Presidente Duque destacó que se han incautado más de 4 toneladas a los consumidores

La reducción de la oferta es uno de los cinco pilares de la política antidrogas del Gobierno nacional, a la que denominó ‘Ruta Futuro’, que fue lanzada la semana anterior por el presidente Iván Duque.

En ese propósito se mantendrá la estrategia que se viene implementando desde octubre pasado, que autoriza a la policía a decomisar cualquier cantidad de alucinógenos en las calles, incluso la dosis mínima. No obstante la efectividad de esta medida fue puesta en tela de juicio desde sectores académicos.

En diálogo con EL NUEVO SIGLO la directora de Centro de Estudios de Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, Ana María Arjona, indicó “el país venía en una línea de entender más el consumo como un problema de salud pública, que es lo que está pasando en muchos países del mundo, y volver a una mirada más represiva, digamos, con el decreto que permite la confiscación de la dosis mínima, lo que hace es volver atrás”.

Añadió la experta que con esta medida en la práctica lo que se hace es estigmatizar el consumo, “lo cual genera aún más problemas de salud pública porque el usuario tiene menos incentivos para buscar ayuda, porque puede haber una droga muchísimo más adulterada, dado que se aumenta el costo de ponerla en la calle, pero no necesariamente se reduce la oferta porque lo que estamos haciendo es ponerle un costo adicional al vendedor, al eslabón más bajo y más débil de la cadena. Y para esas personas se sube el costo y el riesgo de vender droga, que es uno de los objetivos de la política, frenar el microtráfico, pero para los eslabones más fuertes ellos no tienen problema en buscarle remplazo al joven que está vendiendo droga en una esquina. Esa mano de obra desafortunadamente continúa existiendo”.

Agregó Arjona que “entonces lo que hacemos es castigar de una manera dura ese eslabón débil, hacer más clandestino el consumo, pero no necesariamente  reducir la cantidad de droga que termina estando disponible para los consumidores en las calles”.

Para la académica, otro gran problema que tiene esta medida es un efecto muy desigual “para la población. Entonces a ¿quién termina requisando la policía y a quién termina imponiéndole una multa e incautándole la droga?, a la persona que sale a la calle a comprar droga y luego la porta en el bolsillo. Las personas que tienen los recursos piden la droga a domicilio, y esas personas no va a ser tan fácil que les hagan una requisa o que las encuentren con droga”.

Arjona consideró “entonces lo primero no estamos haciendo una política que realmente logre reducir la cantidad de droga que hay en la calle. No estamos diferenciando entre consumidores problemáticos y consumidores recreativos, y realmente el problema del consumo, lo que nos importa es el consumo, tenemos que estar mirando el consumo problemático y tenemos que estar mirando el consumo en  menores. Pero con estas medidas que son puramente coercitivas lo que ha mostrado la evidencia es que no se termina mejorando el bienestar del consumidor o de la persona que ya es usuaria  sino que se agrandan los problemas asociados al consumo”.

Concluyó la experta que “hay que pensar en cuál es el costo de oportunidad de esos recursos que la Policía va destinar al ir a incautar, qué problemas de corrupción se van a presentar y ver si estos recursos no estarían mejor destinados a hacer mucho más trabajo de inteligencia para desmantelar las redes grandes que están realmente moviendo cantidades grandes de droga”. 

Defienden la medida

En días pasados el presidente Iván Duque dijo que se han incautado más de cuatro toneladas y media de drogas en las calles desde que entró en vigor el decreto que permite a la policía decomisar estas sustancias prohibidas.

“Ya se han practicado 1.354 capturas asociadas a este delito y se han incautado 4.577 kilos de droga en las calles”, precisó el primer mandatario, quien destacó que estas acciones “se han traducido en más seguridad para los entornos de colegios y sitios públicos como parques y zonas de uso recreativo y deportivo”.

Durante la firma del decreto, el primer mandatario señaló que “el microtráfico y consumo de drogas en las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, ha aumentado exponencialmente en los últimos años y no podemos ser indiferentes a esto. Como Gobierno tenemos la responsabilidad y el compromiso de proteger y defender a nuestros niños, jóvenes, y sus familias”.