Es necesario un llamado a una ética consciente, que trascienda las individualidades y conecte con el ámbito público y privado. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General

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La ética pública no es exclusiva del sector público; es una responsabilidad que vincula tanto a los servidores públicos como a empresarios, académicos y ciudadanos en general. Este fue el punto de partida del Foro “Ética pública y transformación social: una visión propositiva para combatir la corrupción”, que tuvo lugar el pasado viernes en el Auditorio Luis Carlos Galán, de la Pontificia Universidad Javeriana. En un esfuerzo conjunto de la Procuraduría General de la Nación, la Escuela Javeriana de Gobierno y Ética Pública y la Red Euro Latinoamericana de Gobernabilidad para el Desarrollo (RedGob), se gestó un espacio de reflexión y aportes prácticos para buscar salidas mancomunadas al flagelo de la corrupción. Con la participación de expertos internacionales, representantes de la academia, del sector público y del sector privado, se abordó la necesidad apremiante de trabajar de manera conjunta en la construcción de herramientas que fortalezcan las defensas sociales y sea cada vez más posible contrarrestar los efectos nefastos de la corrupción en Colombia y América Latina.

Víctimas de la corrupción

Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación, señaló la importancia de no desfallecer en la búsqueda de mecanismos que lleven a una efectiva prevención y a una reparación justa y necesaria para todos los colombianos. En esta línea, resaltó el trabajo conjunto que se ha desarrollado con Transparencia por Colombia en la reparación a las víctimas de la corrupción. Esta concepción abre la puerta a un abordaje del problema que permite visibilizar los efectos nefastos de la corrupción y la afectación directa que esta tiene sobre los bienes sociales. Los más vulnerables son quienes reciben con mayor impacto el coletazo de los desfalcos y la malversación de dineros. Es necesario hacer un giro en la lucha contra la corrupción que lleve a rastrear los efectos de este mal en la población y su grave afectación a los derechos humanos.

Si bien, se han llevado a cabo grandes esfuerzos en la captura de los responsables y en la aplicación de penas que representen un justo castigo a sus acciones, debemos comprender que la corrupción es un problema endémico, que no se repara con la detención de unos cuantos individuos, sino que responde a dinámicas arraigadas tanto a las instituciones como a la cultura.

Es necesario visibilizar sus efectos más remotos y recorrer la cadena de consecuencias que va dejando en la garantía de derechos. Esta visión sobre el problema vincula de manera activa a toda la ciudadanía en la medida en que crece la conciencia sobre la responsabilidad que supone hacer mal uso de los bienes públicos.

Si se visibiliza el último eslabón en la cadena de la corrupción queda también en evidencia que la pobreza, la violencia contra los niños, adolescentes y mujeres así como la vulneración de derechos están estrechamente ligados con la manipulación del poder de las altas esferas de la sociedad que lleva a los más descarados actos de corrupción. La tarea de las instituciones y la sociedad debe ir encaminada a una conciencia cada vez mayor de este vínculo y, por lo tanto, al diseño de acciones concretas que persigan la corrupción como causante de estos males sociales.

Digitalización: oportunidades y riesgos

Frente al avance tecnológico y la transversalidad de lo digital en todas las esferas sociales no se puede dejar de reflexionar en torno a la relación de estas nuevas tecnologías con el fortalecimiento de la ética pública. Sobre sus oportunidades y riesgos se dio una nutrida reflexión en el Foro en cuestión. Aitor Cubo, experto del BID en digitalización del Estado, expuso de qué manera las tecnologías pueden fortalecer la transparencia y los mecanismos de gobierno abierto tan necesarios para el fortalecimiento de la democracia en nuestros tiempos. La digitalización supone, primero, tener claridad sobre los procesos y repensar los mecanismos hacia una agilización de trámites, pero también hacia una efectividad de la gestión del Estado. De este modo, contar con herramientas tecnológicas en estos procesos es la gran oportunidad para acercar las instituciones a la ciudadanía y recuperar la confianza perdida en su efectividad. Las oportunidades de acceso a la información, de trazabilidad de los procesos, de memoria disponible para que el ciudadano se sienta escuchado, reconocido y participe de los procesos, es una clave de fortalecimiento no solo de las instituciones sino del ejercicio político en general. En este sentido, el aumento de participación ciudadana en la labor de veeduría, por ejemplo, es uno de los potenciales más significativos que tienen los procesos de digitalización.

Sin embargo, el riesgo que representa una digitalización al servicio de intereses desviados es algo que no se debe minimizar. El riesgo de manipulación o robo de la información es alto en la medida en que las tecnologías, como herramienta, no garantizan que siempre sean usadas para los fines bajo los cuales fueron pensadas. La educación en la virtualidad debe ser un proceso que acompaña de manera constante y siempre revestida de novedad, el diseño, implementación y socialización de uso de herramientas tecnológicas. En este sentido, la ética pública exige que la sociedad entera y sus instituciones estén a la vanguardia en mecanismos de educación que vinculen el cambio tecnológico a los procesos sociales que garantizan transparencia y garantía de derechos.

Sector privado y ética pública

No podía faltar en un espacio de reflexión como este el considerar el papel del sector privado en la lucha contra la corrupción. La ética pública debe invadir el sector privado de manera urgente. Si bien la responsabilidad social ha ocupado un importante espacio en la gestión de los privados, no es suficiente con diseñar acciones que mitiguen algunos de los efectos no deseados de su ejercicio. La responsabilidad que el sector privado ha tenido en los escándalos de corrupción más graves pone en evidencia la necesidad de trabajar de manera mancomunada con otros sectores, en la identificación de los riesgos éticos que suponen no solo los procesos de contratación sino la lógica que motiva a las mismas empresas. El llamado a una ética consciente, que trascienda las individualidades y conecte con el ámbito público, es el mensaje más contundente que queda de este espacio de reflexión.