Esperan que una ‘opinión consultiva’ de la Corte Internacional de Justicia obligue a los próximos gobiernos colombianos a cumplir lo pactado.
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Pedirle a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una ‘opinión consultiva’ les solicitó el partido Farc al Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, de tal manera que los próximos gobiernos colombianos queden obligados a cumplir lo pactado.
En un comunicado difundido este viernes, la Farc anunció que está gestionando ante Naciones Unidas un pedido para que la justicia internacional convierta en mandato los convenios, ante las amenazas de varios candidatos presidenciales de desconocerlos o modificarlos.
"Son los futuros gobernantes e instituciones que serán elegidos en las próximas citas electorales quienes deben ser conscientes de que deben asumir el cumplimiento e implementación del acuerdo como una obligación del Estado colombiano", afirmó la Farc.
La Farc precisó que envió un escrito a las altas instancias de la ONU, que apoyó y verificó el proceso, para que a su vez interceda ante la CIJ.
"Entendemos que la Corte emitirá concepto declarando que el cumplimiento e implementación, de manera fiel, del acuerdo final es una obligación del Estado colombiano, conforme al Derecho Internacional, que alcanza a cualquier administración colombiana, incluida la Presidencia y el Congreso", indicó.
En caso de prosperar en sus intenciones, los gobiernos elegidos hasta 2030 deberán acogerse a los compromisos de paz.
#Comunicado || @FARC_EPueblo solicito opinión consultiva a @ONU_es para que futuros gobiernos asuman el cumplimiento e implementación del acuerdo como una obligación del Estado colombiano. pic.twitter.com/lZjcEJKqnC
— FARC Bogotá (@farc_bogota) 2 de marzo de 2018
Suscrito a finales de 2016, el pacto garantiza el ejercicio político de los excombatientes y prevé fórmulas de justicia para las víctimas del prolongado conflicto, en el que también participaron fuerzas del Estado y grupos paramilitares.
Los guerrilleros acusados de delitos atroces podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a no ejercer la violencia nunca más.
Sectores de derecha encabezados por el senador Álvaro Uribe, líder natural del partido Centro Democrático, cuestionan el acuerdo por considerarlo demasiado indulgente con guerrilleros involucrados en violaciones a los derechos humanos.
De cara a las legislativas del 11 de marzo y las presidenciales del 27 de mayo, varios aspirantes han prometido que modificarán lo pactado, en busca de que los exguerrilleros paguen por sus crímenes antes de ocupar puestos públicos.
El acuerdo garantiza a la Farc 10 de los 268 escaños del Congreso por diez años.