La Corte Constitucional confirmó la elección de Carlos Pinedo Cuello como alcalde de Santa Marta, al declarar improcedente una tutela de varios cuidadanos que intentaba anular la elección alegabando la violación de su derecho a elegir. La tutela buscaba revertir la negativa de inscripción del candidato Jorge Luis Agudelo Apreza, quien fue descalificado por una inscripción tardía.
El caso se remonta a octubre de 2023, cuando el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta admitió una demanda de tutela vinculando a la Registraduría Nacional, el partido Fuerza Ciudadana y otros actores relevantes. Posteriormente, en noviembre, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior de Santa Marta revocó la decisión del juzgado laboral, ratificando así la elección de Pinedo.
La Corte Constitucional, en su revisión, concluyó que la Registraduría Especial de Santa Marta no vulneró el derecho de los actores a elegir, sino que la afectación recaía únicamente en el derecho de Agudelo a ser elegido. Además, enfatizó que la legitimidad activa para cuestionar la inscripción extemporánea correspondía exclusivamente a Agudelo o al representante legal de Fuerza Ciudadana, no a simpatizantes del partido.
"Confirmar la Sentencia del 23 de noviembre de 2023, dictada por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Superior de Santa Marta," expresó el alto tribunal, reafirmando que las acciones de tutela interpuestas eran improcedentes. Esta decisión incluye la orden de investigar el proceder de ciertos funcionarios y empleados de la oficina de reparto de Santa Marta y del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta.
El Consejo de Estado, a inicios de junio, también había negado todas las pretensiones de Agudelo, consolidando a Carlos Pinedo como el alcalde legítimo de la capital del Magdalena en un proceso sin precedentes en el ámbito administrativo colombiano.
Con esta resolución, se pone fin a una controversia electoral que había generado incertidumbre en Santa Marta, asegurando la continuidad del mandato de Carlos Pinedo Cuello y cerrando la puerta a cualquier posibilidad de revertir su elección mediante acciones judiciales.