Se posesionó ayer en la Casa de Nariño Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, insistiendo en que su principal reto, además de dirigir a 25 mil funcionarios que conforman la entidad, será elevar la institución a un lugar privilegiado que represente justicia y esperanza para los colombianos. En ese propósito el nuevo jefe del ente acusador destacó nueve ejes sobre los cuales enfocará su gestión.
1. Presencia en los territorios. En la actualidad la entidad está en 550 municipios y se espera llegar a 200 municipios más, especialmente a las regiones donde se desarrolla la reincorporación de los desmovilizados del Acuerdo de Paz. “Llegando a los territorios con justicia no solo perseguiremos las economías criminales, sino que protegeremos el medio ambiente. No podemos dejar al garete a departamentos como Guainía, Cauca, Vichada, Vaupés, Putumayo, Chocó y Amazonas, entre otros”, precisó.
2. Lucha contra la corrupción. La Fiscalía concentrará esfuerzos para investigar los hechos criminales que comprometan y pongan en riesgo los recursos de la salud, el medio ambiente, la educación y la contratación pública.
3. Derechos de niñas, niños y adolescentes. Se fortalecerán las unidades que investigan conductas que afectan los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia, en especial el reclutamiento por parte de los grupos armados ilegales y la instrumentalización del delito.
4. Lucha contra la criminalidad de líderes sociales. La Unidad Especial de Investigación trabajará articuladamente con la Delegada para la Seguridad Ciudadana y la Delegada contra la Criminalidad Organizada para incrementar los índices de esclarecimiento de los crímenes y amenazas contra defensores de derechos humanos, excombatientes y sus familiares.
5. Fortalecimiento de la investigación. Garantizar justicia pronta y efectiva mediante el fortalecimiento de los equipos de investigación y de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), será otro de los propósitos del Fiscal General.
6. Priorización de casos. Desarrollar una estrategia litigiosa en la que las medidas privativas de la libertad y el descubrimiento del material probatorio no sean las únicas salidas para el éxito de los procesos.
7. Lucha contra el narcotráfico y las estructuras criminales. “El daño que produce esa actividad lleva no solo a la destrucción del tejido social, sino produce un daño ambiental sin igual. Más de 200.000 hectáreas de cultivos de coca, lleva a ser imaginativos en la acción contra ese flagelo”, dijo Barbosa.
8. Derechos de mujeres y minorías. Avanzar en el esclarecimiento de los crímenes contra mujeres y los grupos de especial protección será un aspecto relevante.
9. Relacionamiento interinstitucional. Se mantendrán relaciones armónicas y de máxima colaboración, en el marco de las competencias, con otras entidades y jurisdicciones como la Justicia Especial para la Paz (JEP).
Estos ejes de gestión serán soportados con un proyecto de ley que buscará reestructurar la entidad y crear más capacidades técnicas investigativas y financieras que permitan avanzar en una mayor cobertura y disponibilidad en los territorios.