A raíz del informe norteamericano, que registró un leve incremento en área sembrada y en producción de cocaína, los legisladores señalaron que la política del Gobierno va por buen camino, pero mientras unos urgen fumigar otros piden sustitución voluntaria

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Según el senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, “las hectáreas de cultivos ilícitos vienen estables y es razón fundamental para que los Estados Unidos soliciten la aspersión aérea con glifosato. Sobre ese tema hay que decir que el Gobierno ha mostrado la mejor voluntad de cooperación y debería ingresar en el esquema de fumigación aérea cumpliendo los protocolos de la Corte Constitucional. Estamos seguros que se debe vigilar con cuidado la frontera agrícola y los centros poblados, de llegarse a adoptar este método de lucha contra el narcotráfico”.

El legislador le expresó a EL NUEVO SIGLO que la relación entre Colombia y Estados Unidos es necesaria para combatir el problema de manera frontal, “pero tenemos que ver si a través de la cooperación judicial podemos establecer mecanismos para que el Gobierno de ese país nos permita participar en la disposición final de los bienes producto del narcotráfico que sean incautados. Porque hay que recordar que quien lleva la peor parte es el pueblo colombiano y sus regiones más apartadas. Ojalá de los bienes incautados en esos países, una parte, llegue a Colombia para aplicar su monetización en gestiones sociales, gestiones de infraestructura y seguridad en los territorios”.

Gómez sostuvo que para atacar de manera efectiva el narcotráfico se tiene que trabajar en varios frentes, entre los que están incluidos la fumigación con glifosato, la resiembra y la dispersión de las disidencias de las Farc: “Definitivamente los territorios donde existen cultivos, históricamente tienen vulnerabilidad en seguridad y presencia de grupos armados de distintos tipos. Y además, han desarrollado muchas herramientas que les permiten sacar más beneficio del cultivo y de la droga. Ese elemento no lo podemos desconocer en términos de productividad para quienes se dedican a este ilícito”.

El representante conservador por Tolima, Jaime Felipe Lozada, aseguró que “suspender la aspersión aérea fue un craso error que hoy nos tiene literalmente nadando en coca. Las disidencias de las Farc y demás grupos al margen de la ley tienen el combustible suficiente para seguir amedrentando, desafortunadamente, a los colombianos. Mal hizo el gobierno anterior en ceder a una petición de las Farc en la mesa de negociación peligrosa e irracional”.

 

Inversión social

 

En diálogo con este Diario, el senador John Harold Suarez, del Centro Democrático, consideró que “los esfuerzos del Gobierno y del Ministerio de Defensa han sido claros y contundentes. Así mismo, el Gobierno se ha comprometido con las comunidades afectadas a través del Plan de Desarrollo que lleva inversión social a esas comunidades, que ven como única alternativa los cultivos ilícitos. En el Plan de Desarrollo hay una gran oportunidad de afectar de manera positiva esos territorios. Aquí, el carburante de la violencia es el narcotráfico y la minería ilegal. No es solamente el tema de cultivos ilícitos. Pero sabemos que el compromiso se ve y se siente por parte del Gobierno”.

El congresista opinó que el aumento de los cultivos se debe a que en el país “en ocho años se le dio mucha larga al fenómeno y no hubo control de los cultivos ilícitos que habían crecido de manera desmesurada. El Gobierno logró parar el crecimiento vertiginoso de estos temas y ahora llegó la hora de llevar la inversión social para reducir estos cultivos”.

En ese sentido, el también senador uribista, Gabriel Velasco, destacó los esfuerzos del Gobierno y reiteró sus críticas al anterior: “El gobierno de hace dos años fue flexible con el narcotráfico y levantó el acelerador en la lucha contra este crimen. Ahora hacer un giro en la política pública de lucha frontal contra el narcotráfico es difícil y crear una política integral para acabar con la coca cuesta. Aquí se necesita sustitución voluntaria de cultivos y un esfuerzo grande en oportunidades rentables en el agro, que se van construyendo, pero toman tiempo. Ha sido difícil usar la aspersión. La Corte abrió un camino bajo ciertas condiciones y el país tiene que estar abierto a esa discusión, porque si no, va a ser imposible”.

Velasco le indicó a este Diario que “cuando se luchó frontalmente contra el narcotráfico se llegó a 40.000 o 60.000 hectáreas. Cuando se suelta el acelerador se llegan a 209.000 hectáreas. Los mecanismos y la forma cómo se luchó contra el narcotráfico eran acertados. Lo que pasa es que nos volvimos flexibles con ese fenómeno. Ahora tenemos que buscar nuevas soluciones para atacar de frente este flagelo, ser creativos e innovadores. Lo que se hizo en el pasado funcionó y lo demuestran los números”.

 

Sustitución

 

El senador Berner Zambrano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), le aseguró a este Medio que en Colombia “no ha existido una política clara en cuanto al tema del narcotráfico. La propuesta del Gobierno ha sido el tema de la fumigación, pero en muchos departamentos hay unos compromisos de la erradicación a través de los cultivos lícitos. Yo sé que la gente está dispuesta a dejar el narcotráfico, pero llevando proyectos productivos rentables. Lo que ha impedido que se reduzca el crecimiento de hectáreas sembradas de coca es que el Gobierno se decidió por la erradicación y no por la sustitución”.

El congresista agregó que el presidente Iván Duque “debe hacer acuerdos con los gobiernos municipales y departamentales para que se le meta el acelerador a la sustitución. Esto es fundamental para llegar a buen puerto”.

 

Área estable

 

Como lo publicó ayer EL NUEVO SIGLO, el área utilizada por los cultivos de coca en Colombia permaneció relativamente estable, según informe de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (Ondcp, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.

El informe registró que en 2019 había 212.000 hectáreas de narcocultivos, con un leve aumento de 8% de la producción potencial de cocaína.

Sobre estas cifras, Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, explicó que “durante este Gobierno se ha logrado detener la tendencia al alza de los cultivos ilícitos”.

A su vez el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, señaló que "las cifras reflejan solamente la realidad hasta mayo de 2019. Es decir, no trata todo el esfuerzo que hizo Colombia a lo largo de ese año. Por esa razón, en una reunión que se hizo con Estados Unidos, se propuso más análisis técnico para unificar la metodología de medición".