Hoy se cumple un mes de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la migración de esos ciudadanos a Colombia.

________

Este 8 de marzo se cumple un mes desde que el presidente Juan Manuel Santos visitara Cúcuta para anunciar una serie de nuevas medidas para hacer frente a la migración desde Venezuela. Según la Cancillería y Migración Colombia, desde entonces el ingreso promedio diario por los pasos oficiales se ha reducido un 30% y más de 100 mil ciudadanos venezolanos se han beneficiado con la entrada en vigencia de la segunda etapa del Permiso Especial de Permanencia (PEP). Persisten retos como adelantar un censo de esta población migrante y solucionar su situación de precariedad marcada por la pobreza, el desempleo y la informalidad.

En este mes, la crisis humanitaria y socioeconómica que vive Venezuela no ha mejorado. La escasez de alimentos y medicamentos, la falta de insumos y atención adecuada en centros hospitalarios, la situación de riesgo de defensores de derechos humanos, la detención sin debido proceso, la vulneración de garantías y derechos políticos, la inseguridad, la extrema hiperinflación y devaluación del bolívar, siguen presentes y son, entre otros, los factores que obligan a miles de venezolanos a salir de su país.

Mientras la situación interna en Venezuela siga empeorando, la cantidad de personas que se vean forzadas a salir del país seguirá aumentando. Aunque los venezolanos huyen hacia distintos países, Colombia es el principal receptor por tener la frontera más extensa y asequible: más de 2.000 kilómetros en los que hay 7 pasos oficiales habilitados y cientos de trochas informales.

El pasado 8 de febrero, Santos anunció una nueva política migratoria orientada a generar una migración más ordenada. Las medidas principales consistían en exigir el pasaporte a los migrantes, eliminar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), ampliar el Permiso Especial de Permanencia (PEP), ofrecer salud y educación a los venezolanos, censar a esta población migrante para conocer su dimensión y necesidades, y ampliar el pie de fuerza en las trochas ilegales.

Según explicó la Cancillería colombiana a la Agencia Anadolu, un mes después de este anuncio el promedio diario de ingresos de ciudadanos venezolanos al territorio nacional disminuyó en cerca de un 30%. Así mismo, la autoridad migratoria colombiana ha adelantado más de 20 mil procedimientos de verificación en los departamentos de Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, los cuales han dado como resultado la cancelación de más de 1.200 TMF, por uso indebido de la misma o falsedad en el documento.

Frente a la entrada en vigencia de la segunda etapa del PEP, Migración Colombia informó que a la fecha son más de 100 mil los ciudadanos venezolanos que se han acogido a este beneficio para regularizar su condición migratoria, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali.

Los controles de ingreso en los 7 pasos habilitados por el Gobierno en la frontera se reforzarán próximamente con más equipo humano y técnico. Para eso llegarán 20 equipos de reconocimiento biométrico, denominados BITMAP.

Según la Cancillería, este balance es positivo y “se puede afirmar que, en la actualidad, el ingreso de ciudadanos venezolanos a territorio colombiano se viene haciendo de forma controlada, ordenada y dentro de la legalidad”.

Ahora bien, desde que Santos anunció que solo podrían entrar legalmente aquellos venezolanos que portaran su pasaporte, en múltiples organizaciones humanitarias surgieron dudas sobre esta medida. En Venezuela es muy complicado sacar el pasaporte y en todo caso, dada la inseguridad y la precaria situación socioeconómica, las personas siguen viéndose forzadas a huir de su país. Por eso, el riesgo es que los que no tienen pasaporte decidan irse aunque sea por caminos informales. Lo que puede pasar es que mientras la migración legal se reduzca y sea más ordenada, la migración ilegal aumente.

Las cifras de esta migración ilegal son opacas. No hay sistemas de monitoreo en los cientos de pasos informales entre ambos países. Muchos se ubican en zonas controladas por actores armados ilegales, que incluso cobran por el paso a los migrantes. Por más que se anuncie un aumento considerable del pie de fuerza, es imposible tener un control total y permanente en una frontera tan porosa y extensa como la colombo-venezolana.

A lugares de acogida en Cúcuta, como el Centro de Migraciones de los religiosos scalabrinianos o el Centro Piloto del barrio Camilo Caza, siguen llegando diariamente personas y familias sin pasaporte. Así lo señaló Gladys Garavito, coordinadora de la pastoral de la movilidad y una de las protagonistas del Centro Piloto que a diario recibe a los migrantes para brindarles información, asistencia o alguna donación. “Muchos vienen por las trochas, son diariamente alrededor de 20 personas. Llegan niños con desnutrición y familias que por lo general no tienen sino su ropa y una gran incertidumbre por los que les pueda pasar en Colombia. No es una exageración decir que las trochas están desbordadas”.

Casos como el de la familia de Heitor Julio Gómez, quien llegó desde 2015 con sus ocho hijos y su esposa venezolana, se repiten con frecuencia en el barrio Camilo Daza y otros sectores de Cúcuta. Aunque enfrentan múltiples obstáculos, al final muchas de estas familias han logrado que sus hijos vayan a un colegio y que los atiendan en algún centro de salud. Pero al mismo no tienen qué darles de comer en la casa, no tienen con qué pagar los servicios, no tienen ingresos y están a merced de la caridad o de algún trabajo informal que les dé para el sustento diario. A la numerosa familia de Heitor, por ejemplo, le cortaron el agua por falta de pago.