Para el catedrático Álvaro Villarraga los informes muestran deterioro de la situación

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“Estamos asistiendo es a un escenario contrario al propósito de una paz estable y duradera”, le manifestó a EL NUEVO SIGLO el catedrático universitario y defensor de derechos humanos de la Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga.

Con el acuerdo de paz con las Farc, sostuvo Villarraga, “lo esperado era una baja sensible y sostenida en los temas de violencia: homicidios, masacres y crímenes con significado político”, pero “estamos hablando del incremento de una nueva modalidad de homicidios, principalmente, contra líderes sociales y contra excombatientes. Homicidios que en la mayoría de los casos se están presentando de manera individual, pero que también se registran casos de homicidios colectivos”.

Para el profesor Villarraga, “además de ello, de manera muy preocupante, estos hechos se están conjugando con escenarios de violaciones graves como desplazamiento forzado contra comunidades como en el Chocó y Nariño y en otros casos de tradicional violencia cómo en el Bajo Cauca Antioqueño y en el Catatumbo. En todo este panorama encontramos, incluso, la identidad tanto de cifras oficiales, informes de la Fiscalía que hace las investigaciones inmediatas como le corresponde y los registros de las organizaciones de Derechos Humanos y lo que va consolidando la ONU”.

“Todos estos informes muestran que hay una tendencia al incremento. Lamentablemente ese incremento aparece acelerado en lo que tuvo que ver en la finalización del año 2019 y lo poco corrido de este año, con un aumento verdaderamente inusitado en las distintas formas de victimización de sectores de la población, paradójicamente, en territorios donde se esperaba que construyeran condiciones para la paz, pasando por las garantías a la vida para garantizar la libertad de las organizaciones sociales y a la superación general de la violencia”, expresó Villarraga, quien precisó que las cifras que registra el Ministerio de Defensa Nacional “sobre los homicidios colectivos son verdaderamente impresionantes. Pero, además, es posible que organizaciones de Derechos Humanos, desde un punto de vista más crítico, a veces tienen de manera más pronta registros más altos de estos hechos, mientras que los entes gubernamentales y estatales, por su mismo carácter, lo hacen más lento tras corroborar insistentemente la información. A veces son reacios si no existen suficientes elementos para reconocer ese tipo de casos. Pero con la información planteada en el informe del Ministerio de Defensa Nacional sorprende y alarma mucho que los mismos registros oficiales están dando cuenta, digamos sin reserva, de esa tendencia a un incremento inusitado”.

Villarraga reiteró “que comparando el porcentaje es realmente alarmante, pues se está presentando un aceleramiento de la violencia. Sabemos que se están presentando estos hechos en regiones afectadas antes por el conflicto, afectadas por la pobreza, donde hay habitantes campesinos, indígenas y población afro en difíciles condiciones de vida, buscando superar su situación con expectativas de reforma agraria, de créditos oficiales, de los programas derivados de los acuerdos de paz y con expectativas de que tenga éxito el programa de sustitución de cultivos, entre otras iniciativas”.

Aseguró que “para nadie es un secreto que se está complicando la situación y en estas regiones es donde más urge aplicar la solución a las inequidades que están en la base de la implementación de las condiciones para la paz”.

De otro lado, Villarraga explicó que “estamos encontrando en primer lugar los casos vinculados a redes delincuenciales asociadas, cómo dice el acuerdo de paz, a las herencias del paramilitarismo. Es decir, los llamados grupos emergentes o bandas como el Clan del Golfo, Los Caparrapos, Los Puntilleros y otros con otras denominaciones en las regiones donde delinquen. Pero en todo caso, esas estructuras paramilitares se han reciclado con el narcotráfico y con otras economías y poderes ilegales y con incidencias también vía corrupción con sectores institucionales y con posiciones coercitivas frente a los pobladores locales. Ese es el actor más implicado y que cubre amplios territorios, según los diferentes informes”.

Denunció que como responsables de hechos de alteración del orden público y sindicados de algunos homicidios colectivos son las disidencias de las Farc que vienen en incremento en éstos tres últimos años, como subproducto del proceso de paz.

“A todas luces es claro que la gran mayoría de los excombatientes, más del 90 o el 95% están cumpliéndole con transparencia a la paz, pero las propias deficiencias de los acuerdos, la atracción de las economías ilegales, llevan y generalmente ha pasado en esos procesos a que un grupo minoritario entre a estas redes delincuenciales y algunos pretendan armar o rearmar a las guerrillas que antes existieron dándoles el nombre de disidencias de manera genérica y oficialmente caracterizados como Grupos Armados Organizados Residuales, GAOr, que han venido incrementando también hechos de violencia en distintas regiones del país”, aseguró el defensor de Derechos Humanos.

Explicó que las disidencias también cometen atropellos contra sectores de la población y están junto con el Eln y las viejas disidencias del Epl, guerrilla que hace 20 años pacto la paz, en la época de la constituyente, pero quedó un pequeño frente en el Catatumbo que sigue cometiendo hechos de violencia e intenta irrumpir en otras regiones del país.