A solicitud de la empresa Sea Search Armada, SSA, por medio de un auto proferido la semana pasada, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el embargo o secuestro de los tesoros del galeón San José.

Según el fallo divulgado ayer, por cuenta de la decisión judicial no se podría adelantar cualquier contrato para rescatar el Galeón.

Esta medida cautelar, señala el fallo, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de julio de 2007, por la cual se declaró a Sea Search Armada propietaria del 50% de los tesoros que se encuentren en las áreas marítimas denunciadas en 1982.

Sin embargo, ayer mismo la vicepresidente Marta Lucía Ramírez advirtió que el Gobierno no permitirá que el tesoro acabe en anticuarios del mundo.

Ramírez dijo que "nuestra historia y el legado de nuestros antepasados no terminará convertido en bienes para negociar por anticuarios, coleccionistas ni cazatesoros del mundo entero".

La funcionaria añadió durante la instalación del foro internacional "Retos y perspectivas de la formación académica en Patrimonio Cultural Sumergido en América Latina" que la Constitución del país "impone el compromiso de defender el patrimonio de todos los colombianos y el Gobierno del presidente Iván Duque no ahorrará esfuerzos en esta labor".

Colombia anunció el pasado 6 de marzo en Cartagena de Indias que prolongaba una vez más la suspensión para contratar a la empresa que extraerá el pecio.

En el fallo ya mencionado, se estableció que "a partir de la medida cautelar ordenada por el Tribunal, será absolutamente nulo por objeto ilícito cualquier contrato que se celebre sobre los tesoros embargados del galeón San José".

Recordó que el secuestro de los tesoros fue inicialmente decretado el 12 de octubre de 1994, inmediatamente después de la sentencia de primera instancia, pero fue levantado el 31 de octubre de 2017 por el Juez 3º Civil del Circuito de Barranquilla.