuerdo con las normas y estándares internacionales, el uso del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, incluida la protesta social. Así mismo, y de acuerdo con la necesidad de fortalecer la capacidad institucional de la policía, recomienda transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior”.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes, Trujillo, afirmó que “señalar que el Ejército realiza operaciones de seguridad ciudadana constituye un ejemplo de desconocimiento del contexto colombiano. El control militar que realizan las fuerzas militares se da dentro del mandato constitucional y legal asignado y con estricto apego a los estándares que regula el derecho internacional”.