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A pesar de que el Gobierno nacional, la Alcaldía de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades habían solicitado un plazo de 60 días para presentar los protocolos que les permitan controlar posibles enfrentamientos entre la Fuerza Pública y ciudadanos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acortó ese término a diez días.
Esto, para que las nuevas disposiciones se apliquen en las manifestaciones del anunciado paro nacional previsto por las centrales obreras para el 21 de este mes.
En este sentido, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al amparar los derechos fundamentales a la vida, la libertad de expresión y a manifestarse públicamente en las protestas sociales de los accionantes.
La Corporación ordenó al presidente, Iván Duque; al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y al director de la Policía, general Óscar Atehortúa, que “procedan a la elaboración de un protocolo que a corto plazo incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses”.
El fallo otorga un plazo de diez días hábiles para la entrega del documento, con los protocolos, a la mesa de trabajo que desde hace algunos días se conformó con este propósito.
Según la decisión, el “documento en todo caso deberán entregarlo al Tribunal antes de la realización de la primera próxima protesta que se autorice llevar a cabo”.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reaccionó sobre el particular. “Hemos recibido y leído el nuevo fallo de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en relación con las protestas sociales y con la necesidad de que tomemos medidas de corto, mediano y largo plazo para superar la situación de tensión social y también de infiltraciones violentas en las marchas y de abusos de la Fuerza Pública”.
Añadió que hay “total disposición” de su administración para trabajar como ordena la decisión “de la mano del Gobierno nacional para que encontremos dos cosas que nos ordenan expresamente: por un lado un protocolo que garantice la protesta social pacífica y que evite o sancione eficazmente tanto la infiltración violenta en la protesta como los abusos que puedan darse por parte de la Fuerza Pública. Y de otro lado nos da la instrucción también de que trabajemos en las medidas de corto, mediano y largo plazo”.
El Distrito propuso, en materia de acciones preventivas, la creación de una subcomisión técnica, de carácter permanente, que le haga seguimiento a la aplicación del protocolo, como complemento a la Mesa de Seguimiento a la Garantía de la Protesta.
Entre las propuestas está la creación de un equipo de diálogo mixto, conformado por gestores de Diálogo Social de la Secretaría de Gobierno y de convivencia, así como miembros de la Policía quienes trabajarán en la etapa de diálogo del protocolo, privilegiando la salida pacífica en las manifestaciones.
Por otra parte, con esta propuesta se propondrá un protocolo que garantice la debida conducción de las personas que sean trasladadas por protección durante una manifestación. Así mismo, se propone revisar las armas de baja letalidad que dispone la Policía para limitar su uso y determinar cuáles de ellas se pueden prohibir en la ciudad.
Fallo de la Corte Suprema
El mes pasado, tras los desórdenes en Bogotá que dejaron 13 personas muertas y decenas de ciudadanos y policías heridos, la Corte Suprema produjo la Sentencia STC7641, en la cual resuelve que el Esmad y otros miembros de la Fuerza Pública deben abstenerse de usar represalias desmedidas sobre la legítima protesta.
En la sentencia, la Corte ordena al Gobierno conformar una mesa de trabajo para reestructurar las directrices “relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas”. Esto con el objetivo de prevenir la intervención arbitraria de la Fuerza Pública, la estigmatización de los marchantes, el uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y químicos, las detenciones ilegales, además de los ataques contra la libertad de expresión y de prensa.