El comandante del Eln, ‘Antonio García’, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el sargento del Ejército Libey Danilo Bravo, secuestrado el 14 de febrero en el municipio de Arauquita, será liberado respetando su dignidad e integridad.

De acuerdo con García, el militar es un prisionero de guerra y se le está respetando ese estatus y sus derechos de víctima como lo establece el Derecho Internacional Humanitario.

Según el grupo insurgente, el secuestro del militar se dio por las actuaciones de las Fuerzas Militares, que asesinaron en estado de indefensión a miembros de esa guerrilla en El Naya y en Antioquia.

Ante estos hechos el comisionado de paz, Danilo Rueda, fue claro al señalar que en las negociaciones con el Eln, tras conocerse la noticia de un nuevo secuestro contra un sargento en Arauca, “se ha exigido al Eln en la mesa que está sesionando en México la libertad del militar que se encuentra en su poder. Ya se pidió la liberación, el propio presidente de la República lo hizo; cuando recibimos la información estando en México, de manera inmediata le solicitamos al Eln su libertad”.

A pesar de este hecho, Rueda afirmó que “hay voluntad de parte del Ejército de Liberación Nacional. Estamos hablando de un diálogo en medio de una conflictividad armada que no tiene cese de fuego”.

El alto comisionado para la Paz sostuvo, en la Comisión de Paz del Congreso de la República, que se adelantan acciones para la liberación de las personas en poder de la organización guerrillera. Sin embargo, aclaró que con el Eln no se ha firmado un cese al fuego, sobre el que se discute en el segundo ciclo de conversaciones en México.

El comisionado también habló sobre el concepto de la Presidencia con el que se confirmó que desertores del Acuerdo con las Farc, como ‘Iván Márquez’, no tendrían tratamiento o negociaciones políticas. “La ley 2272 se refiere, en el artículo 2, a una situación en la cual se excluye a personas que han firmado procesos de Paz, de ser beneficiarios de esta ley. La alta instancia está en la definición de calificación de quiénes son grupos de alto impacto”.

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Sin embargo, desde que el sargento fue secuestrado, su familia pidió su liberación y cuestionó la voluntad de paz del grupo guerrillero, cuyos representantes están en este momento en México, llevando a cabo el segundo ciclo de conversaciones con el Gobierno nacional.

Tan pronto como conocieron la situación en la Octava División del Ejército Nacional, se informó a las autoridades competentes para adelantar las denuncias, así como se activó un plan candado y un dispositivo de seguridad, en coordinación con la Policía Nacional, para tratar de ubicar al sargento.

“Ninguna persona debe ser sometida a las cadenas del secuestro bajo ningún pretexto. Es una clara violación a los DD.HH y al DIH”, señaló la Armada Nacional sobre la retención ilegal del sargento Bravo, por quien se exige su liberación inmediata.

El Ejército Nacional rechazó el hecho y aseguró que “esta acción criminal viola los derechos humanos y es una infracción al DIH”. Señaló que ya se instauraron las denuncias respectivas tanto ante organismos nacionales como internacionales, por considerarse un crimen de lesa humanidad.

Refinería en frontera

Mientras tanto, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía General, el Ejército Nacional, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se logró hallar, en el municipio de Arauquita (Arauca), el centro ilegal de procesamiento de hidrocarburos de la guerrilla del Eln.

“En el lugar se encontraron cinco piscinas de almacenamiento de crudo, cuatro estructuras para el refinamiento, un canal de almacenamiento, un canal de enfriamiento, 2.500 metros de manguera, 120 metros de tubo galvanizado de una pulgada, un tanque plástico con capacidad para 20.000 galones, 28 canecas metálicas y 171 mil galones de crudo sin refinar”, indicó un comunicado emitido desde la Fiscalía General.

Presuntamente el complejo clandestino de hidrocarburos sería del denominado frente Domingo Laín Sáenz, concretamente de uno de sus cabecillas conocido con el alias de ‘Pedro Boyaco’. Desde el ente acusador fue resaltado que la acción operativa permitió la incautación de elementos y maquinarias necesarias para la refinación.