El presidente Iván Duque y su antecesor, el expresidente Juan Manuel Santos, se encontrarán por primera vez el próximo jueves, 7 de marzo, en la Corte Constitucional donde se desarrollará la audiencia pública de seguimiento a la fumigación de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato.

El encuentro se dará por invitación del tribunal constitucional que evaluará las condiciones que fijó en 2017 cuando ordenó suspender la aspersión aérea con el químico, pero que la actual administración pidió restablecer debido al crecimiento de las plantaciones de cultivos ilegales desde que se suspendió su uso.

En la audiencia, además de Duque y Santos, intervendrán varios ministros y exministros de las dos administraciones.

Duque estará acompañado por sus ministros de Defensa, Guillermo Botero; de Justicia, Gloria María Borrero; Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; Ambiente, Ricardo Lozano Picón, y de Salud, Juan Pablo Uribe, quienes defenderán la necesidad de regresar a la aspersión aérea con glifosato, y presentarán estudios sobre la inocuidad de su uso para la salud humana y el medio ambiente.

Por el lado de Santos también fueron invitados los exministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y de Salud, Alejandro Gaviria.

El cierre de la audiencia estará a cargo del expresidente liberal César Gaviria Trujillo, actual miembro de la Comisión Global de Política de Drogas de las Naciones Unidas.

La audiencia será presidida por el magistrado Alberto Rojas Ríos, encargado de redactar la ponencia que será sometida a consideración de la Sala Plena del alto Tribunal.

La audiencia forma parte de las decisiones que adoptó la Corte Constitucional en 2017 cuando resolvió una acción de tutela formulada por la Personería de Nóvita (Chocó) en defensa de varias comunidades indígenas regionales por el uso del químico en sus territorios ancestrales.

Cuatro ejes temáticos 

De acuerdo con la agenda a desarrollar, serán cuatro ejes temáticos los que se abordarán en la diligencia pública. El primero se relaciona con los riesgos para la salud de las personas. Allí participarán como expertos el exministro Alejandro Gaviria y Gina Tambini, representante en Colombia de la Organización Mundial de la Salud. 

“Este punto tendrá como objetivo establecer evidencia científica, actuales investigaciones y nuevos hallazgos sobre los efectos del glifosato en la salud humana y en la biodiversidad vinculada al ser humano”, dice la agenda diseñada por la Corte.

El segundo eje temático se relaciona con los estudios recientes sobre las consecuencias o beneficios en la utilización del glifosato frente al medio ambiente, fuentes de agua, vegetación y animales. Los invitados son profesores de las universidades Nacional, Javeriana y Guelph (Canadá).

El expresidente Santos participará en el tercer panel temático relacionado con Seguridad y Defensa, donde se busca determinar cuáles son los métodos más efectivos de erradicación de cultivos ilícitos con el químico.

El cuarto panel se dedicará a mostrar los avances o retrocesos en la implementación de programas de sustitución de cultivos que se adelantan en el país. Para ello se escucharán las voces del expresidente César Gaviria; el presidente de Indepaz, exministro de Salud Camilo González Posso; el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y la docente Kristina Lyons, de la Universidad de Pensilvania. 

Las exigencias de la Corte

En la sentencia T-236 de 2017, la Corte fijó seis requerimientos para autorizar el uso nuevamente del glifosato:

1. La regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto a las entidades encargadas de ejecutar los programas de erradicación de cultivos ilícitos, e independiente de esas mismas entidades.

2. La regulación debe derivarse de una evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos, como el riesgo al medio ambiente, en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado.

3. El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos.

4. La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones, deberá contar con condiciones de rigor, calidad e imparcialidad.

5. Los procedimientos de queja deberán ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo.

6. En todo caso, la decisión que se tome deberá fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente.