Leonardo Espinoza dejó sin futuro el consenso del ente acusador con empresarios que tenían información sobre los 'Bulldozer'

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En vilo quedaron los preacuerdos que la Fiscalía General de al Nación había firmado con los empresarios de Odebrecht que tenían información sobre el llamado grupo de los 'Bulldozer', los congresistas que estaban implicados en el escándalo de corrupción.

Así lo decidió el fiscal ah doc para el caso de la multinacional, Leonardo Espinoza, quien entrará a revisar todas las negociaciones con los testigos del ente acusador en el caso Odebrecht.

Los afectados con la decisión son Eduardo Zambrano, Federico Gaviria, Gustavo Torres y Gabriel Dumar.

Al parecer, Espinoza consideró que los testigos no habrían aportado información relevante a la investigación por el pago de millonarios sobornos para obtener contratos viales en el país.

Los empresarios habían manifestado mediante sus abogados entregar los nombres de dirigentes políticos y particulares que tuvieron participación directa en este escándalo de corrupción.

En el escándalo, el empresario Gaviria sacó al aire la supuesta existencia del denominado grupo de ‘Los buldócer’, senadores que habrían hecho gestiones a la multinacional brasilera a cambio de millonarios coimas. El involucrado en el escándalo  había aceptado en el preacuerdo los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, cohecho y enriquecimiento ilícito. A cambio le prometían una condena de 7 años de cárcel.

Las investigaciones de la Fiscalía han determinado que durante los años 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de las sociedades colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el Consorcio Constructor Ruta del Sol – Consol, filiales de Odebrecht, se llevaron a cabo pagos relacionados con la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, a través de contratos simulados, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que según las evidencias recaudadas no se habrían ejecutado ni prestado.

Por su parte, la Fiscalía también le prometió preacuerdo a Eduardo Zambrano por el delito de enriquecimiento y concierto para delinquir. Por fuera de su condena quedará por fuera el lavado de activos. La condena estaba pactada en 6 años ocho meses de prisión.