El Chocó sigue en una crisis humanitaria que no cesa cuando se levantan los paros armados, dijo la gobernadora Nubia Córdoba al conocerse el anuncio del Eln de que pondrá fin desde las 6:00 am de hoy a esta acción que comenzó el pasado 11 de agosto y que ha confinado a más de 50 mil personas.

De igual forma, representantes de la Iglesia católica y la Procuraduría con los que habló EL NUEVO SIGLO manifestaron su preocupación por la difícil situación de orden público en este departamento y los efectos en su población.

“Reiteramos la necesidad de que la voluntad de paz se evidencie en el no constreñimiento de la ciudadanía, que ha servido como escudo humano a los intereses de la guerra. El respeto a los derechos comunitarios por parte de los alzados en armas es la única acción de voluntad de paz que puede tener credibilidad”, expresó la gobernadora Córdoba.

De igual manera, la mandataria departamental solicitó “al Gobierno nacional el avance en la intervención humanitaria anunciada y el apoyo en la transición económica de la región para garantizar dignidad y acceso a servicios. El departamento continúa en una crisis humanitaria que no cesa cuando se levantan los ‘paros’, pues la confrontación de los grupos al margen de la ley en la disputa por el territorio es permanente y extensiva a las cinco subregiones del Chocó. Nuestro anhelo de paz continúa, pero de la mano de la presencia estatal y la transformación del territorio”.

Se pronuncia la Iglesia

El Eln, a pesar de que desde noviembre de 2022 sostiene una mesa de negociación con el Gobierno, ha realizado cuatro paros armados en el Chocó, el que finalizaría hoy argumentando que es por la guerra que libra con el Clan del Golfo en este territorio.

Monseñor Mario de Jesús Álvarez, obispo de la Diócesis de Istmina, dijo que “este paro armado hace parte de un número de acciones iguales que realmente ya tienen asfixiadas a todas estas comunidades aquí en el Medio San Juan, comunidades de Nóvita, Sipí, del Medio San Juan, de Istmina y del litoral de San Juan”.

Por ello, el prelado urgió “al Gobierno nacional y al Eln que hagan efectivas realmente todas las decisiones que se van tomando en la mesa de diálogo, y que en procesos como estos necesariamente hay que ceder, de una parte y de la otra; hay que buscar ganar unos y otros, pero también perder unos y otros, porque están de por medio estas comunidades”. 

El obispo de Istmina dijo, sobre cómo ha impactado este paro armado a la población, que “el dolor no se puede narrar, es un sufrimiento que realmente parte el corazón mirar tantas personas en estas condiciones, confinadas, desplazadas; niños, jóvenes, adultos, ancianos, sin atención médica, sin educación, sin alimentos. Entonces es un llamado por enésima vez para que por favor se reanude ese cese al fuego y estas comunidades puedan respirar esa tan ansiada paz por la que todos estamos trabajando”.

Agregó que el papa Francisco está enterado de la difícil situación por la que atraviesa el Chocó. “Del Vaticano me han llamado, están enterados. Allí hay un dicasterio del desarrollo humano integral y se van enterando de toda esta realidad, y de ese dicasterio me han llamado, me han alentado para continuar con esa compañía a las comunidades con una voz profética que no quiere alimentar la confrontación, no a la violencia, sino el llamado al diálogo”.

A su turno, el obispo de Quibdó, Winston Mosquera Moreno, explicó que “la situación del departamento en estos momentos es bastante crítica, muy difícil por el orden público que se está viviendo en toda la región por los grupos alzados en armas que se disputan esta región”.

El Obispo de Quibdó pidió al Gobierno nacional y el departamental que “no dejen solo al departamento, no dejen solos a los municipios, no dejen solas a las autoridades civiles que están en el territorio intentando siempre mediar y acompañar a estas comunidades”.

En tanto que el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, dijo que “el llamado que hemos hecho desde el ente de control es a que las autoridades retomen el control y el orden público en esa jurisdicción, para que los ciudadanos puedan tener su libertad de locomoción y garantizarles sus derechos”.

Sarmiento indicó que el confinamiento de la población afecta “varias cosas, una por supuesto es la salud con el suministro de medicamentos y de poder practicar algunos procedimientos y citas médicas. Por otra parte, también lo que es la seguridad alimentaria, al no poder llegar el abastecimiento de los alimentos a toda esa zona del departamento del Chocó, lo cual sin duda alguna puede generar múltiples afectaciones a la vida de los pobladores”. 

El procurador delegado para los Derechos Humanos hizo un llamado al Gobierno nacional a “fortalecer la presencia institucional y no solo en Fuerzas Militares, que es lo que todo el mundo tal vez reclama, sino también con la presencia de otras instituciones de asistencia humanitaria para que se ayude a estas personas. Las que ya han sido víctimas, que inicien la ruta, que sean registradas por la Unidad de Víctimas para que de esta manera puedan acceder a las ayudas y a los beneficios que tiene previstos la ley”.

El funcionario indicó que la confrontación armada entre grupos criminales que se vive en el Chocó, al igual que en otros departamentos, como Arauca y Cauca, es “para obtener ese territorio, pero también todas las rentas criminales que se derivan de este tipo de control territorial: rentas de minería ilegal, del narcotráfico, del contrabando. Entonces todo esto sin duda va en contra de las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; el ataque contra la población civil, se está aprovechando también los flujos migratorios, para instrumentalizar a estas personas. Y una de las primeras conclusiones es que es evidente que hay una debilidad en la respuesta institucional”. 

Ha sido recurrente este accionar

El Eln se ha ensañado con el Chocó en hacer paros armados, pues en este gobierno ha realizado cuatro por varios días, sin importar la afectación que ello produce en la población. 

La primera de estas acciones en el actual gobierno la realizó el Eln en diciembre de 2022, pese a que recién comenzaban las negociaciones con la administración Petro.

Luego, en agosto de 2023, el Eln volvió a decretar un paro armado en este departamento, ignorando el cese al fuego al que se había comprometido.

El grupo armado en este año ha realizado dos de estas acciones, la primera en febrero pasado y la segunda la que arrancó el 11 de agosto anterior y que según dijo levantará hoy.