Una decena de desmovilizados fue citada ante la JEP para rendir informe sobre este proceso

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Esta semana están citados a declarar ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) 10 exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las Farc que hayan hecho parte de su ‘estado mayor’, del bloque noroccidental o los bloques 18 y 36, con el fin de que digan lo que saben sobre posibles sitios de inhumación de personas dadas por desaparecidas en el área de influencia de Hidroituango, en Antioquia.

Esta diligencia fue ordenada tras las exhumaciones iniciadas en diciembre pasado en el cementerio de Dabeiba, en donde hasta el momento se han encontrado 17 cuerpos.

Las versiones que tendrán que rendir los ex integrantes de las Farc, como Ómar Restrepo y otros, fueron ordenadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) de la JEP, con el objetivo además de establecer posibles sitios de inhumación de personas dadas por desaparecidas en el área de influencia del proyecto Hidroituango y verificar su grado de riesgo y la necesidad de adoptar medidas cautelares tendientes a proteger dichos lugares y permitir la recuperación de los cuerpos y su identificación en los casos en los que esto sea posible.

La decisión adoptada por la JEP está relacionada con la solicitud de medidas cautelares en 16 lugares del país que hizo el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), una vez se supo de la fosa común hallada en el  municipio de Dabeiba.

La SARV había ordenado al Partido Farc y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) la remisión de la información en su poder sobre personas en esta condición en los 12 municipios del área de influencia del proyecto Hidroituango.

Posteriormente, el Partido Farc y la UBPD fueron convocados a una audiencia pública en Medellín los días 8 y 9 de octubre de 2019 en la que se ordenó continuar con la recolección de información que permita avanzar en la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas en la zona.

La citación a la decena de exintegrantes de Farc, que ya por su condición de haber tenido mando u operado en el área de influencia del proyecto Hidroituango, podrían saber qué pasó con los cientos de desaparecidos en esta zona del país, se da porque los convocados se encuentran sometidos a un régimen de condicionalidad que les impone, entre otras obligaciones, las de aportar verdad plena y contribuir a la reparación de las víctimas.

No hay cifras únicas sobre los desaparecidos en los 12 municipios del área de influencia de Hidroituango, aunque se reportaron más de 950 casos, de los cuales 667 corresponderían a Briceño, Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo y Valdivia.

En el caso de los 17 cuerpos encontrados en el cementerio de Dabeiba, ONG defensoras de derechos humanos dicen que se podría tratar de ‘falsos positivos’ de la Fuerza Pública.

Cifras inciertas

En el  acuerdo de paz que suscribió el anterior gobierno con las Farc se contempla la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a través de la cual se pretende responder a la necesidad de las víctimas de saber qué sucedió con su ser querido en el marco del conflicto armado.

La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, indicó a EL NUEVO SIGLO que “hemos recibido durante este año de funcionamiento alrededor de 4.000 solicitudes de búsqueda que han provenido de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos”.

Añadió que la otra fuente de solicitudes llegó directamente de las víctimas a la Unidad o a través de alguna organización o representante que tenían. “La otra fuente son requerimientos que nos hicieron entidades como juzgados de tierras, luego de haber establecido una restitución de tierras y por el relato del despojo concluyeron que hubo desaparición de personas”, dijo.

Monzón dijo que por el momento no hay una estadística cierta sobre el número de desaparecidos en Colombia, “estamos consolidando las cifras porque las que existen en distintas instituciones, en Medicina Legal, Fiscalía General de la Nación, Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad de Víctimas, responden a la misionalidad de cada una de esas instituciones”.

No obstante, la funcionaria destacó que “para nosotros, las cifras que plantea el Centro Nacional de Memoria son el referente más cierto y más comprensivo. Esas cifras hablan de al menos 120.000 personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Diferenciando cerca de 82.000 personas desaparecidas forzadamente, más o menos 30.000 personas secuestradas y más o menos 17.000 personas reclutadas ilícitamente”, explicó la directora de la Ubpd.